Tegucigalpa – El doctor Joaquín Mejía, defensor de derechos humanos, señaló hoy que las distintas prórrogas del estado de excepción no cumplen con requisitos constitucionales.
En ese sentido, consideró que es grave y la situación ha sido incluso reconocida por diputados del oficialismo.
El defensor de derechos humanos es del criterio que también se ha desnaturalizado el estado de excepción ya que tiene mucho tiempo y se trata de una excepcionalidad.
Tampoco se ha hecho un estudio de impacto y beneficio antes de cada prórroga.
El 6 de diciembre de 2022, el gobierno declaró estado de excepción a través del decreto ejecutivo PCM-01-2023, en esa ocasión las autoridades aseguraron que esta sería una medida temporal con la que se controlaría a las pandillas tras el repunte de los delitos de extorsión, sicariato y secuestro.
El gobierno ha justificado la medida como parte de su estrategia para combatir el crimen organizado, y que con ello ha logrado reducir los índices de homicidios y extorsiones.
La última prórroga ocurrió en octubre, y se remitió al Congreso Nacional para que se aprobara su ratificación, pero no ocurrió debido a la insurrección legislativa.
No es la primera vez que el Congreso Nacional no ratifica la extensión del estado de excepción y el gobierno lo amplía, pese a que no es constitucional. (RO)
