-Presente y futuro de Honduras –
“Los pueblos tienen derecho para saber lo que se ha trabajado en su bien. Ellos son los que trabajando y sudando forman las rentas que mantienen a los funcionarios…Cuando un gobierno presenta el cuadro de lo que ha trabajado y el plan de lo que piensa trabajar, los pueblos se penetran de gozo, estrechan los vínculos de unión con los que los gobiernan, les dan su confianza; y esta confianza es el elemento primero de buen gobierno…El Gobierno que trabaja incesantemente en la conservación de la paz y tranquilidad general de los pueblos, se ocupa con igual celo de su riqueza y bienestar. Mira lo uno como calidad necesaria para gozar los bienes de la asociación política (Estado), ve en lo otro el objeto final de esa misma asociación”. José Cecilio del Valle.
El Estado de Honduras existe permanentemente para proteger la dignidad humana y fomentar el bienestar común de todos (as) los habitantes, como fin supremo de su organización y funcionamiento. La soberanía nacional corresponde al pueblo quien tiene el derecho y la tarea social de velar porque se respete y cumpla significativamente ese núcleo o base de la legitimidad estatal del ejercicio de las funciones públicas. Derecho que la ciudadanía debe ejercer con su participación pluralista en la política y en la vida pública, supervisando socialmente las acciones u omisiones de quienes dirigen los gobiernos de los Estados, como servidores del pueblo.
En dirección al logro de ese fin supremo: las personas y el pueblo tienen el derecho al desarrollo sostenible que los ubique como centro, sujetos principales y participantes activos de un proceso de cambio integral en su calidad de vida. Desarrollo cuya promoción es deber y responsabilidad principal del Estado, con la participación solidaria de los (as) habitantes, para lograr progresivamente la dignificación humana y el bien común de todos (as).
Contrario a lo que así dispone nuestra Constitución de la República, en la realidad social de Honduras prevalece males públicos, como: pobreza, violencia, delincuencia, corrupción, degradación del medio ambiente y subdesarrollo. Ante esa realidad, la población hondureña, respetando el pluralismo de ideas, debe luchar como pueblo solidario, llamando a la construcción y contribuyendo a despejar e iluminar el camino que el Estado y la sociedad deben recorrer en dirección al logro progresivo del objetivo supremo de efectividad de la dignidad humana y del bienestar común de toda la población hondureña.
De cara al presente y porvenir de la democracia, en Honduras, es innegable que la unión de la población, pueblo o sociedad es lo único que permitirá superar la actual situación y evitar su empeoramiento futuro. A ese efecto, además de su derecho a elegir y ser electos, a optar a cargos públicos y a constituir partidos políticos: la ciudadanía debe velar por que sea respetado y cumplido el marco y el proceso democrático delineado en la Constitución de Honduras cuya forma de gobierno es republicana, democrática, pluralista, representativa y participativa; y donde todo Gobierno electo sólo tiene legitimidad y debe ser obedecido (en sus decisiones, actuaciones y en las medidas que adopta), si lo hace en aplicación real del Estado Constitucional de Derecho centrado en la protección y promoción de la dignidad humana y el bien común.
Para que todo lo anterior se observe y aplique, la ciudadanía debe ejercer plenamente su derecho de participación que no termina con el voto en elecciones, sino que se complementa con su participación responsable en la política y en el ejercicio de la gestión pública, para: A. velar por el cumplimiento real y cierto del núcleo o la base del ejercicio legítimo de las funciones públicas de acuerdo con el fin supremo del Estado y la sociedad, mediante la supervisión ciudadana de las actuaciones que, en nombre del gobierno del Estado, realizan las personas electas y que deben siempre asegurar el respeto de la dignidad humana y el bienestar común del pueblo entero, al cual sirven; y B. Cuidar con esmero la base de la participación esperada de la ciudadanía, en la vida pública, evidenciando la participación de los afiliados (as) de los partidos políticos en un permanente proceso vivo de democracia interna que incluya la formación cívica y la elección auténtica de sus autoridades y candidatos (as) a cargos electorales, así como la fiscalización de sus presupuestos partidistas.
