Tegucigalpa – No más exclusión y co-participación en las ganancias y beneficios que obtienen las empresas hidroeléctricas con la concesión de sus ríos, demandan las comunidades del norte de Santa Bárbara al Estado de Honduras, las que este martes realizaron una conferencia en la que también protestaron por la exclusión de que fueron objeto de la concesión que dio vida al proyecto hidroeléctrico “Chamelecón 280”.
Las comunidades cuestionan el hecho de que los gobiernos otorgan permisos de explotación de los ríos para la generación de energía con recursos renovables, con el argumento de que fomentan el desarrollo de las comunidades donde operan. Sin embargo, “en nuestras aldeas y caseríos, lo que hay es una pobreza que ya no se aguanta. Para nosotros no ha habido ningún beneficio, porque hasta el agua nos han quitado”, afirmó el presidente de la comunidad de Chiquila, Gonzalo Reyes.
Los líderes comunales, apoyados por el Patronato Regional de Occidente (PRO), están conscientes que la concesión de sus ríos, por períodos no menos de 30 años, deja a las empresas hidroeléctricas millonarias cantidades en ganancias, mientras que a sus poblaciones se les brindan dádivas que no coadyuvan a mejorar las condiciones de vida de las comunidades y de sus pobladores.
En el marco de su participación en el estudio: “Represas hidroeléctricas y exclusión: El conflicto social en los valles del Norte de Santa Bárbara”, que realizó el Centro de Estudio para la Democracia (Cespad) con el auspicio del Fondo ACI-ERP, las y los líderes de las comunidades de Macuelizo, decidieron organizarse y debatir públicamente el hecho de que empresas como la Energía Renovable S.A. de C.V. (GERSA), que dirige la ejecución del proyecto Chamelecón 280, recibirá un aproximado de 163 millones de lempiras como ganancias anuales.
Los manifestantes piden compartir los beneficios a través de la ejecución de obras sociales, como proyectos de agua potable, apertura y pavimentación de tramos carreteros, construcción de escuelas, generación de becas estudiantiles, proyectos de aguas negras y electrificación gratis para las aldeas y caseríos de la zona.
El estudio del Cespad evidencia además, una lógica de acumulación de riquezas que propician las leyes a favor de los empresarios, al exonerárseles de todo tipo de impuestos y de permitirles vender los kilovatios de energía generado por hora, a precios muy por encima del mercado.
De acuerdo con los datos arrojados por el estudio, las hidroeléctricas venden a sobreprecios que van desde 13 a 16 centavos de dólar el kilovatio hora, mientras que en países como Costa Rica, su valor ronda los 5 y 6 centavos de dólar.
Los dirigentes patronales se quejan de que en este proceso de instalación de las represas las comunidades han sido marginadas de los beneficios, violentando una de las finalidades de la Ley de Generación de Energía Eléctrica con Recursos Renovables que en su inciso cinco afirma que la Ley tiene como finalidad: “Elevar la calidad de vida de los moradores del área rural del país a través de la participación de los beneficios que conlleve los desarrollos energéticos”.
Lejos de eso, los dirigentes patronales aducen que lo que sus comunidades recibirán serán sólo los daños ambientales, derivados de la retención temporal del río y de otros efectos colaterales, pese a que la empresa prometió obras y beneficios sociales que fueron “echadas en saco roto”, sostuvo Óscar Mendoza, presidente del Patronato Regional de Occidente (PRO).
Según Mendoza, “los engaños, la desinformación y la manipulación de la participación comunitaria en las presuntas consultas comunitarias para la instalación de las represas es la principal característica de este proceso”. Por ello acusan tanto a la empresa, las autoridades municipales y a determinados dirigentes comunitarios que se prestaron al juego.
