Tegucigalpa – El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Roberto Herrera Cáceres, cuestionó hoy que cuando se captura a las personas para investigar se vulnera el derecho a la presunción de inocencia, lo que deja como consecuencia el hacinamiento en los centros de privados de libertad del país.
– Hasta el 2015, la población penitenciaria era de 16,146 privados de libertad, de los cuales, 8392 del sexo masculino y 500 personas del sexo femenino, todos de nacionalidad hondureña, así como 104 extranjeros, estaban en calidad de procesados, cifra que representa alrededor del 56% de la población privada de su libertad.
“Generalmente las personas que están bajo presunción de inocencia se les debe escuchar en libertad y aquí se ha puesto mucha medida restrictiva de la libertad aún para hacer investigaciones”, señaló.
Consultado en torno a la reforma hecha por el Congreso Nacional que deja a discrecionalidad de los jueces la aplicación de medidas cautelares, el Defensor del Pueblo indicó que, en materia de derechos humanos, la medida de prisión no puede ser utilizada constantemente como se ha venido haciendo, aplicada para personas que están bajo presunción de inocencia.
El punto fundamental, según Herrera Cáceres, es como se ha alterado la situación en el país, cuando las autoridades envían a las personas a prisión muchas veces para hacer investigaciones en vez de hacer las investigaciones para declarar la medida de prisión, situación que trae como consecuencia que la presunción de inocencia es la que resulta vulnerada.
Explicó que en recientes estudios que se han hecho en otros países centroamericanos, sobre el hacinamiento en los centros penales, se ha verificado que es por seguir la misma línea que seguimos en Honduras.
Hay muchas personas bajo presunción de inocencia que están en las cárceles y eso provoca el hacinamiento, problema que no se logra reducir ni con la creación de nuevas instalaciones, expresó.
Añadió que el problema se vuelve más grave para la sociedad, si al hacinamiento se le suma que las mismas instalaciones penitenciarias o centros de detención no están respondiendo para la finalidad con que fueron creadas que es la rehabilitación del privado de libertad.
El 20 de julio, el Congreso Nacional aprobó una reforma al artículo 184 del Código Procesal Penal que le permite a los jueces de los tribunales la discrecionalidad sobre las medidas cautelares.
De acuerdo al Conadeh, la actividad penitenciaria se ha desarrollado en el país sin apegarse al cumplimiento de las garantías, reconocimiento y respeto de los derechos humanos de los privados de libertad, así como de quienes buscan su rehabilitación, reeducación e inserción social.
A partir del 2015, se habilitaron 30 centros penitenciarios para adultos, que incluyen la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS) y la Jefatura Departamental de Policía No. 11, que alberga a los detenidos en el departamento de Islas de la Bahía.
El 9 de abril de 2014, el Instituto Nacional Penitenciario habilitó el Centro Preventivo Los Cobras, para niños infractores; el Primer Batallón de Infantería en El Ocotal; el Segundo Batallón de Infantería Táctico; y el Tercer Batallón de Infantería en Naco, Cortés.
Dichas instalaciones fueron habilitadas para la reclusión de imputados por las urgencias originadas en el aumento de la población penal, su hacinamiento en los centros de detención ordinarios y por la misma seguridad de los privados de libertad.
Hasta el 2015, la población penitenciaria era de 16 mil 146 privados de libertad, de los cuales, 8 mil 392 del sexo masculino y 500 personas del sexo femenino, todos de nacionalidad hondureña, así como 104 extranjeros, estaban en calidad de procesados, cifra que representa alrededor del el 56% de la población privada de su libertad.
En esta radiografía de la situación de los centros penales se detalla que 6,830 hombres y 238 mujeres al igual que 82 extranjeros de los cuales 14 son del sexo femenino, están condenados en las diferentes cárceles del país.
Se estima que en muchos centros penitenciarios la sobrepoblación supera en dos y hasta tres veces su capacidad por lo que el hacinamiento es uno de los principales problemas que afronta este sistema.
La situación de los centros penitenciarios poco ha cambiado y su problemática tiende a agudizarse, es del conocimiento público la mala gobernanza, así como la participación de privados de libertad en actividades como extorsiones, secuestros, sicariato, entre otros.
Inspecciones realizadas por jueces de ejecución de la Corte Suprema de Justicia en la Penitenciaría Nacional “Marco Aurelio Soto”, revelan las deficiencias en las instalaciones físicas y de infraestructura, alimentación inadecuada para los detenidos, hacinamiento y violencia, entre otras.
