Tegucigalpa – El índice de riesgo de corrupción calculado por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) muestra para los últimos 20 años, un promedio del 16.85, reflejando un riesgo alto, pues este ranking se mide en una escala con valores entre 0 a 100, donde entre más próximo a cero el Estado se encuentra más proclive a riesgo de corrupción.
Entre 2020 y 2021, se observó una mejoría en el índice, pasando de 17.00 a 17.75 en 2021, principalmente incidido por un aumento en la provisión de servicios de salud, en el caso de las atenciones a la crisis sanitaria por la COVID-19 y al incremento en el gasto público para esta dimensión.
Pero la medición de 2022 indica un retroceso al ubicarse en 16.85, retratando que la corrupción en Honduras tiene amplias repercusiones en términos de la provisión de bienes y servicios públicos, dado que se visibiliza que las filtraciones en materia de corrupción limitan la ejecución financiera y física, así como la eficiencia en el manejo de los recursos.
El boletín 42, de la UNAH donde se publica este índice de corrupción 2022, destaca que las estimaciones muestran que, en los años en que la provisión de bienes y servicios ha sido más deficiente, como el caso de 2014 y 2015, la corrupción ha tendido a incrementarse en relación con otros años, reflejando una situación de vulnerabilidad en todas las dimensiones y ámbitos de la sociedad hondureña.
Cuatro dimensiones
El análisis de las principales dimensiones que componen el índice de riesgo de corrupción muestra un panorama de desigualdades y exclusiones para la población en áreas claves como la educación, la salud, la infraestructura productiva y subsidios.
Para el caso, en la dimensión de educación se visualizan serias deficiencias, observándose un detrimento en las condiciones de cobertura, asistencia, eficiencia, permanencia e infraestructura escolar. En 2021, solamente uno de cada dos niños de entre 6 y 17 años asistía a un centro de enseñanza.
En tanto, en la dimensión de salud, se destacan altos niveles de deficiencia que presenta el sistema de salud pública, lo que provoca que éste atraviese múltiples dificultades que limitan su funcionamiento y capacidad operativa para ofrecer bienes y servicios de la calidad requerida.
En este contexto, la falta de transparencia y rendición de cuentas en los procesos administrativos y financieros ha afectado la eficiencia en la provisión de bienes públicos, traduciéndose en que el gasto destinado a esta dimensión sea insuficiente para atender las crecientes necesidades de la población, repercutiendo, principalmente, en aquella que vive en condiciones de pobreza y extrema pobreza.
Asimismo, en la dimensión de infraestructura, resalta el hecho de que la corrupción se presenta a través de la existencia de una alta burocracia y falta de transparencia en la contratación pública, lo que se traduce en una carga que absorbe una parte importante de los recursos orientados a financiar la inversión real provocando que estos resulten insuficientes para atender de manera oportuna los diversos proyectos de infraestructura, lo que obstaculiza y frena el desarrollo productivo de la sociedad.
“La provisión en infraestructura apenas ha representado un 1.9% del Producto Interno Bruto (PIB) durante el período de estudio, denotando la escasa capacidad y poco interés de los gobiernos para promover y apoyar este importante componente impulsor de la actividad económica”, cita el informe.
Los diversos programas de transferencias sociales que se han implementado en la dimensión de subsidios no han tenido los resultados deseados en términos de efectividad y eficacia en la reducción de la pobreza.
En promedio, las transferencias sociales sólo han representado un 0.56% del PIB y los subsidios un 0.22%, reflejando la poca importancia y falta de prioridad en proporcionar los medios necesarios para combatir los distintos flagelos a que se enfrentan los sectores más desfavorecidos, además, que constituyen canales por los que prolifera la corrupción, en específico, por la falta de controles y medios de verificación en dichos programas.
También han sido un instrumento de proselitismo político, especialmente en períodos electorales.
“Como está plenamente demostrado, la corrupción refleja una problemática persistente en el país, que se alienta con factores como la debilidad institucional, impunidad, interferencia política y falta de una sólida cultura de transparencia y rendición de cuentas”, señala.
Sobre el informe
La UNAH, a través del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales (IIES) con auspicio del Proyecto Fortalecimiento del Estado de Derecho en América Central y el Caribe (FEDACC) de la Cooperación Alemana, han unido esfuerzos para elaborar un Índice de Riesgo de Corrupción, que busca medir cuantitativamente la eficiencia y calidad de los servicios públicos que obtiene la sociedad hondureña por parte del Estado, a través de cuatro pilares fundamentales como ser bienes públicos en salud, educación, infraestructura y subsidios durante los años 2001 hasta 2021.
El índice de riesgo de corrupción se mide en una escala con valores entre 0 a 100. Entre más próximo a cero el Estado se encuentra más proclive a riesgo de corrupción y al acercarse a 100 se presenta un riesgo menor. Por lo que, las ponderaciones bajas implican un incremento del riesgo para que exista ineficiencia, ineficacia y se generen factores que promueven la corrupción. VC
