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Registran medio centenar de muertes violentas en el Bajo Aguán

Tegucigalpa – Un informe del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), revela el escandaloso deceso de 50 personas en forma violenta en los dos últimos años, como parte del conflicto que se vive en el Bajo Aguán, Caribe de Honduras.
 


– La intervención de distritos policiales se ha traducido en la reducción de hechos delictivos, por lo que las autoridades de una u otra manera han aceptado la colusión de elementos policiales con bandas de criminales.


El documento que relata la situación de los derechos humanos en el país, detalla que de diciembre de 2009 a diciembre de 2011 han muerto en circunstancias violentas alrededor de 25 campesinos, 15 guardias de seguridad, dos policías, un soldado, un gerente de la empresa y seis particulares.

Sólo en el 2011, se reportaron 20 hechos violentos que dejaron como saldo, al menos, 30 muertos entre campesinos, dirigentes campesinos, guardias de seguridad, policías, soldados, un gerente administrativo y personas particulares, con el denominador común que en su totalidad, las personas perdieron su vida víctimas de las armas de fuego.

Producto de esos actos de violencia también resultaron heridas más de 30 personas entre campesinos, guardias de seguridad, soldados, policías y personas particulares.

El último ataque a efectivos militares

El propio presidente hondureño Porfirio Lobo, ha asegurado este martes que la emboscada de la que fueron objeto cinco miembros de las Fuerzas Armadas el lunes por la tarde en la zona del Bajo Aguán, fue provocada por una banda de delincuentes que opera entre los departamentos de Olancho y Colón.

El ataque a los militares ocurrió en la víspera de las 5:00 de la tarde del lunes, cuando integrantes de la Fuerza de Tarea Xatruch II, se trasladaban en un transporte militar por la conflictiva región del Bajo Aguán, Colón.

Los soldados heridos fueron identificados como el sargento II Carlos Orlando Campos, sargento raso Rony Abel Briceño Pérez y los soldados Roberto Nahúm Mencía, Luis Alfredo Veliz Padilla y Ovidio Ávila Chirinos, pertenecientes al 15 y 16 Batallón de Infantería, según detalló el viceministro de Defensa, Juan Carlos Fúnez, quien aseveró que los uniformados se encuentran fuera de peligro.

“Esos no son campesinos, definitivamente que no, eso no tiene nada que ver con el conflicto agrario, esa misma banda, creo que es la que andaba por San Francisco de La Paz, entre Olancho y la zona de Colón”, aseveró Lobo Sosa.

Desde el inicio de la actual administración se ha mencionado que en la región del Aguán operan grupos irregulares, pero este extremo no se ha confirmado.

Intervención de distritos policiales

La secretaría de Seguridad ha procedido a intervenir varios distritos policiales en el país, siendo los más destacados: Tegucigalpa, Olancho, Tela y recientemente La Ceiba, de donde se relevaron unos 100 elementos del orden.

Según versiones de las autoridades policiales, las intervenciones han dado al traste con la reducción de hechos delictivos, por lo que tácitamente han aceptado que muchos efectivos policiales han estado coludidos con bandas del crimen organizado.

También se ha conocido que el próximos días, otros distritos policiales del país estarían siendo intervenidos a solicitud de la Comisión de Reforma a la Seguridad Pública (CRSP).

También hay desaparecidos

El informe del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos también establece la desaparición de campesinos y guardias de seguridad en la zona del Aguán.

El documento se remite al 20 de abril de 2011, fecha en la que fueron llevados por desconocidos armados los campesinos Carlos Acosta Canales y Darin Daniel García Enamorado, mientras pescaban en el río de la Finca “El Mocho”, quienes fueron encontrados asesinados tres días después.

El 26 de mayo del 2011, los campesinos de la Finca El Despertar, Segundo Gómez y Olvin Omar Gallegos, fueron vistos por última vez en la Finca El Mocho, al parecer las víctimas continúan desaparecidas.

