La propuesta obliga al departamento de Seguridad Nacional a dar tratamiento básico «a su debido tiempo y de forma efectiva», y a informar de las muertes de detenidos a la Oficina del Inspector General, un departamento de auditorías, y al Congreso.
En la Cámara Baja, la congresista demócrata Zoe Lofgren realizó una propuesta similar.
«Nunca debemos olvidar el hecho que toda persona que emigra a este país, tanto si tiene papeles legales como si no, es un ser humano», dijo Menéndez en un comunicado.
A menudo, los detenidos están tras las rejas «por infracciones menores, muchos por errores administrativos», dijo el senador y añadió que la «detención nunca debería significar una pena de muerte».
Eso es lo que le ocurrió a Victoria Arellano, una mujer de 23 años, que no recibió en el centro de detención los antibióticos que tomaba para evitar infecciones porque padecía sida, según la oficina de Menéndez.
Cuando estaba moribunda le administraron antibióticos, pero del tipo equivocado, y Arellano murió entre rejas.
Otro caso similar fue el de Francisco Castañeda, quien pidió cuidados médicos cuando estaba encarcelado por una lesión en el pene. El personal médico solicitó una biopsia, pero las autoridades la denegaron.
Cuando fue puesto en libertad tras 11 meses en detención, Castañeda descubrió que tenía cáncer y poco después murió, a los 36 años.
El diario The Washington Post denunció ayer en un artículo de investigación que tras revisar 83 muertes en esos centros de detención para extranjeros, en 30 casos la atención o su ausencia contribuyeron a los fallecimientos.
La investigación encontró un «mundo oculto de diagnósticos médicos erróneos, malas prácticas administrativas, guardias negligentes, técnicos mal preparados, fallos burocráticos, extravío de expedientes médicos y peligrosas estrecheces de personal».
«Los perros reciben mejor trato en las perreras», afirma Catherine Pound, una enfermera que dimitió el pasado año tras trabajar dos meses en un centro de detención de Arizona.
Un comunicado remitido al diario por la agencia de Inmigración y Aduanas afirma que en el año fiscal 2007 fueron destinados casi 100 millones de dólares a la asistencia sanitaria de los inmigrantes detenidos y precisa que uno de cada cuatro internos padece una enfermedad crónica.
Para el diario, las negligencias médicas que sufren los 33.000 internados en esos centros forman parte del costo humano derivado del endurecimiento de las leyes de inmigración.
«Los detenidos tienen menos acceso a la asistencia jurídica que los asesinos convictos de las prisiones de máxima seguridad y algunos incluso padecen peores condiciones que los prisioneros de la base de Guantánamo sospechosos de pertenecer a Al Qaeda», dijo el diario.
