Relator de la ONU aboga por fortalecer la justicia y su independencia

Tegucigalpa – El Informe-País presentado por el relator para la independencia de jueces y abogados de la ONU, analiza los desafíos de la justicia hondureña y de sus operadores y aboga por que concluya en Honduras las prácticas que no favorecen la independencia de los jueces y de los que puedan ser seleccionados para ejercer su función.

El relator, Diego García-Sayán, presentó su informe en el 44 período de sesiones de Naciones Unidas sostenido del 15 de junio al 3 de julio, y en él señala que la pobreza extrema, la discriminación, la desigualdad, la violencia y la inseguridad, la corrupción generalizada y el alto nivel de impunidad siguen siendo algunos de los principales problemas de Honduras, pero se han logrado algunos progresos, en particular en lo que respecta a la reducción de la tasa de homicidios.

“No obstante, en términos generales, la incapacidad de las autoridades estatales para hacer frente adecuadamente a esos problemas ha generado un profundo descontento y falta de confianza en la clase política y las instituciones del Estado, lo que también afecta al poder judicial”, destaca el informe del relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Honduras reunion karla cuevas17 de agosto de 2019. Reunión con la Ministra Karla Cueva del Departamento de Derechos Humanos de Honduras. Foto: Departamento de Derechos Humanos de Honduras.

“La labor realizada para fortalecer la independencia y la eficacia del sistema de justicia no ha repercutido significativamente en el aumento del acceso a la justicia y la lucha contra la impunidad. La falta de financiación y de capacitación del personal, y la ineficacia, se traducen en prolongados procedimientos judiciales y una acumulación de causas”, destaca el reporte sobre el país presentado por el relator.

En el mismo, también se resalta que “la injerencia política y de otros tipos y la presión de los agentes no estatales, junto con los bajos salarios, son la causa del alto nivel de corrupción judicial, ya que suelen ofrecerse sobornos y pagos irregulares a cambio de resoluciones judiciales favorables”.

Corrupción lacerante

17 de agosto de 2019. Reunión con el presidente de la Corte Suprema de Honduras, Rolando Argueta. Foto: Corte Suprema de Honduras.

La falta de independencia del poder es una de las líneas desarrolladas ampliamente por el relator García-Sayán, haciendo hincapié en que la corrupción sigue siendo una gran amenaza para la estabilidad y el funcionamiento adecuado de las instituciones, que son obstáculos para mantener la competitividad del país y afectan la inversión. Las redes de influencia y clientelismo y la delincuencia organizada dominan la sociedad y varios sectores de la economía. La corrupción ha tenido un efecto particularmente negativo, que se ve agravado por la impunidad que ha seguido a la revelación de los casos más notorios en los que están involucrados políticos y autoridades de alto rango, asevera el informe del relator presentado a las Naciones Unidas.

El Relator Especial de la ONU sobre la independencia de los magistrados y abogados, vino al país en visita oficial del 16 al 22 de agosto de 2019 y en ella sostuvo numerosas reuniones con funcionarios estatales, de gobierno, poderes del Estado, Fiscalía General, organismos de sociedad civil, humanitarios, jueces, magistrados, abogados, entre otros, para conocer la situación del país y ofrecer su visión y recomendaciones en el informe para contribuir a acciones futuras relacionadas con el fortalecimiento institucional, la democracia y la independencia del sector justicia y de sus operadores.

Calderon.Honduras18 de agosto de 2019. Reuníon con la Jefa Interina de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), Ana María Calderón.

El informe señala que, si bien se han hecho esfuerzos en la lucha contra la corrupción, lamentó la salida de la MACCIH y dijo que la impunidad sigue siendo generalizada en Honduras, “especialmente en los casos en que están involucrados políticos y autoridades de alto rango. Según datos recientes, la tasa de impunidad en Honduras sigue superando el 90% y más del 97% de los delitos contra los defensores de los derechos humanos quedan impunes. Asimismo, los delitos presuntamente cometidos por agentes del Estado también registran un alto grado de impunidad”.

Esta impunidad es cuestionada por los sectores sociales, humanitarios y empresariales, señala el informe del relator, quien subraya que los problemas estructurales que afectan a la independencia e imparcialidad de las cortes y los juzgados nacionales no solo requiere recursos financieros adicionales, sino también, y ante todo, la firme voluntad política de reforzar la independencia del poder judicial, mejorar las condiciones de servicio de los operadores de justicia y aumentar el nivel de protección de los jueces en situación de riesgo.

Una de las falencias que incide en la independencia del poder judicial, la disolución del Consejo de la Judicatura, afirma el informe del relator especial, pues asegura que ese vacío legal, “resucitó” el decreto 282-2010 relativo a las facultades para seleccionar, nombrar y destituir jueces, magistrados y personal administrativo y para dirigir y supervisar el poder judicial en su conjunto.

En su informe el relator de la ONU destaca su preocupación por los casos de corrupción que presentó el Ministerio Público acuerpado por la desaparecida MACCIH.

Honduras 1 1145x70017 de agosto de 2019. Reunión con el presidente de la Corte Suprema de Honduras, Rolando Argueta. Foto: Corte Suprema de Honduras.

El relator lamenta que, hasta la fecha, ninguno de los casos de corrupción presentados haya dado lugar a la imposición de sanciones penales a los presuntos autores de los delitos.

Finalmente, entre sus recomendaciones destaca la necesidad que se apruebe a la brevedad la nueva ley del Consejo de la Judicatura, el respeto entre todas las instituciones por la independencia de poderes, garantizar la estabilidad y protección de los jueces y magistrados, así como otros operadores de justicia, así como derogar de las leyes penales las figuras que favorecen la corrupción y la delincuencia organizada, entre otros.

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