El presupuesto de una nación es un instrumento para su desarrollo. Normalmente incluye las prioridades de la sociedad tal y como las interpreta la clase gobernante. Resulta por tanto necesario, por no decir obligatorio, discutir ampliamente el presupuesto, a fin de asegurar que refleje adecuadamente nuestras prioridades. Veamos y comentemos entonces el proyecto de presupuesto que ha sido enviado al Congreso y llegue usted a sus propias conclusiones.
El presupuesto asciende a 248,219 millones de lempiras y representa un aumento del seis por ciento con respecto al presupuesto de 2023. La inflación oficial es similar a ese porcentaje, por lo que podemos decir que en términos reales, es decir, descontando la inflación, el presupuesto no ha aumentado. Aún así, representa un cuarenta y cuatro por ciento del Producto Interno Bruto, PIB, lo cual es excesivamente alto. Para colocar el asunto en perspectiva se debe recordar que la cifra correspondiente para Estados Unidos es 24%, para Guatemala es 14.7%, para Costa Rica 19.4% y en 2022 el promedio para 125 países fue 16.2%. Todo indica que tenemos un presupuesto muy elevado considerando el tamaño de nuestra economía. Para alcanzar niveles comparables a los de otros países tendríamos que reducir el presupuesto o hacer crecer más la economía, o lograr ambas cosas. Como nuestros gobernantes insisten en ampliar, en lugar de reducir, el papel del gobierno en la economía (véase el caso del sector eléctrico), nuestra situación no registrará mejora, al menos en lo que resta de esta Administración.
Sin perjuicio de lo anterior, veamos en más detalle el proyecto de presupuesto. Si vemos los diferentes renglones notaremos que ya ocurrió lo que algunos habíamos pronosticado. El pago del servicio de la deuda, 55,635 millones, es ahora el rubro más grande del presupuesto, seguido por la Secretaría de Educación, 40,753 millones, y la Secretaría de Salud, 29,130 millones. Lo más preocupante es que la brecha entre el servicio de la deuda y esas dos Secretarías continuará creciendo en vista de nuestro acelerado endeudamiento. A pesar de la importancia de esas Secretarías, su presupuesto ha crecido tan solo un 21% en el caso de Educación, y un 31% en Salud con relación al presupuesto de 2022. A mi juicio, la sociedad habría requerido que se asigne más recursos a esas Secretarías, en particular a la de Salud.
Pero veamos ahora quienes han recibido los aumentos más importantes con respecto al presupuesto 2022. El más notable es el caso de la Oficina de Gestión de Resultados, cuyo presupuesto pasó en un año de 73 millones a 560 millones, es decir, se septuplicó, a pesar de que la gestión del gobierno no mejoró. También impresiona el caso de CONATEL, cuyo presupuesto pasó de 148 millones en 2022 a 818 millones en 2024, es decir, se quintuplicó. Este caso es particularmente notable ya que es una institución que hace poco, o nada. Simplemente presta su nombre para convocar a las aburridas cadenas nacionales. Cuanto bien podrían hacer esos fondos si se asignaran para la compra de medicinas. Pero continuemos. En lo referente a la Secretaría del Ambiente, su presupuesto pasó de 236 millones a 988 millones, es decir que se cuadruplicó. En el caso de la Secretaría de la Presidencia, el presupuesto pasó de 832 millones a 2,678 millones, es decir se triplicó en dos años. Igualmente ocurrió con la Secretaría de Agricultura y Ganadería, cuyo presupuesto subió de 2,102 millones a 6,436 millones, es decir que también se triplicó. En muchos otros casos, tales como el Instituto Penitenciario, la agencia reguladora del agua, la Secretaría de Trabajo, la Secretaría de Desarrollo Económico, la Secretaría de Derechos Humanos, la Secretaría de la Mujer, la Comisión de Deportes y la Secretaría de Agua y Saneamiento, los presupuestos fueron duplicados en dos años. ¿Cómo justificar estos extraordinarios aumentos? ¿Qué hemos recibido a cambio? ¿Ha mejorado sustancialmente alguna de las funciones del gobierno? En general, el presupuesto revela una extrema generosidad para gastar nuestros impuestos. A mi juicio habría sido mucho mejor para el desarrollo del país reducir los impuestos que inflar los presupuestos de entes que producen poco, o ningún beneficio, para la población.
En general, el gobierno ha sido excesivamente generoso al asignar recursos sin que, aparentemente, medie algún criterio lógico. Veamos ahora el caso de las empresas estatales que funcionan únicamente gracias a las transferencias del gobierno central. Estas empresas, y los subsidios que reciben, son ENEE con 12,000 millones, Hondutel con 500 millones, SANAA con 400 millones (muchos creímos que SANAA desaparecería con la municipalización del suministro del agua, pero allí sigue consumiendo recursos que podríamos usar para comprar medicinas), IMA con 120 millones, BANASUPRO con 400 millones, el Ferrocarril con 7 millones (asómbrese, pero todavía existe), Correos con 90 millones y BANADESA con 1,400 millones. El presidente de este banco recientemente justificó el jugoso aumento de sueldo que recibió (más de cincuenta mil lempiras mensuales de aumento) aduciendo que BANADESA había superado su crítica situación financiera, pero vemos que el presupuesto incluye una significativa transferencia para que no cierre sus puertas. A fin de mantener a flote estas fallidas empresas, el gobierno debe transferirles un total de casi 15,000 mil millones de lempiras. ¡Cuánto bien podrían hacer estos recursos si los dedicáramos a la salud y a la reducción de impuestos!
En cuanto a inversión, el total previsto es de 96,462 millones, o sea un 10.5% del PIB y un 23.7% del presupuesto. Pero recordemos que el grueso es “inversión” social, o sea, transferencias condicionadas en efectivo y subsidios. Poco se asigna a la construcción de puentes, caminos y carreteras, y menos aún al control de inundaciones. En 2022 solamente se utilizó un 42% de lo presupuestado para inversión, y este año con suerte llegaremos al 50%. El gobierno es bueno para gastar en sueldos y salarios, para contratar activistas, pero incompetente para invertir, y sin inversión no hay crecimiento económico.
Para concluir, recordemos que la calidad del gasto es tan importante como la cantidad del mismo. Para ilustrar, veamos cuanto gastamos en salud y educación. En Salud, sumando lo gastado en la Secretaría a lo que contemplamos para el IHSS y para el Hospital escuela tenemos que dedicamos 49,200 millones, 8.7% del PIB a la salud. En Educación si sumamos lo gastado en la Secretaría con lo asignado a la UNAH, a la UPFM, a la Universidad Forestal y a la Agrícola, al INFOP y a Crédito Educativo tenemos que gastamos 50,450 millones, o sea un 8.9% del PIB. Si bien faltaría aún recursos para llegar a un 10% del PIB, ya son cifras razonables para un país de ingresos medios bajo. Sin embargo, me parece que no estamos obteniendo resultados compatibles con el esfuerzo financiero que hacemos. No solo se trata de asignar recursos, sino de gastarlos o invertirlos eficiente y efectivamente. En pocas palabras, la calidad del gasto es muy baja y debe ser mejorada, pero eso será el tema de otro artículo. Lo que resulta evidente es que el presupuesto debe ser revisado, recortado y reformulado para reflejar apropiadamente nuestras prioridades.
