Naciones Unidas – El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, afirmó hoy en la ONU que confía en que se pueda «perfeccionar» con «objetividad y ecuanimidad» el cometido de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).
Al dirigirse a la Asamblea General de la ONU, Morales aseguró que esa revisión del cometido de la Cicig, que comenzó a funcionar en 2007, debe garantizar «el debido proceso, la presunción de inocencia y evitar la persecución selectiva, la politización de la justicia y la judicialización de la política».
«Nadie debe entrometerse en la administración de la justicia», aseguró.
El pasado 27 de agosto, Morales declaró non grato al comisionado de la Cicig, el abogado colombiano Iván Velásquez, y ordenó su inmediata expulsión del país, por considerar su trabajo como una injerencia extranjera.
Morales había sido denunciado previamente por el Ministerio Público y la Cicig por ocultar información sobre los fondos que recibió su partido Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) para financiar la campaña de 2015, cuando fue secretario general de ese colectivo.
Sin embargo, un amparo otorgado a la Procuraduría de Derechos Humanos por la Corte de Constitucionalidad (CC), la máxima instancia jurídica de Guatemala, frenó la expulsión por considerar «ilegal» la decisión del mandatario.
En su discurso ante la ONU, Morales recordó que la experiencia de la Cicig «no tiene precedente en el mundo», y considerando que «mucho de bueno» hay en su quehacer, su Gobierno la respalda.
«Nuestro gobierno está comprometido plenamente en la lucha contra la corrupción y la impunidad», insistió.
«Es por ello que hemos iniciado el proceso de revisión de la interpretación y del acuerdo de la Cicig, por lo que esperamos que con objetividad y ecuanimidad podamos perfeccionar el cometido de la comisión», agregó.
La Cicig está orientada a investigar la existencia de cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad, colaborar en su desarticulación, promover su persecución y respectiva sanción, además de hacer recomendaciones al Estado sobre políticas públicas y reformas para acabar con ellas.
