Y es que nadie dijo en Honduras, a raíz de la crisis de credibilidad policial que se acendró hace un año, que la tarea de depuración de la fuerza de seguridad fuera fácil.
Los expertos chilenos que llegaron a Honduras para apoyarlo dijeron que el proceso tardaría al menos 15 años.
Y es que la Policía quedó desnudada y la corrupción, en la que se han visto involucrados un significativo número de oficiales y agentes, cobró notoriedad cuando el crimen contra dos universitarios en octubre de 2011 rebasó los límites de la tolerancia colectiva. La ciudadanía alzó su voz y miles de denuncias se hicieron públicas.
Desde el agente que robaba al niño vendedor de tortillas, los oficiales relacionados al crimen organizado, a las extorsiones, a los roba carros, controladores de narco avionetas y al crimen común brotaron.
Frente a las denuncias que trascendieron internacionalmente no quedó espacio y el gobierno anunció acciones.
En el esquema, el pasado 25 de mayo, el presidente Porfirio Lobo, aprobó la Ley Especial de Depuración Policial, mediante la cual se autorizó a la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP) a realizar pruebas de confianza a los elementos de la Policía hondureña, mismas que iniciaron el 27 de junio de este año.
La realización de este tipo de pruebas está basada en el decreto legislativo reformado 5-2012, artículo 18-A que confiere a la DIECP la atribución de “practicar en forma general o selectiva a todos los miembros de la Carrera Policial, pruebas de evaluación de confianza, tales como toxicológicas, psicométricas, estudios socioeconómicos o patrimoniales y de polígrafo, así comocualquierotro tipo que estime pertinente y proporcional para el cumplimiento de sus funciones”.
Asesor del MP: “Pruebas son ilegales”
Para el asesor del Ministerio Público, Rigoberto Espinal Irías, estos instrumentos científicos son ilegales desde todo punto de vista porque violan los derechos fundamentales establecidos en la Constitución.
“Son ilegales (las pruebas), así está declarado expresamente en el Código Procesal Penal y contradice los principios de la Constitución, porque nadie está obligado a declarar en contra suya, y también está prohibido utilizar métodos o técnicas que induzcan a una persona a reconocer algunos hechos, eso en forma extrema, son torturas psicológicas y de otro tipo”, arguyó.
Espinal Irías también se refirió a la suspensión de algunos elementos, al señalar que se ha despedido a algunos policías sin seguirles el debido proceso, lo que generará responsabilidades al Estado hondureño.
El asesor del Ministerio Público, puntualizó que “los malos despidos, al no saber hacerlo, al no saber aplicar bien las normas reglamentarias para despedir a una persona, es lo que conduce al fracaso judicial y esto lo han padecido funcionarios del Estado”.
Rectora: “Opinión descontextualizada”
La rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y protagonista clave en el proceso de la depuración policial, Julieta Castellanos, calificó de preocupante la versión del asesor de la Fiscalía, al tiempo que agregó que la misma “está descontextualizada”.
Afirmó que “nos reunimos con el ministro de Seguridad (Pompeyo Bonilla) y con el director de la Policía (Juan Carlos Bonilla), así como con varios abogados… hemos consultado sobre las pruebas de confianza en todas la Policías del área y creemos que son legales”.
Castellanos ejemplificó que en México se practican las mismas pruebas de confianza donde ya se han aplicado a 143 mil efectivos, también las hay en el cuerpo policial de Colombia, entre otros como los Carabineros de Chile y el cuerpo del orden bonaerense.
“Estas pruebas son mecanismos necesarios para garantizar que se trata de hombres y mujeres que están aptos para el ejercicio de la profesión con sus mayores capacidades”, recalcó la rectora.
Insistió que “lamentamos la opinión de Espinal Irías y le pedimos respetuosamente que miren el contexto de América Latina para que vean que Honduras no hace nada extraordinario, son cosas cotidianas en otros países, se trata de buscar una Policía menos corrupta y criminal”.
“Con esta actitud, el Ministerio Público se suma al amplio sector que se opone a la depuración policial”, lamentó la rectora universitaria.
“El Tigre” Bonilla: “Las pruebas no violan los derechos de nadie”
Entre tanto, el jefe de la Policía hondureña también reaccionó ante la polémica que ha generado la aplicación de las pruebas de confianza. “Las pruebas a oficiales y agentes no violan los derechos de nadie, ya que los entes de seguridad solo le están dando cumplimiento al decreto de emergencia en materia de seguridad”, aseguró.
Estimó que “lo que hay que hacer es darle cumplimiento a un decreto ley aprobado con carácter de urgencia y se ha pedido que se hagan las pruebas relacionadas con la legitimación de cada uno de los que se han sometido a las mismas”.
“Nosotros le estamos dando cumplimiento de manera responsable, no le estamos violando su derecho a nadie, si a todo lo que está establecido en la ley se le está dando el debido proceso”, puntualizó.
Al mes de septiembre, el Departamento de Evaluación y Control de Confianza de la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP), ya había realizado unos 145 peritajes completos a igual cantidad de miembros de la carrera policial.
De las evaluaciones aplicadas, ya se han emitido 70 resoluciones, quedando por entregar 75, además de las 90 pruebas toxicológicas que en forma sorpresiva se aplicaron a miembros del Comando de Operaciones Especiales Cobra.
Más de una decena de altos jerarcas de la institución policial se han negadoa practicarse las pruebas de confianza, lo que ha ocasionado que queden al margen del cuerpo del orden.
