En la ceremonia, que se realizó en la sede del Legislativo, estuvo presente como testigo de honor Juan Hernández, presidente del Congreso Nacional, quien calificó este momento como de gran trascendencia para Honduras.
“Es un momento de gran trascendencia para nuestro país, para esta generación de hondureños y para la generación de políticos, académicos, asesores que decidimos tirar la vista al futuro y no tenerle temor al cambio”, dijo Hernández.
Y reveló que “hay tres posibles sitios: la región del Valle de Sula, la región adyacente a todo lo que es Puerto Castilla, ya sea en Sico-Paulaya o el Valle de Agalta; y la región del sur de Honduras. Hay que estar cerca a puertos y en eso los hondureños tenemos muchas facilidades”.
Hernández también reveló que las Ciudades Modelos, de entrada, estarán generando cinco mil empleos para la construcción de la obra gris y calculó que para octubre estarían iniciando los trabajos y que después vendrían los empleos para construir fábricas y equipar las mismas.
“Corea y Singapur estaban en peor condición que nosotros hace unos sesenta años hoy y miren el desarrollo que han alcanzado -dijo Hernández- por eso digo que es el momento para Honduras y un gran paso para la generación de empleo masivo pues el 90 por ciento mínimo de las personas que van a trabajar en la red serán hondureños”.
Mientras tanto, Michael Strong, ejecutivo de NKG, dijo: “Es una colaboración entre un diversos grupo de inversionistas, empresarios y expertos que apunta a la eliminación de la pobreza a través de la creación de riqueza en Honduras por medio de las Regiones Especiales de Desarrollo”.
Juristas se oponen al proyecto
El año anterior una Asociación de Juristas hondureños interpuso un recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto Legislativo 04-2011, que aprueba la construcción de las Ciudades Modelos.
En el recurso se argumentó que lo aprobado en el Legislativo es inconstitucional porque atenta preceptos pétreos establecidos en la Constitución como la forma de gobierno y la soberanía nacional.
Asimismo, un dictamen emitido por el Ministerio Público, solicitado por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, resuelve que dicho decreto es inconstitucional.
“El narcotráfico podrá ser muy favorecido. Esta es una venta, un regalo del territorio hondureño”, expresó el abogado Jari Dixon, uno de los impugnadores.
