Los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo fueron adoptados en 1998 por los Estados miembros de la OIT. En la reciente Conferencia Internacional del Trabajo (CIT) se aprobó una resolución para agregar el principio de un ambiente de trabajo seguro y saludable a los mencionados Principios y Derechos Fundamentales.
De esa manera, por influencia de la pandemia de COVID19, y la insuficiencia de los servicios de salud, a las cuatro categorías de Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo se adicionó una quinta: seguridad y salud en el trabajo:
- la libertad de asociación y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva;
- la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio;
- la abolición efectiva del trabajo infantil;
- la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación.
- la seguridad y la salud en el trabajo
Con referencia a la primera categoría, la libertad de asociación y reconocimiento del derecho de negociación colectiva, la experiencia hondureña ha sido mixta, pues algunos sindicatos del sector público y privado han abusado de su poder de negociación y han terminado obligando el cierre de entidades o a necesarios ajustes dentro de estas, como fue el caso del Banco Nacional de Fomento en abril de 1980 que fue sustituido por BANADESA.
Una investigación de Diario El Heraldo hoy revela los serios problemas que enfrenta el Instituto de Formación Profesional, INFOP en su sitio web mantiene el eslogan: “¡Formando el presente, desarrollamos el futuro de Honduras!”.
INFOP, creado en diciembre de 1972 (50 años) según OIT/CINTERFOR, “es la institución rectora de las políticas de formación profesional encaminadas al desarrollo económico y social del país y para todos los sectores de la economía, proporcionando a los hondureños y hondureñas una opción de formación, capacitación y certificación para enfrentar los retos de la sociedad moderna.”
Con una ejecución del presupuesto en gastos personales de 86.3% en 2020 y un Diagnóstico Institucional de USAID citado por el mismo diario que anticipa, de mantenerse la tendencia, que los servicios personales alcanzarán 96% en 2025, la existencia del instituto de los técnicos intermedios o la denominada ‘universidad del pueblo’ enfrenta un oscuro porvenir a corto o mediano plazo. Salarios con exagerados beneficios colaterales, empleomanía, politización y mala administración son según El Heraldo los causantes de la precaria situación.
Los sindicatos y su instrumento principal, el contrato colectivo de trabajo son importantes para mantener el equilibrio patronal-laboral. Pero, es notoria la diferencia de su manejo en el sector público versus el sector privado, ya que, en este último, los negociadores que representan a la empresa defienden el interés de los dueños; mientras en el sector público, la contraparte patronal no responde a dueño alguno y manifiesta motivaciones muy diferentes concluyendo en transacciones que incluyen el resultado de las próximas elecciones.
En el sector público, tanto la parte sindical como la patronal deben estar conscientes que, lo que negocian en un contrato colectivo de trabajo tiene repercusiones serias respecto a la entidad que pertenecen, con mayor antigüedad seguramente, por parte del sector de los trabajadores. Llevar a la fuente de trabajo hasta límites en donde se compromete su existencia, al final no beneficia a nadie.
