Por un acuerdo pluralista de Gobierno de integración nacional y desarrollo sostenible de Honduras: hacia el bienestar de todos (as) los habitantes de Honduras, sin exclusión ni discriminación.
Constitución de la República
Artículo 1. Honduras es un Estado de Derecho, soberano, constituido como República libre, democrática e independiente para asegurar a sus habitantes el goce de la justicia, la libertad, la cultura y el bienestar económico y social. | Artículo 5. El Gobierno de la República debe sustentarse en los principios de la soberanía popular, la autodeterminación de los pueblos y la democracia participativa, de los cuales se deriva la integración nacional, que implica participación de todos los sectores políticos en la Administración Pública, la estabilidad política y la paz social. |
I. Pandemia y crisis: posibilidades de cambio. Hemos evolucionado por la fuerza de las cosas más que por nuestra determinación y propósito fundamentados en nuestras necesidades y aspiraciones propias como Estado soberano y pueblo unido, y con la duda de nuestros valores, ideas, potencialidades humanas y materiales, y de nuestra propia soberanía y apoyo mutuo, como ciudadanos y ciudadanas.
Hemos vivido con dependencia excesiva de la buena disposición y discrecionalidad de cooperación del extranjero, permitiendo así a actores internacionales que ocuparan el vacío nacional y, con grupos nacionales determinados, trazaran nuestro rumbo de vida, supliendo ellos lo que consideraron como falta de interés, voluntad, capacidad o simple y perniciosa indiferencia ante nuestro propio destino nacional.
Hemos utilizado argumentos distractores de la verdad sobre la causa determinante de las condiciones injustas e indignas de vida de la mayoría de nuestro pueblo y de nuestra pasividad o indolencia ante la necesidad de impeler o activar el crecimiento económico inclusivo y el desarrollo sostenible para toda la hondureñidad.
Con ello, hemos favorecido nuestro subdesarrollo, la poca efectividad de nuestro Estado constitucional de Derecho y la falta sistemática de legitimidad en el ejercicio de las funciones públicas, facilitando el crecimiento de la delincuencia, corrupción e impunidad, así como la pobreza, la degradación ambiental, los desplazamientos forzados internos, las migraciones forzadas, entre otros males públicos.
Desde el 2010, se abrió otra oportunidad del cambio conforme a la Constitución: poniéndose en vigencia la Ley para el Establecimiento de una Visión de País y la Adopción de un Plan de Nación para Honduras, con el propósito de dar sentido de desarrollo sostenible a todas las acciones conjuntas y complementarias de la sociedad y del Estado, con sucesivos planes nacionales de desarrollo (2010 -2022; 2022- 2034) y planes de gobierno que, se esperaba, los completasen, concretándolos viablemente mediante presupuestos anuales de la República concebidos como instrumentos de gestión y control de los recursos nacionales aplicados exclusivamente a atender las necesidades para impulsar mejores condiciones de vida y de trabajo para la población. Sin embargo, ello no ha sido así porque, como en el pasado, la arbitraria voluntad política de personas y grupos, se ha impuesto sobre la voluntad jurídica del Estado.
En el 2021, estamos en vías e intentos de superar la pandemia y la crisis que nos han puesto de manifiesto la necesidad vital de una diferente nueva norma normalidad que ponga fin a la del pasado, concentrando nuestro mayor esfuerzo interno en organizarnos metódicamente como Estado, aprovechar racionalmente nuestros recursos naturales y humanos, y actuar solidariamente por nuestro desarrollo sostenible, cuya línea de despegue sea un nivel mínimo de vida digna para la mayoría hondureña en situación de pobreza, asegurando, con su participación, la satisfacción permanente de sus necesidades básicas para existir con la dignidad propia de todo ser humano; la educación y capacitación básica para que, ese nivel mínimo de vida digna, se erija en muro de contención de la injusticia social y promueva la igualdad real de posibilidades en el aprovechamiento de oportunidades de trabajo y bienestar ; y, en general, el mejoramiento progresivo de la calidad de vida con seguridad humana, para toda la gente.
