Tegucigalpa. – Desde hace varios años atrás las autoridades gubernamentales de Honduras, sostienen que el ‘Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República’ es un instrumento de desarrollo para fomentar el progreso del país.
Para tener un marco de referencia del asunto le pregunté a la inteligencia artificial Aria acerca del tema, y su respuesta fue la siguiente:
Para garantizar que el presupuesto general de ingresos y egresos de un país sea un verdadero instrumento de desarrollo, es importante considerar una serie de condiciones y factores que contribuyen a su eficacia y transparencia. Algunos de estos incluyen:
Condición macroeconómica estable: 1) Bajo nivel de inflación. 2) Bajo déficit fiscal. 3) Crecimiento económico sostenible. 4) Estabilidad cambiaria.
Gestión eficiente de recursos: 1) Transparencia en la asignación de recursos. 2) Combate efectivo a la corrupción. 3) Uso eficiente de los ingresos públicos.
Participación ciudadana: 1) Mecanismos de participación ciudadana en la elaboración y seguimiento del presupuesto. 2) Acceso a la información sobre el presupuesto y sus ejecuciones.
Priorización del gasto social y de inversión: 1) Destinar recursos a sectores clave como educación, salud, infraestructura y desarrollo sostenible. 2) Fomentar la inversión en investigación, innovación y tecnología.
Transparencia y rendición de cuentas: 1) Publicación detallada del presupuesto y sus ejecuciones. 2) Auditorías independientes y rendición de cuentas por parte de las autoridades.
De las trece anteriores condiciones y factores señalados por Aria, únicamente seis (46.2%) se cumplen en este país, de modo que teóricamente se puede concluir que el presupuesto general de ingresos y egresos de Honduras, únicamente a medias constituye un verdadero instrumento de desarrollo. Las condiciones y factores faltantes o no atendidos impiden que el presupuesto nacional cumpla con el propósito de promover una gestión más eficiente y equitativa de los recursos públicos, obstaculizando así el desarrollo económico y social de la nación.
La conclusión anterior necesita ser evaluada más detenidamente, ya que algunos analistas financieros nacionales se atreven a decir que el Presupuesto General del 2024 del país, solamente es una herramienta para crear más pobreza en Honduras. Por esta razón, hago acopio de las cifras del presupuesto contenidas en el número 36,437 del periódico oficial La Gaceta, publicadas el 18 de enero de 2024.
El monto total del presupuesto para el 2024 es de L.407,137.5 millones, que comparado con el presupuesto aprobado para el 2023 de L.392,519.8 millones, registra un incremento de apenas un 3.7%, pero que al contrastarlo con el presupuesto ejecutado de L.293,771.6 millones, reflejaría un incremento de 38.6% en relación con el del año anterior, lo cual es bastante abultado.
Del total del presupuesto aprobado para el 2024, un monto de L.248,775.1 millones le pertenecen a la Administración Central, con un incremento de 6.1% respecto al 2023; a su vez, L.158,362.3 millones corresponden a la Administración Descentralizada, con un aumento de apenas 0.2% en relación con el 2023. Esto implica que la mayor parte del incremento del presupuesto lo absorbe la Administración Central, lo cual puede ser algo positivo ya que le impide a las entidades descentralizadas gastar más dinero ajeno.
El déficit fiscal total del presupuesto del 2024 asciende a L.76,082.4 millones, equivalente al 8.33% del PIB del presente año, cuya estimación asciende a L.913,179.1 millones, superando en 8.02% al PIB de 2023 que según el BCH fue de L.845,400.0 millones. Estas cifras implican que el crecimiento económico real del 2024 será apenas de un 3.52%, debido a que la inflación se ubicará alrededor de un 4.5.0%.
Los ingresos tributarios proyectados para 2024 ascienden a L.157,086.9 millones, superior en 8.91% a la meta de L.144,230.1 millones que se programó para el 2023, y que aparentemente se logrará superar. Con todo, esa estimación de ingresos tributarios no tiene en cuenta que para el 2024, el crecimiento económico será menor al registrado durante el 2023, ya que la actividad económica y el comercio mundial se están desacelerando.
La inversión productiva y social según uno de los considerandos del decreto No. 62-2023 que contiene el presupuesto de 2024, será de L.96,461.5 millones el año en curso, pero de la misma apenas 35,107.6 millones de lempiras (36.4%) se destina al Programa de Inversión Pública (PIP); sin embargo, del PIP un 42.7% es inversión social y tan solo 57.3% es realmente inversión productiva. De esta manera, en verdad el gobierno dispondrá de L.76,344.85 millones para realizar gasto social e institucional en el 2024.
En resumen, el presupuesto del 2024 es más de lo mismo y está muy alejado de representar una verdadera herramienta para impulsar el desarrollo del país, ya que la mayoría de los recursos se utilizarán para cubrir el gasto corriente de 24 Secretarias de Estado, 40 Instituciones desconcentradas, 10 Órganos Constitucionales, 13 Instituciones Autónomas, 8 Empresas públicas, 5 Institutos de Previsión y Seguridad Social, 4 Universidades, 4 Instituciones Financieras Bancarias y no Bancarias y otras 4 más, que totalizan 112 entidades públicas. Más brevemente, el Estado es demasiado grande, poco transparente y poblado de entidades ineficientes.
· Roldán Duarte es un destacado economista hondureño con amplia experiencia en el ramo que hoy se suma al staff de columnistas de Proceso Digital. Con experiencia de más de tres décadas, fue funcionario del BCH, presidente del Colegio de Economistas de Honduras, ha sido docente universitario y posee una maestría en Economía Empresarial del INCAE, entre otras calificaciones académicas e investigativas que le destacan.
