Según informan medios locales, el letrado, Raúl Meza, presentó esta solicitud a través de una querella interpuesta ante el Séptimo Tribunal de Garantía de la capital, la primera que se presenta contra las autoridades del Ejecutivo de Bachelet (2006-2010).
Meza acusa a la actual directora ejecutiva de ONU Mujeres y a otros cuatro altos cargos de su Administración de «denegación de auxilio y abandono de destino» y advierte que se exponen a no poder ejercer un cargo público a perpetuidad.
Bachelet ya declaró el pasado 28 de diciembre en calidad de testigo en el marco de la investigación que la Fiscalía lleva a cabo por la fallida alerta del tsunami que se registró horas después del terremoto del 27 de febrero pasado, del que pronto se cumplirá un año.
La querella también está dirigida contra los ex ministros de Defensa Francisco Vidal y del Interior Edmundo Pérez Yoma, el entonces subsecretario de esa última cartera, Patricio Rosende, y la ex directora de la Oficina Nacional de Emergencias (Onemi) Carmen Fernández.
«Frente a esta figura penal, que sólo es aplicable a un funcionario público, entendemos que la expresidenta tomó decisiones de carácter técnico que no estaba facultada legalmente para tomar», declaró Raúl Meza, que cuenta con el patrocinio de la fundación conservadora Simón Yévenes.
El abogado solicitó, además, que la justicia militar investigue a miembros del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) que esa noche estaban de servicio y emitieron tardíamente la alerta de maremoto.
Según un informe del Ministerio Público difundido el pasado 26 de enero, el tsunami dejó 156 personas muertas y 25 desaparecidas, mientras que en total la catástrofe causó 523 fallecidos y 800.000 damnificados.
El año pasado se dio a conocer un vídeo que grabó la Onemi, dependiente del Ministerio del Interior, en el que se revela la descoordinación que se registró ese día entre las autoridades, incluida la propia Bachelet, y los mandos militares.
En tanto, la Cámara de Diputados chilena aprobó en septiembre un informe elaborado por la Comisión Investigadora del Terremoto que responsabilizó a la expresidenta por no decretar con antelación el estado de excepción tras el violento sismo.
