Luego que trascendiera que funcionarios de la fiscalía especial Contra el Delito Financiero y de Lucha Contra el Crimen Organizado del Ministerio Público, presentaran un requerimiento fiscal contra el ex ministro de Finanzas, Héctor “Tito” Guillén, su esposa Dinora Suyapa Aranburry de Guillén y otra persona, por el delito de lavado de activos, el togado sostuvo que esas fiscalías lo que presentaron fue una prueba anticipada de inspección judicial a la empresa que prestó el dinero a Guillén y no un requerimiento fiscal.
Según el libro de entradas de los juzgados unificados de Comayagüela, los fiscales presentaron un requerimiento fiscal contra el ex titular de Finanzas, su esposa Dinora Suyapa Aranburry de Guillén y contra Lanster George Matius Leva por el delito de lavado de activos en perjuicio de la economía del Estado de Honduras.
De acuerdo a la jueza que lleva la causa, el Ministerio Público, solicitó investigaciones previas a la orden de citación de los imputados.
El requerimiento se hará efectivo una vez que el Poder Judicial retorne de vacaciones cuando iniciarán una serie de inspecciones en varias empresas que están asociadas presuntamente al caso.
El pasado 31 de julio, la esposa del entonces secretario de Finanzas, “Tito” Guillén fue detenida por la Policía en la salida al norte de Tegucigalpa, la capital del país centroamericano, en posesión de un millón 125 mil lempiras.
Guillén dimitió de su cargo un día después del escándalo generado por la detención de su esposa en posesión de más de un millón de lempiras en efectivo encontrado por agentes policiales en el interior del vehículo en que se transportaba hacia San Pedro Sula en compañía de uno de sus hijos y el conductor del automotor.
El ex funcionario aseguró que tomó la decisión para no salpicar el gobierno de “su amigo”, el presidente Porfirio Lobo, a quien agradeció por la oportunidad que le confirió desde el pasado 16 de febrero.
Por su parte, el empresario y periodista Ariel De Vicente denunció en medios de comunicación de Tegucigalpa, una serie de escandalosos actos de presunta corrupción que salpican a altos funcionarios de la actual administración pública.
En ese sentido, Ramírez dijo que presentó ante los juzgados, un recurso de anulación del recurso presentado por el Ministerio Público.
Justificó que las audiencias o las acciones deben de ser en contra del ex funcionario, sin involucrar a su familia ya que el presentó las pruebas ante el Ministerio Público que el dinero decomisado a la esposa de su cliente era un préstamo.
