Necesitamos iniciar la transformación de Honduras, emprendiendo la tarea de poner fin a la pobreza, al hambre y al subdesarrollo: por medio de un proceso planificado de seguridad humana y desarrollo sostenible integral, con políticas, medidas y metas estructurales que, por las crisis que experimentamos, se complementen con otras coyunturales para controlar los efectos y prevenir el agravamiento de esos males públicos en nuestra sociedad.
Proceso que es necesidad prioritaria de orden público, para cuya atención se requiere de un cívico y democrático acuerdo nacional, acompañado de un pertinente pacto fiscal, bajo el imperio efectivo de la Constitución de la República.
Los hondureños (as) debemos demostrar nuestra capacidad de ordenar, renovar e innovar para el bienestar de toda la gente, con atención especial a los más desfavorecidos, para afianzar el sistema de vida en sociedad democrática que está delineada normativamente, en forma clara y precisa,en la Constitución de la República. Hacia ese sistema de vida, necesitamos emprender, con participación e inclusión ciudadana, la seguridad humana y el desarrollo sostenible de toda la población,para salvaguardar y promover su dignidad humana
Con una población de más de nueve millones de habitantes, Honduras tiene más de seis millones de personas en condición de pobreza, entre los cuales más de tres millones viven en pobreza extrema. Esa situación que coloca a las personas en condición social de vida indigna, de exclusión o discriminación, les priva de lo necesario para poder subsistir, por ejemplo: comida, trabajo, atención médica y medicamentos, ropa, vivienda, agua potable, energía eléctrica, acceso a la justicia; así como de oportunidades y posibilidades de desarrollarse humanamente, dentro de la sociedad y el Estado de Honduras.
La pobreza y su contexto de subdesarrollo con sus nocivos efectos, han sido y son claramente contrarios al contenido, espíritu, principios y objetivos de la democracia cristalizada normativamente en la vigente Constitución de la República, cuyo preámbulo y dispositivo señalan expresamente, al Estado y a la sociedad, el deber y responsabilidad de dignificar a todas las personas, asegurando una sociedad política, económica y socialmente justa que afirme la nacionalidad y propicie las condiciones para la plena realización de las mujeres y hombres, dentro de la justicia, la libertad, la seguridad, la estabilidad, el pluralismo, la paz, la democracia y el bien común.
Por eso, urge de un proceso de erradicación de la pobreza y del subdesarrollo que, alineado a la Constitución, pueda ir simultáneamente coadyuvando a la cohesión social y a la confianza en la aplicación efectiva del Estado de Derecho y a la participación de toda la hondureñidad en el impulso a la seguridad humana y al desarrollo sostenible; y, por esa vía, a dar solución duradera, prevenir o atender también desplazamientos forzados internos y migración forzada, haciendo germinar la semilla del bienestar, gracias al aporte y la participación de todos los hondureños (as), en favor del desarrollo local y nacional.
Ello debe ser así, porque a pesar de lo que ocurre en la realidad, seguimos viviendo bajo un Estado de Derecho, en el cual debe cumplirse inexcusablemente y hacerse progresivamente efectivo el disfrute de los derechos humanos. Acometer la erradicación de la pobreza y el subdesarrollo es así la más urgente y primera tarea de la transformación nacional, en este y sucesivos gobiernos, con apoyo de la sociedad.
Necesitamos tomar mayor conciencia de la necesidad de ese cambio. Estamos ante una crisis excepcional que evidencia, con sus crudas revelaciones, las injusticias derivadas de nuestra falta de patriotismo constitucional en el impulso debido a la consolidación democrática de Honduras, conforme los prescribe la Constitución de la República; y, en consecuencia, nuestro sometimiento indebido al tradicional discurso del desarrollo sustentado en un crecimiento económico que ha excluido sectores mayoritarios o muy significativos de nuestra población que hoy viven en situación de pobreza, hambre y condiciones de exclusión social, falta de empleo productivo y bajos niveles de desarrollo.
