Las bases de 28 grupos campesinos dieron su visto bueno a los acuerdos pactados entre el gobierno y sus dirigentes y que les permiten acceder a seis hectáreas de tierras por cada familia ligada a la problemática.
El acta fue firmada en medio de la expectativa nacional en la fortaleza colonial de Santa Bárbara, en el atlántico puerto de Trujillo, Colón.
Al momento de firmar el acta el presidente Lobo Sosa dijo a los campesinos que se trata “no únicamente del tema de la tierra sino de un proyecto piloto, lo tomo de corazón, tienen mi confianza pero deberán trabajar duro”.
Los campesinos aplaudieron la decisión de Lobo pese a que hasta el lugar llegaron grupos de la resistencia “zelayista” que intentaron enrarecer el clima del evento.
El acuerdo preliminar se firmó en horas de la madrugada del 14 de abril, tras una reunión de más de 12 horas entre las comisiones negociadoras que buscaban solución al conflicto agrario, con la presencia del Presidente Lobo Sosa.
El acuerdo define que el Gobierno dotará a los campesinos de al menos 11,000 hectáreas de tierras en la conflictiva región.
Los campesinos no se interesaron en el proceso de coinversión ofrecido por el Gobierno, y han dicho que primero conocerán otras experiencias nacionales e internacionales.
El impacto financiero de la propuesta es de al menos 1,200 millones de lempiras.
En la zona unos 2,200 policías y militares realizan operativos de desarme ya que informes oficiales indican que el corredor atlántico es una de las zonas más calientes donde el narcotráfico ha superado sus actividades a niveles alarmantes.
Los contingentes se han alejado de las tierras que son ocupadas por campesinos pero continúan en la región como una medida para lograr el desarme de grupos ligados al crimen organizado dijeron las autoridades del ramo.
PUNTOS PRINCIPALES DEL ACTA DE COMPROMISO
El acta de compromiso, en sus puntos torales señala que se proporcionará tierra a los 28 grupos campesinos aglutinados en el MUCA, tres mil hectáreas de tierra cultivadas de palma africana e igual cantidad de tierras no cultivada.
A estas se suman otras mil hectáreas cultivadas de palma, en un plazo máximo de un año, a partir de la firma del acuerdo.
Además, otras cuatro mil hectáreas de tierra sin cultivar, las que serán adjudicadas en el plazo máximo de un año. En este punto se señala que si de la remedición resultara un excedente del sobretecho, la totalidad del mismo se adjudicará de inmediato al MUCA, mediante el pago de mejoras, deduciendo las mil hectáreas cultivadas antes mencionadas.
El Gobierno de la República se compromete a poner en posesión pacifica al MUCA, tres mil hectáreas de tierra cultivada de palma africana, una vez identificadas las aéreas geográficas correspondientes a dicha extensión y por su parte los campesinos se comprometen a desalojar en forma voluntaria el resto de la tierra ocupada.
Posteriormente se procederá a identificar las tres mil hectáreas de tierra no cultivadas en el término de tres meses.
Resalta en el acuerdo, el compromiso del Gobierno Central, de ejecutar en esa zona, proyectos sociales de salud, educación e iniciar el proyecto de construcción de 100 viviendas en un plazo de dos años, a fin de mejorar el nivel de vida de los campesinos.
Para dar seguimiento al presente acuerdo, se crearan dos instancias, un organismo de monitoreo independiente a propuesta de los campesinos y del Gobierno de la Republica como fiel garante del cumplimiento de los acuerdos.
El Mandatario garantizó su compromiso de instruir a las secretarías de Seguridad y de Defensa para que mantengan un entorno respetuoso de los derechos humanos.
Otros puntos del documento se refieren al valor de la compra de las tierras, tanto en producción como para las nuevas plantaciones, acción que realizará el Instituto Nacional Agrario (INA), en coordinación con técnicos propuestos por el MUCA, financiados por el Estado para definir la situación de las plantaciones y su rentabilidad.
También se creará una comisión técnico jurídica, integrada por un representante del INA, otro del Gobierno y un representante de la Secretaría de Agricultura y Ganadería y tres miembros del MUCA, a fin de rendir un informe en un plazo de 90 días, para definir la procedencia o consistencia técnica o legal de las compra ventas.
