Por: Luis Cosenza Jiménez
Debido a la pandemia ocasionada por el COVID-19 seguimos confinados a nuestras casas.
Mientras tanto, la economía se deteriora. Muchas personas han dejado de percibir ingresos y otros han perdido su empleo o han sido suspendidas sin el pago de sus salarios. Es evidente que entre más se prolongue el confinamiento, más perjudicada resultará nuestra economía, más empleos se perderán y más se profundizará nuestra pobreza. La reactivación económica requerirá del sacrificio de todos y de medidas extraordinarias y osadas. Lo que se ha anunciado al día de hoy y que se reduce a ampliar plazos para pagar impuestos, es necesario, pero insuficiente. Permítanme, por tanto, presentarles una propuesta mucho más ambiciosa.
En primer lugar, si bien es necesario apoyar a las empresas, es todavía más importante atender las necesidades de los pobres y de quienes participan en la economía informal. Para eso, sugiero que se les dé una ayuda mensual, en efectivo, del orden de medio salario mínimo por familia. Recordando que en el ámbito urbano alrededor del 98% de las viviendas cuentan con el servicio de energía eléctrica, podríamos identificar a los beneficiarios del programa usando la factura por servicio de energía eléctrica. Podríamos, por ejemplo, decidir que se ayudará a quienes consuman mensualmente hasta 150 kWh. El dinero se les entregaría en cualquier sucursal bancaria, contra la presentación de la factura por el servicio eléctrico y la tarjeta de identidad. La ayuda se brindaría durante seis meses y se disminuiría progresivamente cada mes, hasta quedar en cero al cabo de seis meses. Este sistema es mucho mejor que el que se usa actualmente ya que impide la corrupción y la politización, y no requiere de costosa y complicada logística. En tanto esté vigente este programa, se suspenderían los programas asistencialistas del gobierno, como Vida Mejor y Con Chamba Vivís Mejor. Me atrevo a pensar que, dadas las circunstancias que vivimos, la banca estaría dispuesta a participar, sin cobrar.
Veamos ahora lo referente a las empresas, comenzando con lo que sería aplicable a todas, sin importar su tamaño. Para empezar, se aplazaría el pago del 50% del impuesto sobre la renta correspondiente a 2019, así como los pagos a cuenta de 2020, hasta el 2021 y no se haría ningún pago hasta julio del 2020, sin que se aplique multas o intereses. Por otro lado, se eliminaría el pago de la tasa de Seguridad Ciudadana por el resto de este año.
En cuanto a las pequeñas y medianas empresas, PYMES, se les otorgaría préstamos, proporcionales al número de empleados que tengan, sin intereses, a un año plazo. Al final de ese período se vería si, por lo menos, han conservado a todo su personal, y si así fuera, se les condonaría el 50% del préstamo. Los recursos se canalizarían por medio de BANHPROVI y la banca comercial. Nuevamente, dadas las circunstancias, me atrevo a pensar que tanto BANHPROVI, como la banca comercial estarían dispuestas a participar sin cobrar por su intermediación.
En cuanto a las empresas grandes, se procedería de manera similar a lo propuesto para las PYMES, excepto que se cobraría un 4% de interés para cubrir la intermediación de BANHPROVI y la banca comercial. Transcurrido el año veríamos si han, por lo menos, conservado todo su personal, y si así fuera, se les condonaría un 10% del financiamiento.
Restaría acordar el sacrificio que harían los trabajadores que afortunadamente participan en la economía formal y que hubieran recibido el pago completo de sus salarios. Como mínimo habría que considerar que estos días de confinamiento sean con cargo a sus vacaciones, pero además habría que conversar sobre el pago del décimo tercero y décimo cuarto mes. Una opción sería que los trabajadores acepten que ese pago no se haga este año. La otra sería que se les pague con nuestros impuestos, para lo cual habría que disponer, que para la declaratoria del impuesto sobre la renta correspondiente a 2020, el pago de dicho impuesto sea deducible, no de la renta bruta, sino que del monto del impuesto a pagar. Por supuesto, este beneficio solo sería disponible para aquellas empresas que demuestren que han, por lo menos, conservado a todo su personal.
Seguramente que algunos dirán que estas propuestas son ilusiones que no están al alcance de un país pobre, y es posible que tengan razón. No obstante, este no es el momento para propuestas modestas. Más que ver detalles, mi interés es generar una discusión sobre las medidas creativas para reactivar nuestra economía. Seguramente que tendremos que endeudarnos más, reducir nuestras reservas y aceptar que, transitoriamente, tendremos un déficit fiscal más alto. Para darnos más tranquilidad, lo que hagamos debería ser conversado con los organismos multilaterales, incluyendo, por supuesto, al Fondo Monetario Internacional. Recordemos que tanto el Fondo, como el Banco Mundial, han propuesto que se condone la deuda bilateral. Por tanto, deberíamos iniciar ese proceso y dedicar lo que pagaríamos por concepto del servicio de la deuda bilateral al programa de reactivación económica. Además deberíamos buscar más financiamiento de los entes multilaterales y redirigir algunos de los préstamos que ya hubieran sido aprobados.
Para ser justos, habría que preguntar cuál será el aporte de los funcionarios y empleados públicos, tomando en cuenta que algunos de ellos reciben anualmente más de catorce meses de sueldo. Hemos leído de las medidas que consideran en Guatemala, sin que acá se haya abordado el tema. La equidad y la solidaridad exigirían que ellos también pongan su cuota de sacrificio. Veamos que nos dicen.
