Tegucigalpa – Los efectos del cambio climático ligados al deterioro del medio ambiente y la ausencia de políticas públicas en la gestión del riesgo, tiene también en las redes criminales del narcotráfico, el otro aliado que incide en la devastación del bosque en países como los del Triángulo Norte de Centroamérica.
En los últimos 20 años, tras el desplazamiento de los carteles mexicanos al Triángulo Norte del istmo, en especial Guatemala y Honduras, la región se volvió más que un paso de estupefacientes para convertirse en centro de almacenaje de droga, producción, comercialización, lavado de dinero y otras ramificaciones propias de la criminalidad organizada, entre ellas la depredación del bosque.
En Honduras, regiones como La Mosquita, la cuenca del Patuca, en Olancho, Colón y Atlántida, son corredores codiciados por la narcoactividad para el trasiego de droga, tala ilegal del bosque y lavado de dinero, advierten expertos en la materia.
De acuerdo con los expertos, las regiones de El Petén, en Guatemala y las zonas del litoral atlántico y caribe hondureño, así como Olancho, son parte del corredor de lo que denominan “narco deforestación” que tiene entre sus modalidades la tala ilegal del bosque, el cultivo de palma africana que impacta fuertemente en el cambio climático, la ganadería extensiva y las industrias extractivas.
Estas modalidades identificadas por los expertos hacen presión sobre el bosque y la tierra, redundando en fuertes impactos del cambio climático cuando se producen fenómenos naturales como el reciente paso de los huracanes por estos países como Eta e Iota y posteriores tormentas tropicales como Eta y Iota, aseveran los conocedores. Honduras, es uno de los países más vulnerables al cambio climático donde la tasa anual de deforestación se estima en unas 23,304 hectáreas, según el Instituto de Conservación Forestal (ICF).
“Las presiones contra el narco en México incidieron profundamente en los bosques de Centroamérica”, explica Andrew Davis, director del Programa de Bosques y Gobernanza Territorial de la Fundación Prisma, una instancia especializada en el tema.
“Al analizar los datos de los últimos 20 años, la deforestación es correlativa con la expansión del contrabando y el narcotráfico en Centroamérica, una dinámica que ha sido identificada como una narco deforestación”, explicó Davis a periodistas del Triángulo Norte de Centroamérica en el marco de los Ciclos de Actualización Periodística (CAP).
Los corredores ilícitos
Esa dinámica, dijo, ha sido investigada por expertos en el tema junto a economistas ambientales, al tiempo que mostró imágenes satelitales del avance de la deforestación en importantes zonas de reserva y biodiversidad al largo de fronteras como Guatemala y Honduras.
Ese avance de la narco deforestación se liga a la quema de bosques, pérdida de vegetación, monocultivos de palma africana, negocios ilícitos y lavado de dinero, señaló.
En el caso de Honduras, las imágenes de la devastación del bosque se concentran las zonas de Olancho y la Mosquitia, en tanto en zonas como Yoro la presión ambiental se centra en el monocultivo de palma africana, al igual que en Colón, además de detectarse actividades de negocios para el presunto lavado de dinero.
Los especialistas indican que la penetración de las redes ilícitas de la criminalidad ligadas al narcotráfico en el tema de la deforestación ambiental se vincula, de un lado, a sus ligues con grupos del establecimiento y del ámbito de la seguridad, y de otro haciendo uso de la fuerza en las comunidades donde han escogido asentarse para poder activar en sus movimientos ilícitos.
Los corredores ilícitos hondureños identificados son la cuenca del Río Patuca, Brus Laguna, en La Mosquitia, Olancho, Colón y Yoro. Occidente tampoco está exento de esta actividad irregular.
En el caso de Honduras, una de estas redes identificadas fue el cartel de Los Cachiros que por más de dos décadas operó en las regiones de Colón y Atlántida, el centro de sus actividades, pero con presencia en otras zonas del país, según ha ido mostrando en sus distintos operativos contra la narcoactividad el Ministerio Público.
Esta relación de intercambio con el poder político y del área de la seguridad se vincula al intercambio de favores, ya que las redes criminales buscan protección política y de seguridad, afirma Davis citando al investigador Steve Dudley, de Insight Crime.
Su acercamiento al poder político les permite financiar campañas, obtener licencias, concesiones y contratos, así como ser parte, bajo sociedades de fachada, de megaproyectos que pueden financiar y les sirve para lavar el dinero, se aseguró. El caso de Los Cachiros califica en esa modalidad por su nivel de penetración en la política y la institucionalidad.
El “efecto cucaracha”
La narco-deforestación se produjo a raíz de las necesidades del crimen organizado de encontrar zonas donde puedan operar con determinada libertad, y con bajo perfil. Cuando llegan a un lugar, estima el experto de la Fundación Prisma, “lo transforman por completo y lo adaptan, incluso con violencia, con el fin de cumplir con el propósito de traficar sustancias hacia Estados Unidos. Usan el lavado de dinero, la compra de fincas para trasiego de droga, asesinatos, negocios ilícitos, monocultivo, toda forma parte de una lógica que incide en los ecosistemas y en los cambios en el uso de los suelos”, ejemplificó el experto.
En Guatemala, para el caso, la ganadería extensiva es una de las modalidades que más están usando las redes del narcotráfico para apoderarse de importantes zonas de biodiversidad, siendo las zonas de Alta Verapaz y El Petén, una de sus zonas de dominio. La ganadería extensiva es responsable de la mayor deforestación, afirman los especialistas y estudiosos del tema, en donde la narcoactividad es responsable en parte de esa depredación ambiental.
La narcoactividad ha encontrado en el uso de la ganadería extensiva y las plantaciones de mega cultivos de palma africana, una fuente para poder lavar dinero y controlar territorios, se detalló a los periodistas en el marco de las conferencias del CAP que buscan generar conocimiento sobre la temática ambiental, el cambio climático, las migraciones y las emergencias sanitarias, entre otros aspectos.
La capacidad de las redes criminales y su expansión hacia la región centroamericana ha generado lo que denominan “efecto cucaracha”, una especie de nodos regionales capaces de movilizar enormes cargamentos de sustancias ilícitas en poco tiempo. Si un día necesitan un aserradero, lo activan, mueven los cargamentos a ese lugar. Si otro día sospechan que hay investigaciones en alguna plantación de palma africana, la desactivan, y activan otro servicio para poder continuar con el tráfico de estupefacientes, de esta manera los riesgos se han descentralizado, explicó el especialista de la fundación Prisma.
En Centroamérica, aseguran, los bosques han sido tradicionalmente manejados por los grupos originarios, y estos ahora son objeto de persecución o criminalización por parte de las redes de depredadores del bosque ligados a la criminalidad organizada del narcotráfico. Los pueblos originarios ya no luchan tanto contra las grandes transnacionales o los cortadores ilegales de manera tradicional, su enfrentamiento es contra estas redes que llegan a sus territorios y usan todo tipo de formas para sacarlos de sus tierras, a fin de ejercer el control.
Guatemala es un ejemplo en donde las poblaciones indígenas en la zona de El Petén se ven enfrentadas a estas redes, donde los traficantes incluso han creado sus propias redes armadas, al margen de la ley, o en complacencia con la autoridad.
De ahí que la presencia del crimen organizado y la narco deforestación son también, en parte, responsables de los riesgos y vulnerabilidades que hacen mella en los efectos del cambio climático, volviendo a la región centroamericana y a sus países, vulnerables a los impactos de los fenómenos naturales, el deterioro del ambiente y el cambio climático.