Para ello, es preciso un consenso nacional que refleje la comprensión y voluntad de nuestro pueblo y la certeza de honesta y trasparente gestión gubernamental que contrarreste y supere la situación de pobreza generalizada, inseguridad y de subdesarrollo, con un pacto o acuerdo nacional de conformar un Gobierno de integración nacional y un ordenamiento de actividades que comprometa la acción conjunta de la sociedad y del Estado, y precise controles efectivos para el cumplimiento, por el Gobierno y los ciudadanos, de ese acuerdo democrático en dirección única hacia el desarrollo nacional y bienestar común buscado.
II. Prioridades nacionales y desarrollo sostenible. La prioridad es eliminar las condiciones de subdesarrollo que generan y mantienen en la pobreza e inseguridad a la mayoría de nuestro pueblo y ello sólo será posible, en el marco del Estado constitucional de Derecho, mediante la promoción y fomento permanente, por el Estado, de un ambiente generador de desarrollo sostenible, con equidad social, acompañado del cumplimiento, por la sociedad, incluyendo la academia, el sector privado, el sector social de la empresa y todos los gremios, de la responsabilidad de contribuir a promover, respetar y cumplir los derechos humanos de los obreros, empleados, consumidores, usuarios y habitantes de Honduras.
Para ello, se requiere un compromiso de acción e innovación para el desarrollo sostenible centrado en las personas y activado por crecimiento económico inclusivo como motor que, en nuestras actuales condiciones, necesita de entendimientos y decisiones sobre aspectos vitales. Entre esos aspectos relevantes están los siguientes: la racional y honesta utilización de los recursos naturales sobre los cuales el pueblo hondureño goza de soberanía con la asignación equitativa y cierta de las rentas que produzcan al desarrollo nacional y a lo que corresponda justamente a la inversión efectuada de servicios, tecnologías y capitales nacionales y extranjeros; la competencia técnica de los trabajadores, su productividad y calidad del trabajo, la protección del medioambiente sano y la protección del consumidor nacional; el mayor acceso a la ciencia y la adquisición de nuevas tecnologías adecuadas a las necesidades hondureñas que posibiliten soluciones innovadoras y la mayor vinculación de nuestras universidades con el mercado laboral y con las necesidades para el desarrollo, así como una vinculación ordenada de nuestros compatriotas en el exterior con el esfuerzo interno de desarrollo nacional; la promoción del intercambio comercial y la inversión internacional; la competitividad de las tasas de interés, tasas impositivas, tasas de cambio; el control y prevención de la evasión fiscal y la racionalización, mayor transparencia y vigilancia del gasto público; el fomento de las actividades económicas entre los particulares, iniciativa privada y sector social empresarial.
Esos aspectos, entre otros, requieren ser ordenados funcionalmente y acompañarse de los correspondientes planes de inversión y de gestión pública, cuyo contenido y alcance se concreten en un marco normativo coherente el desarrollo sostenible con presupuesto nacional y presupuestos municipales que sean instrumentos de gestión y control del desarrollo sostenible, local y nacional, en forma tal que traiga aparejado el bienestar integral con desarrollo social y medio ambiente sano de toda la población, en línea con la interdependencia de los objetivos y de las metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Para todo ello, además de nuestros recursos internos, necesitamos siempre de renovada cooperación internacional y también del racional y controlado endeudamiento externo.
En esa dirección, el 12 de octubre 2021, publiqué alerta temprana ciudadana sobre la situación y gestión de nuestra deuda externa, ante la advertencia internacional sobre el endeudamiento y el fin próximo de la Iniciativa de Suspensión de la Deuda, que nos ha permitido posponer pagos, por la pandemia.
La alerta temprana versa sobre la necesidad de prepararse debidamente, desde antes de las elecciones y previo a la toma de posesión, para que el nuevo Gobierno 2022 – 2026, tenga listos estudios y recomendaciones apropiadas para gestionar la deuda externa en función racional de la viabilidad de nuestro desarrollo sostenible, cualesquiera sean las condiciones del mercado financiero, en particular, atender la reducción significativa de la pobreza; el fortalecimiento del sector salud, educación, trabajo productivo con empleo decente, cambio climático, infraestructura y crecimiento económico inclusivo, nueva normalidad de la poscrisis que sea integralmente innovadora y orientada al bienestar de todo el pueblo hondureño., conforme a la Constitución República, Ley para el Establecimiento de una Visión de País y la Adopción del Plan Nación para Honduras y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, con reglas precisas sobre integridad en la gestión pública y la rendición cuentas.
