Tegucigalpa – El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) señaló este viernes que existe un patrón de incumplimiento, por parte del Estado hondureño, de las sentencias de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (Corte IDH), en especial con aquellas medidas que tienen que ver con la investigación y sanción a posibles responsables de cometer delitos contra defensores de derechos humanos, en particular, del ambiente y de los pueblos originarios.
– Desde 1988 a abril del 2024, el Estado hondureño fue sometido a sentencia en 19 casos contenciosos por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (Corte IDH). Actualmente 16 casos se encuentran en etapa de cumplimiento, mientras que tres fueron archivados.
El propósito de las medidas recomendadas por la Corte IDH, al Estado hondureño, es eliminar el efecto causado por la violación de derechos humanos, sin embargo, es alarmante como estas situaciones ocurridas, décadas atrás, permanecen sin ser atendidas.
Asuntos relacionados a las sentencias como la protección estatal de la actividad de los defensores de derechos humanos y del medioambiente, la seguridad jurídica territorial indígena y afro hondureña, el sistema nacional penitenciario, el reconocimiento y respeto a la identidad de género, la protección y garantías judiciales contra la explotación laboral y los recursos naturales indígenas, son asuntos de suma urgencia que son vistos con indiferencia por los gobernantes.
Según el ente estatal, el incumplimiento, por parte del Estado hondureño, de las medidas dictadas por la Corte, en cuanto a la restitución, la garantía de no repetición y la obligación de investigar, juzgar y sancionar podrían ser, en el futuro cercano, la causa de una seria crisis social para el país.
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Daniel Cáceres, director del Observatorio Nacional de Derechos Humanos del Conadeh, explicó que, si bien la compensación económica la puede dar el Estado a través de pagos a las víctimas, lo más importante es la investigación porque es la satisfacción que le da las víctimas que la justicia ha llegado efectivamente.
Indicó que el Conadeh se ha puesto a disposición y ha ofrecido sus buenos oficios para acelerar el cumplimiento de las sentencias, por parte del Estado de Honduras.
No obstante, comentó, que ese cumplimiento, como dice la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, se impulsa por la voluntad política.
Desde 1988 a abril del 2024, el Estado hondureño fue sometido a sentencia en 19 casos contenciosos por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (Corte IDH). Actualmente 16 casos se encuentran en etapa de cumplimiento, mientras que tres fueron archivados.
La titular del Conadeh, Blanca Izaguirre exhortó al Estado hondureño a cumplir “sin dilaciones” las sentencias de la Corte IDH ya que, cuando se incumplen las sentencias se evaden las expectativas de justicia para los familiares y demás víctimas de violaciones a los derechos humanos.
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En la lucha contra la impunidad, el Estado hondureño tiene la obligación de juzgar a los responsables de las violaciones a los derechos humanos y garantizar el derecho que tienen los familiares de conocer la verdad de lo ocurrido.
Las diferentes sentencias contra el Estado de Honduras, han tocado temas profundos y estructurales que van desde violaciones del derecho a la vida de defensores del ambiente, inseguridad jurídica sobre la propiedad territorial de las comunidades garífunas, el sistema penitenciario y casos de ejecuciones extrajudiciales.
Honduras fue el primer país del continente en ser condenado por la Corte IDH por el caso Velásquez Rodríguez, sentencia que se emitió el 9 de julio de 1988, caso que se encuentra archivado.
Entre los años 2003 y el 2018, la Corte IDH emitió 11 sentencias contra el Estado de Honduras y 5 entre el 2021 y el 2024.
En marzo del 2021, el Estado hondureño fue condenado por el caso Vicky Hernández, el 31 de agosto, de ese mismo año, por el caso de los buzos misquitos (Lemoth Morris y otros), el 3 de octubre del 2022 por el caso Deras García, el 14 de diciembre del 2023 por el caso de la comunidad garífuna de San Juan y el 1 de abril del 2024 por el caso Gutiérrez Navas y Otros versus Honduras. JS