Ambos delitos, según el informe, fueron cometidos por hombres que se desplazaban en un vehículo con las mismas características supuestamente utilizado en otras agresiones, el mismo tipo de armas y gozando de la misma impunidad por parte de todas las autoridades competentes.

Estos no son los únicos hechos delictivos, establece el informe, no obstante, aclara, que son los delitos sobre los cuales el Conadeh tiene testimonios suficientes para sospechar que allí se ha venido practicando la violencia en contra de los campesinos, con la tolerancia de las autoridades.

Otro hecho lamentable se registró el 4 de junio, luego que un guardia de seguridad plenamente identificado murió en forma violenta, en la finca La Trinidad, bajo el ataque de unos 60 campesinos fuertemente armados con AK 47, razón por la cual los guardias armados con escopetas calibre 12 optaron por retirarse.

Estos son hechos que según el organismo humanitario, prueban la violencia practicada por ambas partes, tolerada igualmente por las diferentes autoridades.

Actualmente, el Conadeh le da seguimiento de oficio o por denuncias a los casos sucedidos mediante el registro de los hechos.

De acuerdo al organismo humanitario, su personal está en la obligación de receptar todas las denuncias ya sea por impunidad, negligencia en la deducción de responsabilidades, investigación de actuaciones o de negligencias en la resolución definitiva y justa de la crisis, por las autoridades competentes.

Participación de poderes del Estado ha sido desafortunada


De acuerdo al informe remitido al Congreso Nacional, el Conadeh percibió, desde un inicio, que la situación de la tenencia de la tierra en el Bajo Aguán, era una crisis que demandaba la atención inmediata de las autoridades concernidas.

De haber ocurrido lo anterior, según el organismo de derechos humanos, se pudo haber prevenido muchas vicisitudes, entre muertes anunciadas, desapariciones, heridos y otras consecuencias de la violencia que ha producido víctimas de todas las partes confrontadas.

Señala que cada poder del Estado ha tenido en su momento una participación más o menos desafortunada, revelando la falta de una política pública del Estado, sustituida por decisiones inapropiadas, actitudes irracionales y hasta demagógicas propias del oportunismo político.

Indicó que las actuaciones del Poder Ejecutivo solamente han generado confusión, entre la población, al poner en práctica su política de nombrar comisiones, abrir y cerrar supuestas negociaciones, improvisar operativos, y otros tantos desaciertos propios del dejar hacer y dejar pasar.

Cuestionó que hasta ahora cada quien se ocupa de echarle la culpa al otro, haciendo sus propias listas de víctimas, lo cual encubre la realidad, pero no la cambia.


Pleitos por tierras

La Reforma Agraria, en Honduras, fue iniciada en los años sesenta del siglo XX, con la aprobación de una ley que, según el Conadeh, nunca fue reglamentada, ni se crearon los tribunales agrarios ni otros órganos de ejecución, predominando más el pleito por la tenencia de la tierra.

El artículo 344 constitucional establece que “La Reforma Agraria es un proceso integral y un instrumento de transformación de la estructura agraria del país, destinado a sustituir el latifundio y el minifundio por un sistema de propiedad, tenencia y explotación de la tierra que garantice la justicia social en el campo y aumente la producción y la productividad del sector agropecuario”.

El fracaso que llevó al desprestigio de la reforma agraria, fue invocado años más tarde, para “sepultarla” a inicios de los años 90, con la creación de la Ley para la Modernización y el Desarrollo del Sector Agrícola.

Parte de ese final ignominioso, según el Conadeh, fue la venta ilegal e inconstitucional de las tierras afectadas por la reforma agraria, excluidas por ley del mercado de tierras.

Uno de los casos más escandalosos señala el documento fue la venta de la Empresa Asociativa Campesina de Isletas (EACI), que resultó en una reconstitución del latifundio, con la diferencia que parte del mismo se ha convertido en unidades de producción y sostén de una agroindustria altamente tecnificada que contribuye al soporte de la economía nacional.

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