Tegucigalpa – El Congreso Nacional aprobó este jueves un contrato de préstamo que fue suscrito entre el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), y el gobierno de Honduras por un monto inicial de 100 millones de dólares que tiene como objetivo apoyar la reactivación de las empresas y ha sido otorgado en términos altamente concesionales, explicó la ministra de Finanzas, Rocío Tábora quien participó en la sesión virtual que sostuvo este día la Cámara Legislativa.
Los recursos están destinados a financiar la ejecución del «Programa para la Reactivación Económica a través de la Mipyme en la Crisis y Post Crisis Covid-19 en Honduras».
En ese sentido, Tábora refirió que este es un primer tramo por 100 millones de dólares de una línea de crédito con el BCIE que podría llegar hasta 300 millones de dólares.
Detalló que esos 100 millones de dólares tienen una concesionalidad ponderada de 22.42 por ciento, lo que significa que más de 35 millones de esa operación vienen de una fuente de recursos del BCIE, que tiene una tasa de interés de 1.5 fija anual, un plazo de 25 años y un período de gracia de cinco años.
Agregó que los otros más de 64 millones tienen una tasa, es tasa Libor de seis por ciento, más 2.50 por ciento, un plazo de 20 años y un período de gracia de cinco años, lo que representa una concesionalidad ponderada del 22.42 por ciento, y el objetivo es apoyar la reactivación de las empresas.
La funcionaria apuntó organismos encargados de dar la calificación crediticia de país, así como los países que también hacen una valoración externa manifiestan que en los últimos años el saldo de la deuda del Sector Público No Financiero (SFNF), que abarca a todas las instituciones del sector público, ha mantenido un comportamiento estable.
Precisó que a marzo del 2020 la deuda total del Gobierno de Honduras ascendía a 11 mil 362.3 millones de dólares, eso qué quiere decir, que en relación al Producto Interno Bruto (PIB), es 44.8 por ciento.
“Nosotros también hemos hecho algunos estudios comisionados y se ha visto que la tasa de retorno de los préstamos de estos seis años es alta, llega en algunos casos hasta 70-77 por ciento, el total de la tasa de retorno en períodos anteriores ha sido como de un 30, un 25 por ciento, las tasas de retorno qué quiere decir, cuánto de esos préstamos retornan a la economía, cuánto realmente favorecen la economía y esos estudios dicen que los préstamos que hemos sacado en estos seis años tienen una tasa de retorno a la economía arriba del 77 por ciento en promedio”, explicó.
La ministra estimó que, al cierre de este año, lo que se tiene planificado en base a la autorización emitida por el Congreso Nacional para mitigar los efectos del COVID-19, con todos los préstamos que se están adquiriendo, se llegaría a un nivel de deuda más o menos del 53 por ciento en relación al Producto Interno Bruto.
Cabe señalar que este nivel de deuda es inferior al promedio de 63 por ciento de los países de igual calificación crediticia de Honduras.
“No pretendemos llegar al 63 por ciento, sino mostrarles a ustedes que el endeudamiento que se está contrayendo en este momento para atender la pandemia, va llegar al final del año hasta un máximo de 53 por ciento que es menor de lo que ustedes han autorizado”, aseveró la funcionaria.
Señaló que aun así, la deuda se mantiene con condiciones bastante favorables, porque todas esas operaciones son contratadas en condiciones financieras propicias, lo que representa que se otorgan a plazos largos, tasas bajas, largos períodos de gracia y ese es un factor que permite que el impacto en el servicio de deuda sea manejable y de acuerdo a la capacidad del Estado para hacer frente a las obligaciones, cómo está, cuánta es la deuda y cuánto es lo programado de manera responsable.
Detalló que, en este momento, la deuda contraída en el marco de la emergencia, asciende a mil 47.3 millones de dólares y de esa cantidad una gran parte es para apoyar de Proyecto de Competitividad (ComRural), el Programa de Desarrollo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que también ya se aprobó, son recursos para el desarrollo agrícola, para la reactivación económica del desarrollo agrícola.
Tábora reiteró que está de acuerdo que el sistema de veeduría se fortalezca, y la veeduría la hacen los ciudadanos.
“Nosotros publicamos toda la información, ustedes entran al portal de Sefin y van a ver en detalle cada una estas cosas que yo les estoy diciendo, y luego si entramos en el enlace al portal del IAIP, allí hay todavía un detalle mayor, y luego, el Tribunal Superior de Cuentas también y la ciudadanía, informes de la ciudadanía que lo que usan es la información pública, o sea, nosotros cumplimos con la transparencia en la información y en el seguimiento las instituciones encargadas de hacer el seguimiento, a mí parecer están fortaleciendo su trabajo”.
Apuntó que ha habido un proceso también de reorientación y adaptación de esos recursos, hay préstamos que están firmados y se están priorizando y reorientando para las prioridades en materia de salud y en materia de reactivación económica como en el caso del proyecto ComRural que estaba para planificado para firma y que ya se firmó, pero con un giro de atención para que se adapten a atender la situación del agro en el contexto de la pandemia porque todo esto ha cambiado y todo esto es distinto.
Refirió que esta operación de crédito está vinculada a la operación de BCH para el tema de fondo de garantías.
