Tegucigalpa- Las autoridades confirmaron este miércoles la captura de Eva María Vásquez Villanueva, exdirectora legal de la Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (SEDECOAS), ahora llamada Fondo Hondureño de Inversión Social (Fhis), como parte de las acciones judiciales contra una presunta red de corrupción que habría saqueado más de 3 mil millones de lempiras del Estado mediante contratos irregulares y desvío de fondos públicos.
La detención de Vásquez Villanueva se suma a la del diputado Nelson Márquez, Raymundo Gradiz, y los abogados Juan Fernando Madrid Lezama y Caronte Rojas Zavala, todas señaladas por el Ministerio Público de integrar una estructura que operó dentro de instituciones públicas, aprovechando su poder para beneficiarse ilegalmente de recursos destinados a proyectos sociales y de infraestructura durante el año 2000 en el marco de la reconstrucción del país tras el azote del Huracán Mitch.
El caso, que ha sido descrito por las autoridades como uno de los esquemas de corrupción más graves de los últimos años, continúa en fase de investigación y ya se perfilan más capturas.
El MP ha prometido llevar a juicio a todos los involucrados, en el marco de lo que califica como el desmantelamiento de una “mafia institucional” con tentáculos en distintos niveles del Estado.
Según investigación
De acuerdo a las investigaciones, el caso surge cuando Márquez fue titular de la desaparecida Secretaría de Estado en los Despachos de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (Sedecoas).
Presuntamente también está implicada la excoordinadora general del gobierno, Martha Doblado ; la exdirectora legal de Sedecoas, Eva María Vásquez Villanueva ; el apoderado legal de la Empresa Nacional de Ingenieros (NAINSA), Juan Fernando Madrid Lezama ; la exintegrante del tribunal arbitral del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), Caronte Rojas Zavala ; y el representante legal de la empresa DRC Inc, Murray Paul Palmer .
Igualmente, son acusados el exfuncionario de la PGR, Héctor Alvarado Mejía; y el receptor del Poder Judicial, Rafael Eduardo Chávez Aguilar.
En el contexto de los hechos a que en el año 2000 tras el paso del huracán Mitch, cuando el Estado de Honduras, con fondos de cooperación internacional, adjudicó un contrato a la empresa estadounidense DRC Inc., la cual no estaba autorizada para operar en Honduras, subcontrató presuntamente de forma irregular a NAINSA, según el MP.
Mientras que en 2001, de acuerdo al relato oficial de la Fiscalía, el cooperante canceló la ayuda por inconsistencias en el contrato, años después ambas empresas promovieron demandas fraudulentas basadas en un laudo arbitral que nunca fue homologado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), de acuerdo a la acusación fiscal.
DRC Inc. celebró un acuerdo confidencial con NAINSA, sin que esta última hubiera tenido relación contractual alguna con el Estado.
En enero de 2020, como parte de esa misma estrategia, Márquez en su cargo de secretario de Sedecoas, remitió a la Procuraduría General un informe legal que recomendaba firmar un acuerdo ejecutivo para evitar una «erogación mayor» de acuerdo al MP.
Un mes después, Sedecoas y NAINSA suscribieron el convenio extrajudicial mediante el cual acordaron pagos millonarios, al margen de los procesos judiciales en curso.
Posteriormente en el año 2022, el juez Raymundo Gradiz Viloria admitió otra demanda millonaria contra el Estado de Honduras. De acuerdo con las investigaciones, los jueces que ya conocían la nulidad del laudo arbitral continuaron ordenando pagos millonarios al margen de la ley.
Según el requerimiento fiscal, en una de las audiencias clave, el imputado Héctor Alvarado Mejía, representante en su momento del Estado (PGR) no asistió, justificando su ausencia con un certificado médico cuya autenticidad fue puesta en duda de acuerdo al mismo informe del MP. IR
