Tegucigalpa – Al menos 32 mil 349 quejas de la población atendió el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), en los tres primeros años de gestión del presidente Porfirio Lobo (2010/2012), reveló un informe divulgado este día por el ente estatal.
 

El informe establece que entre las instituciones más denunciadas por violentar los derechos humanos, durante ese período, figuran las secretarías de Seguridad, Educación y Salud, los juzgados y tribunales, las alcaldías municipales, los centros penales, el Ministerio Público, la Defensa Pública y la Corte Suprema de Justicia, entre otros.

De acuerdo al Conadeh, la cifra de quejas atendidas en los tres primeros años de gestión de Porfirio Lobo representa el 29% del total registrado desde 2002.

80% de las quejas son contra diversas
instancias del Poder Ejecutivo

El documento hace énfasis que, en 2012, el Conadeh atendió a nivel nacional 10 mil 998 quejas de diversos sectores de la sociedad, víctimas que responsabilizan a diferentes autoridades gubernamentales y estatales de poner en riesgo y violentar sus derechos humanos.

En el desglose de los casos se establece que 5 mil 361 quejas fueron presentadas por las víctimas contra autoridades gubernamentales y estatales, 2 mil 655 contra instituciones descentralizadas y las que prestan servicios públicos, además atendió y dio orientaciones a 2 mil 955 personas y a 27 que se quejaron por ver amenazados sus derechos políticos

Del total de quejas atendidas por el organismo humanitario, 10 mil 310 fueron concluidas mientras que 580 quedaron en proceso de investigación y 108 pendientes de resolución judicial, establece el informe.

El Comisionado de los Derechos Humanos, Ramón Custodio, considera que lo importante para el Conadeh es restituirle el derecho violentado a la víctima en el menor tiempo posible.

Explicó que después de cada queja se realiza un trámite legal previamente establecido en su Ley Orgánica y Reglamento, sin embargo, algunas no se concluyen porque ya no depende de la institución sino de otras que intervienen en el proceso de investigación.

Según se detalla en el documento, de 5 mil 183 quejas atendidas en 2012, el Poder Ejecutivo, a través de sus diferentes instancias, es el más denunciado ante el Conadeh a nivel nacional con el 80.4%, seguido por el Poder Judicial con el 16.3%, instituciones descentralizadas el 3.1% y contra el Poder Legislativo el 0.2%.

En el marco de la celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos, el Conadeh hizo un análisis de la situación que se vive en el país y determinó que la inseguridad, la impunidad y la corrupción son los males que afectan a la sociedad, lo que impide el avance hacia un verdadero Estado de Derecho en Honduras.

El organismo humanitario considera que en el país persiste una violencia extrema que resulta de la precariedad de la seguridad pública frente al desafío de la criminalidad común y organizada.

Esta violencia, excesiva en todos los órdenes, según la nueva definición de la salud formulada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), es un mal social que deteriora la salud de todos los habitantes de Honduras, indicó Custodio.

El defensor de los derechos humanos es del criterio que Honduras se ha caracterizado, en los últimos años, por la falta de servicios de salud y educación de calidad así como la falta de acceso a una vivienda digna y a un trabajo.

Aunado a lo anterior, reitero que la inseguridad, la impunidad y la corrupción son parte de los males que enfrenta la sociedad hondureña, situación que impide el avance hacia un verdadero Estado de Derecho.

Declaró que los niveles de violencia y delincuencia alcanzados, en todas sus modalidades y expresiones, amenazan la seguridad de las personas, acaban con las relaciones de convivencia y generan una cultura del temor que inmoviliza a la población.

Agregó que la impunidad crece en la medida que el poder Judicial y los organismos policiales se muestran impotentes para contrarrestarla.

La violencia no sólo atenta contra el derecho a la vida y a la integridad personal, sino que incide en el ejercicio de derechos económicos, sociales y culturales, socava las actividades productivas e inhibe la participación ciudadana, expresó.

Custodio es del criterio que el reto, tanto de las instituciones encargadas de la seguridad pública, como de la sociedad en general, es romper el círculo vicioso que forman la corrupción, la impunidad, la desconfianza, la violencia y la inseguridad.

Una encuesta realizada por el Conadeh determinó que el 80% de las personas que son víctimas de la violencia delincuencial en Honduras no interponen la denuncia ante las autoridades por múltiples causas.

Algunos consideran que es una pérdida de tiempo, otros porque no tenían pruebas, porque los trámites son largos y difíciles, por desconfianza en la autoridad, por miedo al agresor y por miedo a que lo extorsionen.

Además, se estima que 8 de cada diez delitos denunciados quedan en la impunidad por falta de investigación.

En el 2013, la libertad de expresión
estuvo en “alerta permanente”

El defensor del pueblo recordó que durante la administración del presidente Porfirio Lobo hubo un estado de “alerta permanente” ante las constantes amenazas de ponerle “bozales” al pueblo.

El 21 de marzo de 2013, el Comisionado de los Derechos Humanos hizo público un informe especial sobre el ante proyecto de reformas a la Ley Marco del Sector Telecomunicaciones en la que concluía que las mismas eran un atentado contra las garantías a la libertad de prensa y de expresión, privada y comunitaria.

En el análisis, advirtió que el anteproyecto de ley, establecía censura previa, vulneraba los derechos de propiedad privada, posesión de bienes, patrimonio familiar y limitaba, disminuía y tergiversaba el derecho a la libre empresa.

Además, el anteproyecto violentaba 14 artículos constitucionales, la Ley de Emisión del Pensamiento, entraba en contradicción con el Código Civil y violentaba convenios internacionales ratificados por Honduras.