Tegucigalpa – Las expectativas eran grandes, todo el país estaba pendiente de la primera condena por el delito de tráfico de influencia en Honduras y se dio este lunes.
El Tribunal de Sentencia dictó la condena al ex vicepresidente del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial, Teodoro Bonilla Euceda, a quien castigó con seis años de prisión.
La pena aplicada fue la mínima establecida; el Ministerio Público exigía la mayor posible en el caso, nueve años y así lo dejó plasmado.
Bonilla, además, fue condenado a una inhabilitación absoluta y una multa de 200 mil lempiras.
El fallo de culpabilidad se emitió por «unanimidad» el 30 de junio por el delito de Tráfico de Influencias en perjuicio de la Administración Pública en la resolución dictada a favor de los familiares del ex segundo al mando del fenecido Consejo de la Judicatura.
En el momento que Teodoro Bonilla fue declarado culpable por el delito de tráfico de influencia.
El caso conocido como “Shalom”, permitió en un juicio, por influencia de Teodoro Bonilla, favorecer a Dennys Donadyn Bonilla García acusado por almacenamiento ilegal de armas y municiones comerciales y almacenamiento de armas prohibidas y Carlos Roberto Bonilla, acusado por los delitos de lavado de activos y almacenamiento de arma prohibida y municiones.
A criterio del acusador, el Ministerio Público, claramente se consiguió demostrar y poner al descubierto la forma en que en el expediente “Shalom”, Teodoro Bonilla y las juezas co-imputadas Liz María Ernestina Núñez Cardona y Delmy Elizabeth López Paz, malintencionadamente manipularon la ley y dieron un beneficio a los dos parientes del exconcejal, procesados por delitos de criminalidad organizada.
Cabe señalar, que por esta misma causa criminal, Liz María Ernestina Núñez Cardona guarda prisión preventiva en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS) por los delitos de prevaricato y abuso de autoridad, y contrario a ello, en el caso de Delmy Elizabeth López Paz, quien actualmente se desempeña como magistrada de Corte de Apelaciones de lo Civil de San Pedro Sula y se continúa a la espera de la tramitación de una apelación interpuesta contra la admisión de un antejuicio promovido en su contra por los delitos de abuso de autoridad y tráfico de influencias.
En el momento que la jueza Liz María Núñez fue detenida por el caso Shalom.
MP no aprueba condena a Teodoro Bonilla
El Ministerio Público considera que la pena mínima de seis años de cárcel impuesta por el tribunal sentenciador no es acorde a las circunstancias en que se cometió el tráfico de influencias.
En la Audiencia de Individualización de Pena del pasado 28 de agosto pasado, el Ministerio Público había solicitado la pena máxima de nueve años de reclusión, más ocho años de inhabilitación y 300 mil lempiras de multa, planteando como circunstancias agravantes en la consumación del delito, el hecho que Teodoro Bonilla actuó con premeditación conocida, astucia y fraude, abusó de su superioridad, obró con abuso de confianza y se prevalió del cargo o carácter público para ejercer presiones, solicitar favores y conseguir resoluciones judiciales al margen de ley, según los numerales 6, 7, 8 y 9 del artículo 27 del Código Penal.
La defensa tuvo mayor logro porque solicitó que le dieran la pena mínima de seis años y que no se le cobrará la multa. La primera fue la condena que dio el juez.
No cumplió las expectativas, pero es valiosa
El coordinador de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Carlos Hernández, aseguró que, no obstante, las expectativas eran grandes y esperaban la pena máxima para Teodoro Bonilla, no niega que, aunque se dio la pena mínima es importante porque el delito no quedó en la impunidad.
Respetamos la determinación de la sala, pero, tomando en cuenta la posición de esta persona, nuestra expectativa era la pena máxima como un mensaje para evidenciar a un alto funcionario que hizo un gran daño al Poder Judicial, pensábamos que le iban a poner la pena máxima que había solicitado el Ministerio Público”, dijo.
Agregó que “sin embargo no podemos dejar de decir que es positivo porque es un caso que no queda en la impunidad, es una condena importante porque es más de cinco años y no es fiable. Nos parece positivo, por un lado, pero pensábamos que iban a dar la pena máxima”.
Mientras el exjuez Félix Ávila explicó que la pena mínima o máxima se da dependiendo de las pruebas y el daño que haya causado la persona sentenciada.
“Lo que dicen las leyes para poner una pena concreta es que se toman en cuenta las circunstancias atenuantes, las gravantes, daño que se haya producido, los antecedentes penales entre otros”, explicó Ávila.
Añadió que “todos los casos son diferentes, pondré un ejemplo de una condena por robo, si alguien le robó todo a otra persona le hizo un daño económico muy grande y la pena es mayor al que robó en menor cantidad, el agravante sería si fue con arma de fuego o blanca. En este caso como es un caso de tráfico de influencia, la víctima es la administración pública, entonces en este caso el juez mira cuanto afectó y por eso tomó la decisión”.
Para el exjuez solo quien lleva el caso sabe por qué la condena es de seis años, o por qué pudo ser siete, ocho o nueve años que es la pena máxima.
“Un juez no puede ser arbitrario de poner la pena máxima porque se le ocurre o por qué un medio de comunicación lo dice, tampoco puede poner la pena mínima en un caso evidente porque lo desea”, cerró.
Lo cierto es que la condena a Teodoro Bonilla, ex presidente del gremio de los jueces y segundo al mando del Consejo de la Judicatura marca un precedente en la justicia hondureña. Se trata de un alto cargo con influencias, que ha recibido una condena por abusar en sus funciones y valerse de su autoridad en detrimento de la justicia y de la ética en un país donde la impunidad ha sido la norma.
Teodoro Bonilla actualmente se encuentra recluido en el Segundo Batallón de Infantería Aerotransportado de Támara y ya tiene una pena de seis años, el primer condenado por tráfico de influencia en el país.
