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Rectora pide a ministro de Seguridad que envíe expedientes de policías separados

Tegucigalpa – La rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Julieta Castellanos, pidió este miércoles al secretario de Seguridad, Pompeyo Bonilla, que agilice la entrega de los expedientes de los policías que han sido separados de la institución por actos irregulares.
 

Castellanos llegó este día al Ministerio Público, acompañada de la Aurora Pineda, madre de Carlos Pineda, quien fuera asesinado el pasado 22 de octubre junto a Rafael Alejandro Vargas, hijo de la rectora.

La muerte de esos dos jóvenes universitarios fue ejecutada por miembros de la institución policial, por lo que las apesaradas madres llegaron hasta la Fiscalía para conocer el curso de las investigaciones.

Tanto Castellanos como Pineda se reunieron con el Fiscal General, Luis Rubí, quien les explicó acerca de algunas determinaciones que ha tomado el MP.

La rectora de la UNAH, al momento de salir del despacho del Fiscal General, expresó que “hemos tenido una conversación bastante amplia, doña Aurora y yo hemos manifestado los problemas que hemos visto en este proceso, la insatisfacción que hemos tenido con el Ministerio Público, además hemos obtenido las respuestas y las explicaciones que nos han dado sobre sus actuaciones en este caso”.

Temas abordados

Castellanos detalló que en la reunión ellas preguntaron sobre el archivo de un expediente contra una persona que estaba en un escenario importante y que tenía que ver con la fuga de cuatro personas que estaban implicadas.

Asimismo reveló que “hemos preguntado si ya recibieron el informe de los 17 policías, entre oficiales y de escala básica que han sido separados de sus cargos y de todo ello hemos obtenido respuestas que ameritan que el ministerio de Seguridad aclare algunas circunstancias”.

Dijo que las máximas autoridades del MP les han pedido confianza porque se avanza en las investigaciones.

Entre tanto, acotó que los mismos policías involucrados en la muerte de los dos jóvenes universitarios, también tienen son los responsables en el asesinato de la muerte de cuatro de jóvenes en el sector de los hornitos. “La ejecución de esos jóvenes y la de nuestros hijos tienen la misma modalidad, además la prueba balística ha dado positiva, por lo que nosotros valoramos que es una investigación que debe avanzar más en profundidad hasta llegar a desentrañar la red policial que estaba involucrada en estos asesinatos”, apuntó Castellanos.

Sobre los policías prófugos

En el caso de los prófugos, señalo que recibieron información que están haciendo lo que corresponde, aunque no les revelaron detalles debido a las investigaciones.

Castellanos mostró su decepción debido a que el MP no tienen ninguna información de los oficiales y los policías que han sido cancelados. “Sobre los 52 policías separados en 2011 y los 18 de 2012, lo que sucederá es que éstos pedirán su reintegro porque no se han presentado cargos en su contra, por lo cual demandamos que se avance en las investigaciones”.

Agregó que el MP alega que no ha recibido ningún expediente sobre las separaciones, de parte de la Secretaría de Seguridad. “Públicamente pedimos a Seguridad que se complete la acción enviando los expedientes Fiscalía y a la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial”, demandó.

“Nos vamos con insatisfacción”

Respecto a su evaluación después de la reunión con el Fiscal General, arguyó que “nos vamos con esa información, nos vamos habiéndoles trasladado a ellos nuestra insatisfacción y nuestras dudas… habiendo dicho los puntos en que no coincidimos con ellos”.

Castellanos aprovechó la oportunidad para reconocer el papel extraordinario que cumplieron los fiscales de Delitos Comunes y los médicos forenses al inicio de las investigaciones a pesar de las amenazas a muerte que fueron objeto.

“Cuando la fiscalía de Derechos Humanos entra en acción es cuando se conoce que hay policías involucrados, seguirnos sosteniendo las dudas con el manejo que hizo la Fiscalía de Derechos Humanos, que no hizo los requerimientos fiscales sobre los cuatro policías que estaban detenidos la primera semana. La abogada Ponce un día antes de irse hace una consulta sobre el requerimiento fiscal cuando tuvo cuatro meses para hacerlo”, lamentó la rectora.

Expresó que “el Fiscal General nos ha pedido confianza y que están comprometidos en el caso porque no tienen compromisos con nadie”.

“La confianza es un proceso que se construye y que se gana, esperamos que ese período de confianza se refrende en acciones las semanas futuras”, acotó.

Puntualizó que “nuestras dudas, desencanto y desilusión ha sido con la parte de la ejecución de judicializar y hacer los requerimientos fiscales”.

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