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Presidenta del CAH dice desconocer declaratoria de junta electoral sobre nuevas autoridades

Tegucigalpa – La presidenta del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), Anny Ochoa, le confió a Proceso Digital que desconoce la legalidad del documento difundido por la Junta Electoral en torno a las pasadas elecciones en ese ente gremial.

Dijo que la noche del viernes se dio cuenta de la declaración de la Junta Electoral que da el triunfo al candidato de la Alianza durante las elecciones del 14 de marzo en ese ente gremial.

“No tengo conocimiento si se hizo entrega de la nota a la secretaría del CAH para tomar las decisiones que en derecho corresponde”, afirmó.

Ochoa refirió que están a la espera de una resolución del gobierno para saber si se ampliará el estado de excepción por la pandemia de COVID. “Queremos saber qué pasará para llevar a cabo la asamblea como manda la Ley Orgánica para la toma de posesión de las nuevas autoridades, pero sobre todo determinar la legitimidad del documento que circula en las redes sociales”.

Cuestionó que el documento -declaratoria de la junta electoral- no tiene las firmas de las autoridades competentes en base a la ley deben informar a la Junta Directiva Nacional del CAH.

“Por ahora puedo decir que es algo que he visto en las redes sociales, pero que no se tiene un informe oficial en la Junta Directiva Nacional”, expresó.

No quiso referirse a la legalidad o no de las elecciones gremiales que se desarrollaron en marzo pasado en el ente gremial que ella rectora.

Concluyó que “tenemos conocimiento que la junta electoral convocó a la fecha de las elecciones, de acuerdo a la Ley Orgánica, pero también bajo un conocimiento que ese mismo sábado se había presentado un juez ejecutor a suspender el acto de elecciones en virtud de un recurso de amparo que se había presentado en la Corte de Apelaciones. También se tenía copia de un documento que había presentado Sinager (Sistema Nacional de Gestión de Riesgos) a la junta electoral ordenando la suspensión de las elecciones en virtud de que había una medidas de bioseguridad ordenadas por el gobierno en las que se prohibía la reunión de más de 50 personas”.

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