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Protección de Datos combatirá los vídeos virales sobre la violencia machista

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) tendrá “tolerancia cero” contra los vídeos sobre la violencia de género cuya difusión pública agrava los daños sobre la víctima que además de haber sido violada debe soportar que las imágenes de “hechos tan deleznables” se hagan virales en las redes.

Así lo ha asegurado hoy la directora de la AEPD, Mar España, durante un encuentro con periodistas, en donde ha avanzado que su departamento trabaja en un protocolo sobre esta cuestión, que “ofreceremos al Ministerio del Interior, a la Fiscalía General del Estado y al Consejo General del Poder Judicial” para coordinar actuaciones.

El objetivo es que la víctima de maltrato pueda acudir en tutela de derechos a la AEPD de modo que si la plataforma en donde se hubieran difundido las grabaciones de los hechos no hubiera estimado previamente la reclamación pueda resolverse el caso en “el menor tiempo posible”.

Mar España explica que cuando la víctima presenta la denuncia a la Policía debe saber que asimismo puede acudir en tutela de derechos a la Agencia de Protección de Datos, con la ventaja de que todos los trámites son compatibles con la instrucción penal, y con el objetivo de evitar que el vídeo se haga viral mientras se asigna abogado de oficio o el juez dicta medidas cautelares.

Vídeos virales

La viralización en redes de grabaciones de violencia de género “me preocupan especialmente”, ha dicho Mar España, para quien será prioritario este año la lucha contra la difusión de “comportamientos tan deleznables” como la difusión de la grabación de una mujer que previamente ha sido violada.

“Resulta preocupante que en la Agencia no se haya recibido ni una sola tutela de derechos de mujeres víctimas de violencia de género”, especialmente porque eso no quiere decir que no se les esté acosando, suplantando su identidad o difundiendo imágenes en las que además en casos se agravan los hechos tras ser drogada incluso la víctima para mostrarla así en las redes sociales, ha añadido.


“Daremos absoluta prioridad” este año para evitar que se viralicen este tipo de grabaciones, y de hecho, la directora de la AEPD ha recordado que “podemos conseguir, como nos ha ocurrido en algunos casos, que algunos vídeos se retiren en veinticuatro horas” de las plataformas.

Es importante que el agresor sepa que además de la posible sanción penal, puede ser sancionado asimismo hasta con 20 millones de euros por ese tipo de conductas, por lo que el culpable debe pensarse muy mucho “qué hace antes de hacerlo”, ha añadido la responsable de la AEPD.

Sanciones

La AEPD impuso sanciones por valor de 12,8 millones de euros en 2018, de las que el 67% fueron por contratación fraudulenta y morosidad que absorbieron en conjunto 8,75 millones de euros, aunque el número de procedimientos de ese tipo se redujo casi el 30% respecto a 2017.

Los contratos fraudulentos el año pasado representaron el 38% del total de sanciones, con un montante por ello que ascendió a 4,98 millones de euros, mientras que la morosidad supuso el 29% del total de procedimientos sancionadores, con una cantidad de 3,77 millones de euros, según datos facilitados hoy por la directora de la AEPD, Mar España, durante un encuentro con periodistas.

De las 907 resoluciones sancionadoras, en contraste con las 1.282 del año anterior, un total de 434 tuvieron carácter económico (frente a las 731 en 2017), mientras 96 de ellas se refirieron a infracciones a administraciones públicas y 377 a procedimientos de apercibimiento.

Otras sanciones se debieron a temas de videovigilancia, correos no deseados, publicidad, servicios de internet o reclamación de deudas y telecomunicaciones.

Por otro lado, se confirma para el cierre de 2018 el porcentaje en torno al 30 % mensual de crecimiento que registró de media la AEPD en la cifra de reclamaciones recibidas desde la entrada en vigor del reglamento europeo de protección de datos el 25 de mayo de 2018.

Así, las quejas ante la Agencia de Protección de Datos en 2018 aumentaron el 32,8% hasta alcanzar las 14.146 frente a 10.651 del año anterior, de las cuales el incremento registrado tras la entrada en vigor del reglamento fue de casi el 50 %, según los datos.

Las brechas de seguridad por las empresas sobre las que obliga el nuevo reglamento europeo a notificar cuando se pueden ver afectados derechos y libertades de los usuarios se situaron en 547 mientras que el año anterior fueron solo 6. EFE

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