Cada hondureño y hondureña goza así de derecho de participación y le corresponde ejercerlo, como expresión de su dignidad humana y contribución al logro solidario del bien común, junto con los derechos de expresión, opinión, petición, asociación, reunión, manifestación y acceso a la información, entre otros.
Es muy importante que toda la población o pueblo (mujeres y hombres de todas las edades, sin discriminación alguna) ejerzamos esos derechos porque son los detonantes más decisivos del pronto impulso eficaz de la transformación nacional mediante el diálogo social conducente a marcos jurídicos que reflejen el diseño y garanticen la implementación eficaz de un Plan de Nación para el desarrollo sostenible en el período 2023 – 2035, con los correspondientes presupuestos por resultados; y que aseguren más la organización y resultados genuinos de las elecciones internas en los partidos políticos y en las elecciones generales para el Gobierno nacional y los gobiernos locales.
Con esa concreta y pluralista voluntad democrática de transformación nacional, atenderemos debidamente nuestra realidad, necesidades, prioridades y expectativas nacionales, superando las condiciones de pobreza y fomentando, cada vez más, bienestar común y progreso social, para todas y todos los hondureños. Daremos así respuestas concretas a necesidades actuales ya conocidas y experimentadas por casi toda la población hondureña y a otras eventuales, así como a sus expectativas de que las nuevas generaciones puedan continuar mejorando su calidad de vida, conforme al Estado constitucional de Derecho y su evolución en el orden nacional e internacional.
Esa es la dirección cierta, porque el presente y futuro de los pueblos de todos los Estados, entre ellos el nuestro, ha sido caracterizado, en diversos estudios, por la acumulación de riesgos y males del pasado y de nuevos en el presente; así como también de oportunidades que debemos aprovechar, en el ámbito nacional e internacional, direccionando legítimamente la decisión y la acción consecuente, de parte de nuestros gobiernos, hacia el fin supremo de respetar y proteger la dignidad humana y fomentar el bienestar común. Lograrlo depende de la unión solidaria del pueblo con ese propósito común y de nuestra participación como ciudadanía activa en la política y en la gestión pública interna del Estado y su proyección externa.
En el contexto internacional, ya se ha iniciado la construcción de una diferente era hacia un orden internacional democrático y equitativo, con el fortalecimiento de democracias reales que aseguren el disfrute efectivo de los derechos humanos y de calidad de vida para todas las personas. Es pertinente señalar, como ejemplo de acciones conducentes a ello,la nueva etapa histórica anunciada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para mejorar la cooperación multilateral con los resultados esperados de dos reuniones debidamente coordinadas, a realizarse entre representantes del más alto nivel político de los Estados.
La primera y más próxima es la “Cumbre de los ODS” que se realizará, el 18 y 19 de septiembre del presente año 2023, durante la Asamblea General de la ONU. De esta Cumbre se espera una declaración política de todos los Estados miembros que impulsará el progreso acelerado hacia el cumplimiento de los diecisiete Objetivos de Desarrollo sostenible (ODS) y la Agenda 2030 de las Naciones Unidas.
Para el próximo año, se ha anunciado la convocatoria de la “Cumbre del Futuro: soluciones multilaterales para un mañana mejor”, a realizarse el 22 y 23 de septiembre 2024, para siempre en nombre de Nosotros los pueblos de las Naciones Unidas y como muestra de solidaridad mundial entre las generaciones actuales y futuras: deliberar y promover una cooperación más eficaz con un sistema multilateral revitalizado que influya positivamente en la vida digna y el bienestar de las personas y en la salvaguarda de nuestro planeta, respondiendo a los riesgos y males del presente y por venir.
