Nosotros los pueblos de la Naciones Unidas, dejamos consignada, en el preámbulo de la Carta de la ONU, la voluntad de reafirmar la fe en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de los países desarrollados y en desarrollo, creando condiciones para promover la justicia y el respeto de las obligaciones derivadas del Derecho Internacional en función del progreso social y del mejoramiento progresivo de la calidad de vida y de trabajo, dentro de un concepto más amplio de la libertad.
– Ante la incertidumbre y la arbitrariedad nacional e internacional, debe hacerse prevalecer el imperio del Derecho Internacional y del Estado democrático y social de Derecho que proteja y promueva el desarrollo sostenible y bienestar de los pueblos.
Experiencias durante la pandemia. Sin embargo, en este prolongado tiempo de pandemia, hay evidencia del menosprecio y la falta de solidaridad de países desarrollados hacia países más vulnerables que no tienen acceso al bien universal de las vacunas contra la COVID-19 o que lo tienen a cuentagotas, como es el caso de Honduras.
Situación que contribuye a aumentar la desigualdad entre países desarrollados y en desarrollo, y a poner en entredicho compromisos internacionales de los primeros, de contribuir a garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos los pueblos.
El apoyo a los pueblos de los países en desarrollo afectados por la emergencia humanitaria excepcional y compleja de la enfermedad pandémica COVID- 19, es compromiso universal para empoderar a las personas vulnerables que necesitan urgentemente ese apoyo, pues postergarlo será darlo demasiado tarde y el peligro pandémico podrá, con nuevas variantes, retornar inclusive a la parte del mundo que hoy ya se considera a salvo.
Desde hace más de seis meses, hemos estado apelando a la conciencia universal y hemos apoyado (con declaraciones públicas, tuits y artículos en la prensa digital) las diversas iniciativas mundiales y regionales para el acceso equitativo, seguro y oportuno, a la vacunación universal y no discriminatoria.
En fecha reciente, hemos conocido, con sumo interés, las recomendaciones del Panel de Expertos Independientes que, a petición de la Organización Mundial de la Salud (OMS) investigaron, durante ocho meses, las razones de la pandemia y las lentas decisiones y medidas, a nivel se solidaridad entre los Estados miembros de la ONU, para enfrentarla eficazmente, sabiendo que nadie podría estar a salvo si no lo estamos todos.
Encontramos en esas científicas recomendaciones que, además de aspectos de fortalecimiento de la OMS y sus articulaciones continentales incluyendo supervisión de sistemas nacionales de salud, recogen preocupaciones sociales muy sentidas sobre la urgencia de poner fin a la pandemia y deberes, al respecto, de los países desarrollados; retoman y sugieren las iniciativas existentes de acuerdos sobre concesión voluntaria de licencias y transferencia de tecnología; sugieren celebrar, en los próximos meses, una convención internacional sobre pandemias; crear un Consejo Mundial sobre amenazas para la salud que evite la repetición de errores y mejore la aplicación del principio de precaución ante fenómenos de tal naturaleza, entre otros aspectos. En fin, llaman a la celebración de una cumbre mundial, bajo los auspicios de la ONU, para que esas recomendaciones puedan convertirse en compromisos internacionales. Ver: https://twitter.com/HerreraCaceresR/status/1394046298643472386?s=08
Esas recomendaciones e iniciativas permanecen planteadas, en espera angustiante de una concluyente y concreta acción positiva de parte de los Estados desarrollados que, por insuficiente proactividad, favorecen vacíos que están siendo ocupados por los efectos nocivos de esa amenaza que puede terminar con todo lo que ya, antes de la pandemia, se hubiere logrado, por países en desarrollo, en avances socio -económicos y de bienestar social.
De ahí que sea urgente la solidaridad internacional efectiva para la vacunación universal y disponibilidad de oxígeno e insumos de bioseguridad para enfrentar a la COVID – 19, y contribuir a salvar la vida y salud de los pueblos de los Estados en desarrollo: como primer paso a un modelo de relaciones internacionales más acorde con el propósito señalado por los pueblos de la Organización de las Naciones Unidas.
Esperanza de una nueva y diferente realidad post – pandemia. La esperanza sembrada, con potente sonoridad durante la actual pandemia, ha consistido, en cada país, en el compromiso, de los dirigentes actuales o aspirantes a serlo en el futuro, de responder a la necesidad y capacidad de transformación de sus respectivos Estados, en un contexto de grandes oportunidades para ello. En efecto, desde el 1 de enero del 2016, está en universal vigencia la Resolución de las Naciones Unidas que aprobó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, precisamente creada para “Transformar nuestro mundo”.
En esa dirección racional, urge retomar y aplicar la letra y el espíritu de esa alianza mundial de colaboración, cristalizada en dicha Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en favor de las personas, la prosperidad y el planeta; en la cual se consigna también que países en desarrollo y desarrollados: “Estamos decididos a tomar las medidas audaces y transformativas que se necesitan urgentemente para reconducir el mundo por el camino de la sostenibilidad y la resiliencia. Al emprender juntos este viaje, prometemos que nadie se quedará atrás”.
Los países desarrollados y en desarrollo, hemos así identificado, por medio de la ONU y previa universal consulta social representativa, ese instrumento para orientarnos, en el accionar nacional y en las relaciones entre los Estados, hacia la cohesión social nacional y la materialización de relaciones internacionales de fraternidad cimentada en la dignidad humana y la justicia social, entre todos los pueblos del mundo.
Ello tiene el sello de legitimidad que emana de nosotros los pueblos de países en desarrollo como Honduras, porque gran parte de los ciudadanos soberanos estamos comprometidos con sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible e instamos, al gobierno actual o a quienes deseen democráticamente ostentar y ejercer legítima representatividad, a aplicar ese plan universal de acción para el logro de los objetivos de desarrollo sostenible, avanzando fehacientemente en: la reducción de las desigualdades internas e internacionales; la superación de la pobreza, en todas sus formas; el aseguramiento de la salud y el bienestar, así como de la educación inclusiva, equitativa y de calidad; la protección del medio ambiente, el uso sostenible de los ecosistemas, incluyendo la firmeza y debido aprovechamiento de medidas de resiliencia contra los efectos del cambio climático. Ese avance se tendrá promoviendo el crecimiento económico inclusivo y sostenible con empleo pleno y productivo y el trabajo decente para toda la gente; facilitando el acceso a la justicia para todas y todos; modelando toda la institucionalidad con criterios verdaderos de eficacia, inclusividad, transparencia y rendición de cuentas; adecuando el presupuesto nacional y los presupuestos municipales a esos objetivos; y contando con nuestra participación activa, productiva y solidaria con todos los pueblos, en la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible.
Los hondureños y hondureñas tenemos la voluntad y capacidad de lograr estos cambios estructurales, contribuyendo solidariamente a ellos como respuesta cívica concluyente ala incertidumbre y arbitrariedad. Lo que necesitamos son autoridades conscientes y responsables de los cargos que se les confían y de su probidad e integridad pública en el desempeño de las funciones, conforme al Estado democrático y social de Derecho que protege y promueve el desarrollo sostenible y bienestar de todo el pueblo hondureño.
