Fue sin duda el primer sorprendido con la propuesta de la CRSP, al enterarse, por la prensa, que se propone eliminar el cargo de Director General de la Policía Nacional. Por su expresión, el hombre más informado de Honduras desconocía por donde venían las propuestas de reforma.
Lobo Sosa fue tajante al indicar que no estaba de acuerdo en eliminar del anteproyecto de Ley Orgánica de la Policía enviado por los comisionados de la CRSP, la figura del Director General, cargo que recae en este momento en el comisionado Juan Carlos “El Tigre” Bonilla, quien sortea presiones internas y externas por sacarlo del organismo en momentos que impulsa fuertes procesos de depuración.
El gobernante hondureño dijo que así como estaba esa propuesta, no la enviaría al Congreso Nacional, donde los parlamentarios de las distintas bancadas han reaccionado sorprendidos porque no solo desconocen el proyecto de reformas, sino que dejan entrever también que ni por cortesía fueron sondeados o auscultados.
El paquete de propuesta de la Comisión de Reforma para la Seguridad Pública que integran los comisionados Víctor Meza, Omar Casco, Matías Funes y los extranjeros Aquiles Blu de Chile y Adam Blackwell, de origen canadiense, tiene aspectos interesantes, casi refundacionales, pero en otro orden presenta también violación de la independencia entre poderes.
Sala de lo Penal, ¿juez y parte?
El anteproyecto de Ley Orgánica de la Policía, crea un Gabinete de Seguridad que estaría conformado por el Secretario de Estado en el Despacho de Seguridad, el Fiscal General de la República, el Presidente de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia; el coordinador del órgano que ejerce la función de evaluación de la Policía; y, los Directores Generales de la Policía.
¿Qué relación tiene que dentro de este Gabinete, que no es el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, se incorpore al magistrado presidente de la Sala de lo Penal del poder judicial? ¿Dónde queda la independencia de poderes? ¿Si la Corte de Justicia por razones de seguridad nacional ya es parte del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, qué hace la Sala de lo Penal en un organigrama interno de la Secretaría de Seguridad? ¿Cómo garantizarán impartición de justicia, si ya será juez y parte?
Si una de las atribuciones de este Gabinete de Seguridad será, entre otras, “garantizar la apoliticidad, transparencia, ética y eficacia del servicio policial, ¿cuál es el rol aquí del presidente de la Sala de lo Penal de la Corte de Justicia?
Luego en su propuesta de reformas constitucionales, intentando acercarse a la despolitización de los procesos de selección y elección de los cargos de elección de segundo grado, cuya potestad de nombramiento y destitución corresponden al Congreso, le eliminan a este poder del Estado su facultad de destituir por ejemplo al Fiscal General del Estado, al Fiscal Adjunto, al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, entre otros cargos de elección de segundo grado.
La SSE, ¿disfraz de corte constitucional?
El Congreso Nacional queda como una figura decorativa a la cual, una Comisión con amplios poderes—similar a una Corte Constitucional—será quien envíe las propuestas de selección a la cámara legislativa para que elija éste y otros cargos, entre ellos el Procurador y Subprocurador, el IAIP, el Tribunal Superior de Cuentas, los comisionados de Coalianza, de la Comisión de Competencia y Competitividad, entre otros.
Pero la destitución de los esos funcionarios ya no corresponde al Congreso, sino que a quienes integren esa comisión denominada Sistema de Selección y Evaluación (SSE), cuyos funcionarios sin excepción, llámese operadores de justicia, serán evaluados anualmente y si no pasan las pruebas con un 95 por ciento de aprobación, corren el riesgo de ser sacados de sus funciones.
El SEE vendría a ser una especie de contrapeso al poder político, con súper poderes que desde ya comienzan a incomodar a diversos sectores que piden a los integrantes de la CRSP mayores detalles, experiencias que convenzan y apego a las realidades hondureñas.
Los políticos en el Congreso Nacional han reaccionado con cautela, al aducir estar inmersos en pleno apogeo electoral de cara a las elecciones primarias e internas del próximo 18 de noviembre. Quieren analizar mejor las propuestas porque conllevan reformas constitucionales.
El coordinador de la CRSP, Víctor Meza, es del criterio que se deben debatir los puntos en discordia, que en el caso de la eliminación del cargo de director de la policía nacional, éste desaparece cuando entregue el poder el presidente Lobo Sosa en enero de 2014 y ya se cuente con una nueva ley orgánica de la policía.
En el caso de la Policía, aduce que la idea es dar amplias facultades al ministro de Seguridad que actualmente “son restringidas” y suele ser, al igual que el ministro de la Defensa, “simples figuras” decorativas.
Anteproyecto de ley policial, un buen blindaje
La propuesta de la nueva Ley Orgánica, en efecto, contiene aspectos novedosos acordes a lo que debe ser una policía civil y comunitaria, aunque dejan de lado, la reciente Política Pública Integral de Convivencia y Seguridad aprobada hace dos años por el gobierno.
Dentro del nuevo anteproyecto de ley de policía destacan no solo retomar las antiguas direcciones generales de policía, sino que crean una Dirección de Inteligencia Policial y dentro de las reformas contemplan también devolver al Ministerio Público una policía técnica de investigación criminal. Pero definen claramente como debe coordinarse la investigación criminal policial y la técnica judicial que efectúe el Ministerio Público.
En el caso de la policía, la propuesta de la CRSP blinda a ese organismo con la nueva ley, señala evaluaciones anuales y otras acciones que pueden ser un buen muro para depurar al actual organismo de los niveles de corrupción y penetración del crimen organizado.
