Para ir construyendo el desarrollo de una economía moderna, es cada vez más importante que las personas o empresas, ya sea con grandes o pequeños capitales, puedan trabajar juntas de una manera confiable. Un motor importante para el desarrollo del capitalismo moderno lo dio la capacidad de formar sociedades mercantiles donde distintas personas podían participar con diferentes cantidades de recursos con la expectativa de obtener un retorno.
En una empresa u operación simple, con un par de socios a lo sumo, se puede considerar que el interés del negocio y de los propietarios es el mismo. A medida que la economía se desarrolla, las empresas se irán profesionalizando. Las empresas tradicionales bajo control de un, o pocos, propietarios serán menos prevalentes. Las empresas familiares también se van diluyendo a medida que avanzan las generaciones.
Esto significa que el interés del conglomerado de accionistas se va gradualmente diferenciando del de la empresa. De esto resulta el riesgo de que quienes la operen lo hagan de acuerdo a su interés propio (y no de los accionistas). Adicionalmente, evita que las personas pongan su capital en manos de empresas en las que no tienen control. Esto resulta en una atomización de la inversión, ya que cada quien está limitado a negocios del tamaño de sus capacidades propias (limitando su posibilidad de crecer). La dificultad en aglomerar capitales para grandes emprendimientos hace difícil el desarrollo de grandes empresas de forma más democrática.
Es importante contrarrestar este fenómeno de varias formas, lo que incluye la acción pública. Para garantizar que los operadores de las empresas no desvíen recursos a fines personales, es importante que se creen normas claras de relaciones con terceros que eviten la triangulación. La legislación de precios de transferencia está diseñada de forma que cada empresa tiene que hacer su propio estudio, y es de aplicación bastante engorrosa. Tener parámetros conocidos y reales (que se pueden estar fijando con las firmas auditoras) de los rangos de valores o porcentajes a cobrarse por las transacciones más comunes entre empresas y utilizables como criterio por la autoridad tributaria pueden ayudar a dar confianza en este tema a los inversionistas.
Otro tema importante es el de la compensación encubierta. Al aplicar como gasto beneficios recibidos por funcionaros o sus partes relacionadas, se afectan los intereses de los accionistas y del fisco. El interés de los accionistas se afecta por incrementar artificialmente los gastos de operación a expensas de su dividendo. El interés del fisco se afecta porque la compensación que debiese ser sujeta a pago de impuesto sobre la renta se reporta como gasto. Es importante delimitar reglas claras, especialmente con la participación de las firmas auditoras para que sea congruente con estándares internacionales y así tener parámetros confiables que reduzcan este fenómeno. Estas reglas también servirán de protección contra el arbitrio de las autoridades de querer excluir gastos legítimos.
Nuestra legislación de empresas también se debe de actualizar. Existe una enorme de este tipo en otros países, tanto en la región como a nivel mundial. Lo más importante es que cada vez que se permite a los accionistas tener acceso a información cada vez más completa, refuerza las funciones y responsabilidades de la auditoría externa, y el poder garantizar derechos de participación a las minorías en las distintas funciones de dirección y control. Por último, se requiere un cambio cultural. Debe haber una preferencia (expresada de distintas formas) tanto de parte del estado como de los distintos gremios empresariales, de promover y avanzar en temas de gobierno corporativo y rendición de cuentas a sus accionistas. El efecto multiplicador de poder integrar una enorme cantidad de recursos y voluntades a la participación empresarial debe de ser un potente motor para un crecimiento económico más robusto y equitativo.