Los diferentes sectores de la sociedad necesitan asimismo ser apoyados y orientados por una política exterior explícita de desarrollo y seguridad humana del Estado. Política que coordine y complemente capacidades y recursos nacionales con significación para las relaciones internacionales y para la atracción de inversión extranjera productiva, el aumento y la diversificación de las exportaciones de Honduras e intercambio comercial, así como para el logro de cooperación internacional complementaria que, sin las tradicionales ataduras o vicios que han contaminado y vuelto ineficiente parte de ella: sea más transparente y alineada con las metas de nuestro Plan de Nación y Visión de País, Agenda 2030 y los planes de desarrollo o programas de Gobierno articulados coherentemente; y con mejores controles sobre su utilización a los fines del desarrollo sostenible y del bienestar de todo el pueblo de Honduras.
Esos compromisos de acción, cambio e innovación, podrían tener como fundamento un pacto o acuerdo nacional por Honduras sobre un gobierno de integración nacional para el desarrollo sostenible, local y nacional.
Acuerdo o Pacto que reflejase voluntad y capacidad solidaria para Gobierno de integración nacional; confianza hacia la institucionalidad y apoyo por un sector empresarial, emprendedor y socialmente responsable; y una sociedad civil vigorosa que, trascendiendo las preocupaciones puramente gremiales, constituya una estructura social firme y permanente que promueva y contribuya con el Gobierno nacional y los gobiernos locales, y los supervise soberanamente, para que gestionen responsable y eficazmente el desarrollo humano sostenible, conforme al Estado constitucional de Derecho.
III. Condiciones para cumplir un pacto o acuerdo efectivo de desarrollo y seguridad democrática La historia de las naciones demuestra que la manera de lograr bienestar económico y progreso social ha consistido principalmente en la decisión y voluntad de coordinación efectiva entre todos los sectores del Estado, la confianza hacia el Gobierno y la realización ordenada de esfuerzos colectivos para solucionar los problemas que obstaculizan el desarrollo de la población.
Esa lección ha sido también recordada en diferentes momentos históricos y es insensato continuar desatendiéndola. Hoy tenemos la necesidad y oportunidad de forjar nuestra marca nacional y proyectar digna imagen internacional como una Honduras productiva y competitiva que sostenga durablemente el desarrollo sostenible de toda la Nación. Ello es posible si activamos, al fin, nuestra energía colectiva con la aplicación conjunta de nuestros recursos humanos y naturales; ideas, capacidades de trabajo, manejo de tecnologías e innovación empresarial; recursos del Estado, remesas, ahorros internos y capitales nacionales.
El logro de la confianza, unidad y participación ciudadana es vital para el éxito. Nuestros antecesores mayas nos transmitieron la enseñanza según la cual los grandes obstáculos solo pueden ser vencidos mediante la convocatoria, contribución y entreayuda solidaria del pueblo. En el Popol Vuh (Libro de la Sabiduría Maya, “Libro del Consejo”), se exhorta a: “Que todos se levanten, que se llame a todos, que no haya un grupo, ni dos grupos de entre nosotros que se quede atrás de los demás”.
IV. Instrumentos para desencadenar la acción colectiva solidaria.
A. Instrumento nacional. Esto tiene que ver directamente con la confianza y la participación activa de la ciudadanía, utilizando dos vías complementarias. Por un lado, incentivando o estimulando más a quienes ( sobre la base de capacidad, honradez y compromiso social) producen o aportan más en sus diversas actividades en el sector público, social y privado, sean estudiantes, obreros, empresarios, agricultores, profesionales, técnicos, y, en general, habitantes de Honduras; y, por otro lado, asegurando progresivamente, en la sociedad y en el Estado, la concreción del derecho, de todas y todos los hondureños, a la igualdad de oportunidades y posibilidades de trabajar y vivir dignamente.
