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Reivindicación del Estado de Derecho con la dignidad humana como su fin supremo

Dr. H. Roberto Herrera Cáceres

Del libro “De la Democracia en América”, recordamos a su autor Alexis de Tocqueville, al señalar, con respecto al origen e inicio de la democracia, que: “los jefes de Estado no han pensado jamás preparar algo de antemano; ella se ha hecho a pesar de ellos y sin su conocimiento. Las clases más poderosas, las más inteligentes y las más morales de la nación no han buscado apoderarse de ella, a fin de dirigirla. La democracia, en consecuencia, ha sido abandonada a sus instintos salvajes; ella ha crecido como esos niños privados de cuidados paternales, que se educan ellos mismos en las calles de nuestras ciudades y que no conocen de la sociedad más que sus vicios y sus miserias. Parecía ignorarse todavía su existencia, cuando ella se apoderó imprevistamente del poder. Cada uno se sometió entonces, con servilismo, a sus mejores deseos; se le adoró como la imagen de la fuerza; cuando enseguida ella se debilitó por sus propios excesos, los legisladores concibieron el proyecto imprudente de destruirla en lugar de buscar iluminarla y corregirla, y sin querer enseñarle a gobernar, ellos solo pensaron en alejarla del gobierno”-

Ese señalamiento es aún aplicable a la realidad actual, en Honduras. Por ello, desde hace cerca de veintiún años de este siglo, experimentamos, la embestida de males públicos que se han históricamente generado, debido a la irresponsabilidad y arbitrariedad de gobiernos, y a una sociedad resignada y tolerante.

Esos males públicos han sido provocados por seres humanos y son amenazas constantes a nuestra seguridad humana, agravadas por la falta de la debida prevención, atención y control de desastres ante recurrentes fenómenos naturales, en Honduras.

Esa situación ha sido posibilitada por habernos desviado del cauce original del auténtico Estado constitucional de Derecho y su fin supremo que es resguardar la dignidad humana de todas y todos los habitantes.

En seguimiento de mis constantes investigaciones, estudios, libros, ensayos y artículos sobre esa situación jurídica y social, en las últimas tres décadas, y a la actualización de ese conocimiento por la mayor cercanía que tuve con la realidad de vida de las comunidades departamentales y municipales, durante el período 2014 – 2020 en el cual desempeñé la función de Defensor estatal del Pueblo: decidí aceptar la  invitación para participar en una videoconferencia, moderada desde España, en homenaje a la Comisión de Venecia y sus 30 años de trabajo sobre la democracia constitucional. 

En esa reunión, formulé, en términos generales, el planteamiento de esa situación, buscando extraer, de la inteligencia colectiva, elementos que pudiesen impulsar la democracia efectiva. Expresé que, en Honduras y en otros países centroamericanos y latinoamericanos, hemos seguido la modalidad de Estados formalmente más avanzados que el Estado democrático tradicional, al haber adoptado una organización política social cristalizada en una estructura jurídica constitucional que somete el funcionamiento del Estado y de la sociedad al fin supremo de la protección, el respeto y la defensa de la dignidad humana de  los habitantes; y que asume el ejercicio de la democracia integral como la base de la efectividad de ese estado de derecho y régimen constitucional, con el progresivo cumplimiento de todos los derechos humanos que dimanan de la dignidad humana. Pregunté, en resumen, por parámetros internacionales y buenas prácticas, al respecto.

Se respondió cortésmente, reconociendo la distinción entre el tradicional Estado democrático de Derecho y el evolucionado Estado social de Derecho; y concluyendo en que no hay doctrina significativa, al respecto. Nuestro deber, en consecuencia, desde el continente americano, es formarla y ordenar las opiniones y prácticas conducentes.

En esa dirección doctrinaria y de experiencias democráticas innovadoras,   un primer aporte, desde Honduras, es el proceso concreto, en curso, del movimiento democrático de cambio social en un número significativo de comunidades municipales y autoridades locales que están siendo más conscientes de sus derechos y deberes así como de sus responsabilidades, como ejemplo de buenas prácticas de cultura democrática y derechos humanos, orientadas a reivindicar, desde la base municipal, el original Estado democrático constitucional, con finalidad social.

En virtud de ello, como ciudadano hondureño y ciudadano del mundo, hago un fraternal llamamiento a la solidaridad democrática con esos “Municipios de Bienestar Solidario” que orientan su funcionamiento hacia el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas.

Solidaridad democrática de la comunidad nacional: para que persevere en la consolidación de ese ejemplo de buenas prácticas de cultura democrática y derechos humanos, desde lo local; y para que se recuerde siempre – con especial cuidado en los procesos electorales y al momento de ejercer el derecho de elegir o ser electo – que la democracia es un derecho fundamental del ciudadano y la ciudadana, familia y comunidad, para resguardar y promover la dignidad humana, la justicia social, el desarrollo sostenible, la cohesión y paz social; y que quienes aspiran a  dirigir y servir al pueblo deben tener la capacidad e integridad para hacer posible el logro de esos propósitos y objetivos democráticos.

Solidaridad democrática de la comunidad internacional: para que apoye directa y complementariamente, a esas y otras comunidades municipales hondureñas, en el proceso de consolidar su democratización constitucional, desde abajo, con la buena gobernanza y la buena y activa ciudadanía que actúa unida por lazos solidarios en afirmación de su autodeterminación por su seguridad humana y desarrollo local integral, en el ámbito de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

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