Para que la autoridad pueda cumplir con su función eficientemente, es necesario que sus variados componentes trabajen juntos (les designaremos por letras para facilitar el análisis). Esto incluye la capacidad de normar (A), la responsabilidad ante la ciudadanía (B) y la capacidad de obligar cumplimiento (C). Los tres deben residir en la misma entidad (cuando sea posible), ya que la ausencia de cualquiera de los tres elementos hace difícil o ineficiente cumplir con la función.
El caso del manejo del tránsito y transporte público en nuestras ciudades cae en esta categoría. En el caso del manejo del tráfico y circulación vial, (A) y (B) residen en la Alcaldía Municipal y (C) en la Policía Nacional, a través de la Dirección de Transito. En el caso del transporte público, es más fragmentado aún, ya que (A) reside en el Gobierno Central a través del instituto de transporte.
Esto resulta en una ineficiencia manifiesta donde quien tiene la responsabilidad no hace o certifica las reglas y no tiene la capacidad de hacer cumplir la ley. Resulta de esto entonces la arbitrariedad, duplicidad de funciones, burocracia excesiva y otros males derivados de esta falla estructural. Ninguna reforma o refuerzo de las capacidades o la forma de estas instituciones dará el resultado esperado sin atacar este problema.
Para resolver este problema, la operatividad de la policía de tránsito debe pasar a las Alcaldías Municipales. La Dirección Nacional de Tránsito podría ser siempre el ente regulador, y el personal y escalafón de esta institución pueden continuar perteneciendo a ella. La operación en sí debe depender de la Alcaldía para asegurar que se cumplan las normas municipales. Las funciones que actualmente tiene la Policía Municipal pueden ser desempeñadas por miembros activos de la Policía Nacional, con todo el respeto y capacidad que esto inspira.
El manejo de la operatividad puede ser definido con reglas claras en el marco legal. Existe experiencia, especialmente en las Fuerzas Armadas (que fueron el antecesor histórico de la actual Policía Nacional), de ejecutar diferentes actividades de interés nacional operando bajo un marco legal con otra institución. No sería recomendable repetir experiencias pasadas de desechar capacidades ya establecidas, resultando en costos mayores y pérdida de eficiencia.
En el caso del manejo del transporte público, el problema es más urgente y la solución es más clara también. A diferencia del caso de la Policía Nacional, los permisos de operar taxis y buses y su forma de controlarlos no dependen de una función constitucional delegada al gobierno central, ni un desafío de seguridad nacional. Por tanto, lo que tenga aplicabilidad en un solo término municipal puede ser manejado por la autoridad local competente. El estado quedaría a cargo de crear los marcos legales y supervisar la operación.
La municipalización debe ir acompañada de la simplificación. Los avances en la tecnología tienen un efecto potencial importante en mejorar el servicio a los usuarios. Idealmente, se pueden integrar los sistemas existentes para mejorar el servicio, pero en ausencia de esto igualmente continuará la marcha del progreso. Por tanto, conviene aprovechar la coyuntura para que, incorporando los operadores actuales, se elimine al máximo la burocracia y el secreto en estos procesos. Se pueden replicar soluciones a muchas de las tareas que hace el gobierno que se han ido volviendo más transparentes y ordenadas (pagos a la SAR, emisión de pasaportes, etc.), donde todos los trámites sean en línea y públicos.
La dinámica del transporte en las ciudades se vuelve cada vez más compleja. A medida que pase el tiempo se volverá más complicado hacer esta transición necesaria. Por tanto, urge una discusión nacional para estructurar la corrección de estos problemas.
