Tegucigalpa – El presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rolando Argueta Pérez, imploró en las últimas horas no utilizar la justicia del país para actos de “venganza”.
“No puede el país ni ningún país estar utilizando la justicia para venganza, linchamiento, caprichos o sancionar injustamente a una persona”, expresó el titular del Poder Judicial de Honduras.
Acto seguido recordó su época como fiscal y refirió que siempre aconsejaba con la misma entereza que se aplicaba un requerimiento fiscal se debe cerrar una investigación.
Consideró que el tema de aplicación adecuada de la ley “no es fácil y es complejo” en Honduras.
No obstante, puntualizó que la aplicación adecuada de la ley es una aspiración que en este momento se está intentando materializar en el país centroamericano.
“Uno de los elementos esenciales de uso de derecho y de aplicación de la ley en el marco del Poder Judicial y de los otros operadores de justica es el respeto de unos y otros, no podemos estar advirtiendo o coaccionando a los jueces o los jueces a los fiscales”, añadió.
Ante las amenazas contra jueces para fallar a favor de alguien sostuvo que “dichosamente” existe la figura del antejuicio con la que se realiza una investigación sumaria acerca de que el órgano jerárquicamente superior del juez denunciado puede definir si procede o no un requerimiento fiscal.
Cabe señalar que varias autoridades de este Poder del Estado han sido señalados en múltiples casos, uno de los ejemplos más mediáticos han sido los miembros del desaparecido Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial a quienes se les señala por más de 600 delitos de corrupción.
Los imputados son el expresidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Jorge Rivera Avilés, quien era también el presidente del Consejo de la Judicatura.
También, el exvicepresidente Teodoro Bonilla, Julio Barahona, Celino Aguilera, Liliam Maldonado, Francisco Quiroz y Julio Barahona.
Entre los delitos por los que se les señala están: malversación de caudales públicos y abuso de autoridad. De acuerdo con el informe del Ministerio Público, los acusados programaban giras nacionales e internacionales, tramitaban viáticos y no viajaban.
