Tegucigalpa – El presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) Juan Carlos Sikaffy, manifestó este sábado que esa organización empresarial rechaza la corrupción, al tiempo que considera que los entes competentes deben investigar las compras que se hacen desde el gobierno en el marco de la emergencia nacional provocada por la pandemia del COVID-19.
– Los funcionarios deben reflexionar, porque con medidas tibias no llegaremos a superar la crisis, según el dirigente empresarial.
– El recurso contra alcaldía de La Ceiba era necesario, porque muchos alcaldes abusaron, sostiene.
“Estamos en contra de cualquier acto de corrupción, es más instamos al Ministerio Público a que investigue de oficio, estoy de acuerdo en que todas las instancias de sociedad civil vean las compras que se están haciendo en el gobierno”, arguyó el dirigente empresarial.
Expuso que “nosotros fuimos categóricos cuando le pedimos al gobierno para que detallara las especificaciones, como condiciones de pago, nombre del vendedor, para que no solo el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), si no que la ciudadanía en general tenga la seguridad de que sus impuestos están siendo bien utilizados”.
“Todos tenemos que someternos a la justicia, nadie debe estar por encima de la ley”, refirió Sikaffy.
No obstante, considera que Honduras es uno de los países que menos recursos está utilizando para enfrentar la pandemia del COVID-19. “Hemos recomendado 50 medidas, pero de ellas apenas han adoptado siete, el gabinete económico no entiende la magnitud de la situación en que estamos metidos”, increpó.
Sostuvo que “los funcionarios deben reflexionar, porque con medidas tibias no vamos a lograr superar esta crisis. Honduras es el país que menos ha destinado para recuperar el país”.
El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del norte y occidente de Honduras, resolvió el pasado viernes admitir “con suspensión del acto reclamado” la acción de amparo promovida por el Cohep en contra de la alcaldía de La Ceiba.
Al respecto, Sikaffy señaló que “el recurso de amparo era una necesidad porque veíamos muchos abusos de parte de las alcaldías, porque creían estar por arriba de la autoridad central del gobierno central, entonces ellos no tienen más atribuciones que las facultadas por la ley, los alcaldes violentaron muchas disposiciones”.
