Guatemala – El abogado Marco Vinicio Mejía, exasesor y antiguo profesor del presidente, Jimmy Morales, dijo hoy que lo «reprobaría» de la materia de derecho constitucional por su decisión de terminar antes de tiempo el acuerdo de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
A su llegada a la Corte de Constitucionalidad para presentar un amparo en contra de la decisión del mandatario, Mejía indicó a la prensa que el mandatario no «ganaría» la materia de «derecho dogmático», debido a que «al ser CICIG una ley, ésta no se puede desobedecer».
El exconsejero presidencial en 2016, doctor en derecho y filosofía, fue tutor de la tesis de Morales en su doctorado en seguridad que tomó previo a concursar por la presidencia en 2015.
Sostuvo que los consejeros de Morales «exmilitares, expastores neopentecostales, oligarcas y poderes oscuros del país no entienden que el acuerdo de CICIG es una ley del país», debido a que fue aprobado por el Congreso según el decreto 35-2007.
Mejía agregó que su amparo, el cual fue admitido para su trámite, «va dirigido a que se está desobedeciendo la ley» y subrayó que «todos (los ciudadanos) tenemos que obedecer el decreto, porque el acuerdo no es solo de derecho internacional, sino de derecho interno».
Aseguró que Morales «está violando flagrantemente el ordenamiento jurídico guatemalteco y es el primero que debe obedecer la ley» y recordó que este lunes, al hacer el anuncio de terminación de la CICIG el presidente dijo que se estaban «afectando sus derechos», lo cual «no puede ser, pues él no tiene derechos, sino funciones, pues debe servir al país».
El Constitucional aceptó también para su trámite otras dos acciones de amparo, presentadas por la Procuraduría de los Derechos Humanos y el capítulo guatemalteco de Transparencia Internacional, Acción Ciudadana y las partes (el presidente, el Congreso y la canciller, Sandra Jovel) fueron notificadas a las 16.12 hora local (22.12 GMT).
Según el portavoz del Constitucional, Santiago Palomo, «se le dio un plazo de 3 horas a las autoridades denunciadas para remitir los informes circunstanciados» y, al ser recibidos estos informes, » oportunamente se convocará para el conocimiento del Pleno» de magistrados del máximo tribunal.
