La historia de la humanidad evidencia que la pobreza y sus condiciones coadyuvantes (como la exclusión y marginación social, la falta de empleo productivo, el analfabetismo y los bajos niveles de desarrollo humano) constituyen un atentado contra la dignidad humana que niega el pleno y eficaz disfrute de los derechos humanos; y están entre las principales amenazas a la democracia, paz, libertad y al desarrollo.
Sin embargo, por largo tiempo hemos carecido de un enfoque reconocido mundialmente sobre la pobreza, su impacto en la dignidad y los derechos humanos y sus efectos en la seguridad y el desarrollo. Es hasta en los últimos años del siglo XX y los que llevamos del siglo XXI que, a ese respecto, hemos avanzado en grandes y extraordinarios acuerdos regionales y universales.
En la sub-región centroamericana, desde el año 1991, ese impacto y esa relación fueron reconocidos en varios acuerdos que comprenden las tradicionales y nuevas amenazas a la seguridad y definen un nuevo modelo de seguridad democrática. Esos acuerdos caracterizan a la pobreza como amenaza a la seguridad humana de los habitantes, a la estabilidad democrática y al desarrollo sostenible de las sociedades centroamericanas; y señalan también como amenazas a: la falta de desarrollo sostenible y de democracia, el deterioro del medio ambiente, la inseguridad de las personas y bienes, la corrupción, impunidad, violencia, delincuencia, narcoactividad, el tráfico de armas y el terrorismo. Esas situaciones deben ser tratadas, como asuntos de seguridad humana de las personas y comunidades dentro de los Estados y entre los Estados; y deben ser resueltas con una visión comprensiva e interrelacionada de todos los aspectos del desarrollo sostenible, en sus manifestaciones políticas, económicas, sociales, culturales y ecológicas.
En la región americana, en el 2001, se aprobó la “Carta Democrática Interamericana” que inició una nueva era al reconocer el derecho de los pueblos a la democracia y al definir la organización democrática, su defensa y perfeccionamiento. La Carta reafirma que la lucha contra la pobreza es esencial para la promoción y consolidación de la democracia y constituye una responsabilidad común y compartida de los Estados.
En la Organización de las Naciones Unidas, el concepto, alcance e interés práctico de la Seguridad Humana se ha venido considerando también en sucesivos informes y resoluciones que permitieron llegar, en el 2012, al entendimiento universal según el cual la Seguridad Humana es el derecho de las personas y comunidades, en particular las vulnerables, a vivir en libertad y con dignidad, libres de la pobreza y desesperación. y que, para acceder a esa seguridad humana, es imprescindible la participación de las personas y comunidades, y lograr respuestas intersectoriales (con énfasis en la prevención) a todas las condiciones que constituyen amenazas a la supervivencia, los medios de vida y la dignidad de las personas, para impulsar el desarrollo sostenible local, con significación nacional.
En el recién pasado año 2015, la ONU y sus Estados miembros reafirmaron su reconocimiento de que: “la erradicación de la pobreza, en todas sus formas y dimensiones, incluida la pobreza extrema, es el mayor desafío a que se enfrenta el mundo y constituye un requisito indispensable para el desarrollo sostenible”. Han acompañado esa reafirmación con su compromiso y determinación expresa de poner fin a la pobreza y de hacerlo de forma equilibrada e integrada con otros objetivos vinculados a derechos económicos, sociales, ambientales, civiles y políticos, mediante un plan de acción concreto conducente al crecimiento económico sostenido e inclusivo, al desarrollo social, la protección del medio ambiente, la buena gobernanza, el Estado de Derecho, y la protección de nuestro planeta.
Ese plan de acción lo constituye la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible que comprende 17 objetivos y 169 metas de carácter integrado e indivisible. La Agenda 2030 está en vigencia, en todos los Estados, desde el 1 de enero de este año 2016.
Por el potencial de bien común universal que representan esos acuerdos, entendimientos y consensos internacionales: a los miembros de la FIO y Ombudsman de todo el mundo llamo a que unamos nuestras voces y acciones para que recordemos constantemente a todos nuestros Estados que tienen a su alcance lo necesario para eliminar progresivamente la pobreza y propiciar el desarrollo sostenible. En efecto, disponemos tanto de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible que guiará las decisiones que se adopten en los próximos quince años; como del entendimiento universal sobre el marco normativo de Seguridad Humana y su aplicación, impulsado igualmente por la misma ONU.
Estas propicias circunstancias históricas, plantean, hoy aún más que ayer, la ineludible exigibilidad de comportamientos con resultados concretos que se traduzcan en condiciones básicas de vida digna para los sectores vulnerables que viven en la angustia provocada por las necesidades y la desesperación. Ello porque los Estados disponen, al fin, de las mejores oportunidades y posibilidades de cumplir su responsabilidad, con sus pueblos, de contrarrestar significativamente las causas generadoras de la pobreza y otras amenazas que vulneran profundamente la dignidad de las personas, y con ello, todos sus derechos humanos.
