Proponen pacto fiscal y creación de tribunal tributario

Tegucigalpa – El gobierno de Juan Orlando Hernández enfrenta el reto no sólo de prometer sino de lograr eficacia en la política fiscal relacionada con captación de recursos y ejecución del gasto, legitimada con transparencia y rendición de cuentas del dinero público.
 

En diciembre del año anterior el Congreso Nacional aprobó una serie de medidas, que incluyen nuevos impuestos y la vigencia de leyes, que ayudaron a preparar el camino para la negociación de un eventual programa económico de dos años, con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El gobierno anterior incumplió los compromisos de país con el FMI y esto hizo que en sus últimos dos años de gestión no lograra acuerdo con el organismo.

Los actuales funcionarios reiniciaron el diálogo y esta semana una misión técnica hará la última revisión del panorama macroeconómico para firmar un programa antes de que finalice este mes.

La presencia del FMI ha creado expectativas sobre la firma de un programa pero también hay quienes tienen el temor de que exija nuevas medidas e incluso que la actual devaluación programada se torne más acelerada.

El Grupo Promotor del Diálogo Fiscal (GPDF) dijo que los contribuyentes hondureños ya muestran “cansancio” debido a las distintas formas de ajuste tributario que los gobiernos han implementado, y sugiere a los funcionarios no desestimar esta observación.

Pacto Fiscal con Responsabilidad Social

Antes de las elecciones generales se creó el GPDF con el objetivo principal de presentar al nuevo gobierno una serie de recomendaciones para enfrentar la difícil y preocupante situación del país en materia fiscal. Las recomendaciones están plasmadas en el documento “La política fiscal como instrumento de desarrollo” que desde hace varios días entregaron al actual Gabinete Económico.

Integral el grupo ex ministros de Finanzas, ex presidentes del Banco Central de Honduras y especialistas en el campo fiscal, y entre éstos destacan Arturo Alvarado, Arturo Corleto, Helmis Cárdenas, Hugo Noé Pino, Jorge Yllescas Oliva, Juan Ferrera López, Mauricio Díaz Burdeth, Rebeca Santos, Rodulio Perdomo, Roldan Duarte, Sandra Midence y William Chong Wong, entre otros.

Explicaron que aunque sustentan distintas posiciones políticas los une el interés de aportar a Honduras.

El equipo técnico exhorta al presidente hondureño a liderar y convocar a un Pacto Fiscal con Responsabilidad Social para el Desarrollo Sostenible, en el que los sectores representativos y agentes de la sociedad hondureña aporten y asuman compromisos para asegurar la gobernabilidad y contribuir a la estabilidad económica y social del país.

En el caso de los ingresos sugieren fortalecer la recaudación por medio de medidas como el diseño y ejecución de un plan integral para la prevención y combate a la evasión y el fraude fiscal.

Además, emitir un nuevo marco legal que permita a la Dirección Ejecutiva de Ingresos una mayor eficiencia en la recaudación, y al mismo tiempo sustraerse de las presiones políticas tradicionales.

También urge la modernización tecnológica de la DEI, operativos de fiscalización y programas de capacitación del personal.

Crear un tribunal fiscal como órgano del Poder Judicial, especializado en derecho tributario y revisar el actual sistema de incentivos y exoneraciones fiscales a fin de reducirlas y ejercer un mejor control sobre las mismas.

Sobre el gasto público recomiendan un control y contención en diferentes reglones, resolviendo el actual problema de redimensionamiento del Sector Público, el gasto en salarios, las transferencias a otras instituciones del Estado, y la reducción y eliminación de la deuda flotante.

Esto deberá hacerse simultáneamente con el fortalecimiento de la inversión pública y del gasto fiscal focalizado para no comprometer el crecimiento futuro del país y proteger, a su vez, a los sectores de la sociedad más vulnerables a este tipo de medidas.

Sobre el déficit fiscal y la acumulación de deuda, tanto interna como externa, indicaron la necesidad de establecer normas fiscales que establezcan un límite al déficit fiscal a ser aprobado, así como a los niveles de deuda a ser contratados. En el documento agregan medidas urgentes y específicas para el tratamiento de la deuda interna.

Respecto a transparencia y rendición de cuentas, recomiendan la prevención y castigo a los responsables de gastos sin imputación presupuestaria, la eliminación de partidas discrecionales y la incorporación al SIAFI de instituciones como el Congreso Nacional, Casa Presidencial, la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Superior de Cuentas.

