San Pedro Sula – Problemas administrativos derivados por la suspensión y remoción de personal de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), así como la incapacidad para conseguir tres transformadores, impiden que esté funcionando el hospital móvil para COVID instalado en Villanueva, Cortés, norte de Honduras.
Así lo informó este fin de semana, el Ministro de Gobernación, Leonel Ayala, quien dijo no logra conseguir tres transformadores para echar andar el hospital.
Consultado sobre por qué no ha entrado en operaciones el hospital móvil en Villanueva, Cortés, el funcionario respondió: “Hubo una destitución de un administrador de Copeco -el exgerente administrativo de apellido Santelli- cuando no hay un administrador no se pueden hacer adquisiciones, ni compras, ni nada. Después de eso se dio el caso de Gabriel Rubí, que también fue removido del cargo, de tal forma que tiene casi dos semanas Copeco sin tener la parte administrativa completa”.
Remarcó que “no se pueden hacer adquisiciones, compras, ni acciones de la parte administrativa, y ahí -en el hospital móvil- hay que comprar unos transformadores, y lo digo porque soy interesado en ver cómo se puede ayudar”.
Agregó que el trámite legal del nuevo director de Copeco, Carlos Cordero, requiere de un proceso, “entonces mientras no esté completa la legalidad de las firmas para un cheque, no se puede adquirir un producto tan básico que se necesita en ese hospital cómo como son los transformadores”.
El ministro Ayala dijo que personalmente ha recurrido a personas para solicitarles les presten los transformadores y no se ha podido.
El funcionario enfatizó que el impasse para que el hospital móvil no entre en operación es por los transformadores. El personal médico y técnico está listo, aseguró.
“Si hubiera alguien que voluntariamente pudiera prestarnos los transformadores, se colocan, estamos buscando quien nos ayude”, concluyó.
La semana anterior, a raíz del desuso y abandono de un hospital móvil recién instalado en Villanueva, Cortés, para enfrentar la epidemia de COVID-19, de oficio se inició una investigación por equipos de la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) y de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC).