Hasta la fecha, la actitud honesta, capacidad evidente y acción positiva de numerosos hondureños y hondureñas es un potencial que ha sido considerablemente desaprovechado por la sociedad y el Estado, lo que ha tornado elusivo el desarrollo nacional buscado, pues en ese importante sector es donde se pueden encontrar las verdaderas fuentes de energía para el despegue al desarrollo que necesitamos.
Una nueva forma de pensar y actuar llama a dar forma y aprovechamiento útil a ese potencial de nuestra gente. El Gobierno, La sociedad civil y el sector privado deben propiciar canales concertados para que, esos hondureños y hondureñas, puedan tener participación activa en el desarrollo local y nacional, y motivar al resto de la ciudadanía hasta hoy indiferente a su responsabilidad de contribuir a mejorar la vida en sociedad, a incorporarse también activamente a ello.
B. Instrumento local para vitalizar el desarrollo comunitario y nacional. El municipio es la mejor aproximación al modelo de escenario del desarrollo integral sostenible a lograrse en el ámbito nacional con la participación activa de la ciudadanía: si liberamos las fuerzas positivas de las comunidades locales; valorizamos la diversidad cultural, participación y aporte de sus habitantes al desarrollo y la seguridad; estimulamos la colaboración público – privada con responsabilidad garantizada con la sociedad; aprovechamos racionalmente los recursos naturales y conservamos el medio ambiente; aseguramos el mejoramiento continuo de los servicios públicos a la comunidad; y fundamentamos más la convivencia en la honradez, el respeto y la confianza mutua.
El desarrollo local de los municipios es la fuerza fundamental del desarrollo regional que da solidez y duración al desarrollo nacional con participación inteligente y productiva en la dinámica mundial. Hay que impulsar sostenidamente esa interacción, a partir de los habitantes de los 298 municipios del país y de su voluntad y acción para que los respectivos municipios progresen gracias a la confianza y participación ciudadana de sus habitantes.
Por nuestra parte, lo hemos iniciado en treinta y seis municipios que, entre el 2016 y el 2020, se han empoderado de la” Estrategia de Seguridad Humana para el Desarrollo Local Sostenible: Municipios de Bienestar solidario” donde prevalece gobernabilidad democrática y solidaridad social, favorecida por un proceso comunitario de educación en cultura democrática y derechos humanos.
Hay que dar un enfoque más positivo a la relación del Gobierno municipal con el Gobierno Central, como órgano de la administración pública y a la necesaria y fundada
descentralización y transferencia real de recursos y conocimientos, con la decisión y participación garantizada de la comunidad local.
V. Viabilidad y eficacia de un Pacto o acuerdo por Honduras. El acuerdo o pacto por Honduras para ser eficaz requerirá el compromiso de un Gobierno responsable, sector privado consciente y sociedad civil vigorosa que trasciendan las preocupaciones puramente gremiales y se ocupen de conformar permanentemente una estructura firme de acción concertada que promueva y supervise al Gobierno nacional y a los gobiernos locales para la gestión, responsable y eficiente, del desarrollo sostenible de Honduras.
La supervisión o seguimiento del Pacto o Acuerdo deberá asegurarse conjuntamente por la ciudadanía y el Estado, y afianzarse con una política integral de rendición de cuentas y anticorrupción.
VI. Lo posible es factible. El mejoramiento progresivo de las condiciones de vida y de trabajo en Honduras es posible y todo lo que es posible es factible, si logramos unir y activar la voluntad y capacidad de ejecución del Gobierno, academia, sociedad civil y sector privado y social de la empresa.
En definitiva, tenemos la oportunidad de impulsar por nosotros mismos, los hondureños y hondureñas, el desarrollo sostenible municipal y nacional, con la efectiva participación social, entre- ayudándonos, en el presente y hacia el futuro, en ejercicio de nuestra irrenunciable responsabilidad humana solidaria como pueblo en lo que atañe a nuestra dignidad, bienestar y justicia social; y proyectando, en nuestras relaciones internacionales, una imagen más digna, activa, innovadora y productiva de Honduras. …