Estas medidas, consideran los expertos, constituirían una muestra palpable de firmeza por tomar medidas diferentes a favor del bien común. También deberá apoyarse y fortalecerse la aplicación del SIAFI a las municipalidades.

El acceso a la información pública es otra de las condiciones fundamentales en el esfuerzo de una mayor transparencia y rendición de cuentas.

Recomiendan un Pacto Fiscal que tienda a la equidad tributaria, a la eficiencia y transparencia del gasto, a un menor endeudamiento, y al uso de la política fiscal como un verdadero instrumento de desarrollo.

Algunos indicadores

El déficit fiscal se ha mantenido en niveles elevados durante los últimos años; en 2012 fue de 21,516.6 millones, lo que representó el 6.0 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), lo cual recrudecerá las presiones sobre las finanzas públicas, ya que se necesitarán recursos adicionales para su financiamiento. Para 2014 se proyecta un déficit de 19,433.5 millones de lempiras, un 4.7% del PIB.

Debido a la precaria situación de las finanzas públicas, sobre todo en lo relacionado con la baja eficiencia en la captación de ingresos, que dependen en gran medida del crecimiento económico del país y cuyas proyecciones son muy inciertas, y a la tremenda carga que representa para el Estado el creciente endeudamiento público, el gobierno enfrentará limitaciones presupuestarias para atender las crecientes demandas de la población en materia de mejoras en la seguridad y en servicios de infraestructura económica y social que, de no ser atendidas oportunamente, crearán más pobreza y desigualdad; esto podría incrementar las presiones sociales y los problemas de violencia e inseguridad.

Las perspectivas de crecimiento económico del país en el mediano plazo son bajas, ya que se esperan tasas de crecimiento de 2.8 para 2013, 2.8 y 3.0 por ciento para 2014 y 2015 respectivamente.

El servicio de la deuda se incrementó al pasar de 6,677.9 millones de lempiras en 2009, a 15,335.3 millones en 2012 (4.2 por ciento del PIB). En el periodo, los ingresos por nueva deuda ascendieron a 3,480.3 millones de dólares, unos L 71,661.8 millones.

Información disponible a 2011, señala que la DEI solo tiene 785 grandes contribuyentes jurídicos y 32 naturales; 1,427 medianos jurídicos y 233 naturales. Esta base es demasiado reducida.

El GPDF exhorta ampliar la base tributaria incorporando al sistema tributario a sectores como las profesiones liberales que, generalmente, no cumplen sus obligaciones. Se debe partir del principio de que todos, sin excepciones ni privilegios, deben contribuir con el pago de los impuestos que nos corresponden para financiar el gasto social y la inversión pública.

Además, incorporar a la micro y pequeña empresa, y trabajadores por cuenta propia, a la formalidad y a la asistencia de la seguridad social. Proponen introducir un mecanismo simplificado de pago y facilitación del cumplimiento de las obligaciones tributarias, consolidando en pequeñas cuotas el pago de los impuestos y los aportes a la seguridad social, lo cual contribuirá a modernizar el sistema de la economía informal y a desarrollar el sector.

Según cálculos realizados en el año 2008 para el período 2006-2008, se estimó que la evasión de los impuestos sobre Ventas y Renta fue de 15,795.3 millones de lempiras para 2006, 17,352.7 millones para 2007 y 19,229.20 millones para el año 2008.

Lo anterior significa que la evasión de ambos impuestos oscila entre 18,000.00 y 20,000.00 millones de lempiras al año, sin incluir los montos originados por el contrabando y demás impuestos existentes.

La deuda interna del Gobierno, documentada mediante títulos valores, ascendía al mes de agosto de 2013 a 58,104 millones de lempiras, según cifras publicadas por el BCH. De ese total, el 42% se adeuda a los institutos de previsión públicos; en segundo lugar a los bancos con 30%, y en tercer lugar al Banco Central de Honduras, con 16%.

Los expertos piden mejorar la percepción que se tiene del país respecto de la corrupción, sancionando los casos concretos que se presenten y se logren probar. Esto es urgente, debido a que Honduras es uno de los países que presenta uno de los niveles más altos de percepción de corrupción en el hemisferio, de acuerdo a los reportes de Transparencia Internacional.

Asimismo, rescatar, analizar y aprobar el anteproyecto, propuesto desde 2008, de la Ley Integral Anticorrupción.

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