Guatemala – La Fiscalía de Guatemala pedirá hoy a un juzgado que dicte arraigo (prohibición de salir del país) contra la magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Blanca Stalling, quien está acusada de tráfico de influencias.
La jefa del Ministerio Público (MP-Fiscalía), Thelma Aldana, indicó este viernes a la prensa que se solicitará esta medida precautoria a lo largo del día contra la magistrada, que tiene en su contra una solicitud de antejuicio.
Por su parte, la Corte de Constitucionalidad informó de que Stalling presentó un amparo contra el Supremo por haber dado trámite a la solicitud para retirarle la inmunidad y presentó una recusación contra dos magistrados del ente de justicia.
La Corte Suprema de Justicia admitió para su trámite ayer, jueves, la petición de antejuicio, por lo que ahora se enviará el expediente al Congreso para que éste integre una comisión pesquisidora al azar que debe determinar si hay indicios o no para retirarle la inmunidad.
La petición fue interpuesta por la Fiscalía después de que el juez del Tribunal Noveno de Sentencia, Carlos Ruano -quien abandonó el país por seguridad-, denunciara a Stalling por presiones, pues la magistrada, supuestamente, le pidió que intercediese a favor de su hijo Otto Molina Stalling, en prisión preventiva por un caso de corrupción en el Seguro Social.
Ruano, que grabó una conversación con la magistrada que presentó como prueba a la Fiscalía, aseguró que Stalling lo presionó para conocer el caso IGSS-Pisa, en el que está implicado el hijo de la magistrada, acusado de asociación ilícita y cobro ilegal de comisiones.
La Fiscalía y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), tomando como base la grabación, pidieron retirarle la inmunidad a la magistrada para que pueda ser investigada por un presunto delito de tráfico de influencias.
Stalling negó haber influido en el juez que lleva el caso de su hijo, acusado de ser uno de los operadores del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) que habría recibido comisiones ilegales para otorgar contratos a una farmacéutica.
La magistrada argumentó que fue el propio juez el que se puso en contacto con ella para tener una reunión e indicó que en ese encuentro Ruano le dijo que quería dejar el caso, algo que Stalling le pidió que no hiciera por «responsabilidad».
Unas 28 organizaciones de la sociedad civil, además del Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala, Jorge De León Duque, ya pidieron la dimisión de la magistrada, quien aseguró que no iba a renunciar porque es inocente.
Cuando el expediente de Stalling llegue al Congreso, el pleno elegirá, mediante una tómbola, el nombre de cinco diputados que integrarán una comisión que debe recomendar o no el retiro de la inmunidad, para que luego la decisión final sea votada en una sesión plenaria.