Situación que atenta contra el disfrute de los derechos humanos, la cohesión y el progreso social; por lo que es seria amenaza a la seguridad humana, a la estabilidad democrática y al desarrollo sostenible de los (as) habitantes que ocasiona riesgo o perjuicio continuado para la supervivencia, los medios de vida y la dignidad de los (as) habitantes.
Poner fin a esas causas y situaciones degradantes, requiere de la acción proactiva de gobiernos responsables, acompañada del fervor social y de la participación de todas las personas y comunidades, para avanzar hacia el objetivo superior de dignificación progresiva de nuestra vida con bienestar en sociedad democrática, tal como lo dispone nuestro Estado Constitucional de Derecho.
Ya estamos ante la encrucijada y es el momento impostergable del cambio histórico que haga valer el verdadero contenido y sentido del desarrollo nacionalcentrado en la dignidad de la vida en sociedad democrática y en el deber supremo de protegerla, respetarla y promoverla, por parte del Estado y la sociedad hondureña, poniendo fin a las causas y situaciones degradantes, para lo cual se requiere una visión comprensiva e interrelacionada de todos los aspectos de la seguridad humana y del desarrollo sostenible, en sus manifestaciones políticas, económicas, sociales, culturales, medioambientales y ecológicas.
Tarea nacional a ser realizada, con carácter integral, de manera planificada sobre bases firmes, objetivos reales y verificables de inclusión social, igualdad de oportunidades y protección social, y en interrelación con los otros objetivos de desarrollo sostenible para el bienestar de toda la sociedad, como: el crecimiento económico sostenido e inclusivo; el empleo pleno y productivo y el trabajo decente; la protección del medio ambiente sano y la biodiversidad, la protección y prevención de los efectos negativos del cambio climático; el fomento de sociedades pacificas e inclusivas, conforme al Estado Constitucional de Derecho, con acceso a la justicia, y con institucionalidad gestionada con honestidad, eficiencia y eficacia, por servidores públicos íntegros que, de manera transparente, rindan cuentas de ello.
En efecto, poner fin a las causas que generan la pobreza y el subdesarrollo requiere de un consenso nacional y planificación previa, para ser base de políticas y medidas viables y eficaces que coloquen a todas las personas en condiciones de ejercer sus derechos humanos y gozar de bienestar, conforme a lo previsto principalmente en la Constitución de la República, la Ley para el Establecimiento de una Visión de País y la Adopción de un Plan de Nación para Honduras, y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
Para el éxito en este grandioso empeño, en Honduras, hay talento humano con pericia en la materia y compenetrado de sus deberes cívicos, al respecto; así como hay también prácticas útiles y experiencias valiosas que pueden contribuir a esa planificación, diseño de política y ejecución de esta primera prioridad vital para las personas, la sociedad y el Estado.
En otras palabras, es tiempo de poner en marcha un proceso constructivo y participativo, fundamentado en un acuerdo nacional, con su respectivo pacto fiscal, para erradicar la pobreza, el hambre y el subdesarrollo, que posibiliten emprender, con visión estratégica y empoderamiento social, el logro creciente de seguridad humana y desarrollo sostenible integral, en dirección permanente hacia ese objetivo supremo de dignidad humana y de resultados de bienestar para la vida de toda la gente.
Somos capaces de ordenar, renovar e innovar para el bienestar de toda la gente, con atención especial a los más desfavorecidos, en nuestro sistema de vida en sociedad democrática, delineado normativamente, en forma clara y precisa,en la Constitución de la República. Hacia ese sistema de vida, necesitamos emprender, con participación e inclusión ciudadana, la seguridad humana y el desarrollo sostenible,para asegurar la dignidad humana de toda la población.
Para lograrlo, es preciso superar fronteras ideológicas y favorecer concretamente a todas las personas, sin discriminación, uniéndonos, con solidaridad constructiva, para juntos emprender el desarrollo sostenible sustentado en la protección y promoción de dignidad humana, lo que se acreditará únicamente con el bienestar progresivo de todas y todos los habitantes, por medio del crecimiento económico inclusivo, con progreso social evidente que oriente a erradicar la desigualdad en nuestro país y con otros países.
