Durante casi ocho años, las instituciones de nuestro país han vivido una verdadera pesadilla. Don Juan Orlando ha demostrado un absoluto desdeño por el estado de derecho. Hemos llegado a un punto tal que nuestra nación es vista como un estado fallido, un narco estado sumido en la corrupción. No somos un “estado de derecho”, tampoco un “estado de hecho”, sino que más bien un “estado deshecho”. A doscientos años de nuestra independencia, ese “estado deshecho” será el legado de don Juan Orlando. Por si hubiera duda alguna, veamos lo que recientemente sucedió en el proceso de revisión del nivel de la tarifa eléctrica y llegue usted a sus propias conclusiones en cuanto al respeto que don Juan Orlando muestra por nuestras instituciones.
La CREE, acatando lo establecido en la Ley General de la Industria Eléctrica, LGIE, debe revisar trimestralmente el nivel tarifario aplicable a los consumidores del servicio que presta la ENEE. El proceso comienza con el cálculo de los costos base de generación por parte del Operador del Sistema, ODS, un ente independiente, sin fines de lucro, y con conocimiento y experiencia en el tema. La CREE revisa dicho cálculo, así como los ajustes periódicos que haga el ODS, a fin de asegurar que cumple con lo que dispone la LGIE, para luego calcular las nuevas tarifas máximas a los consumidores. Los costos son en parte función de la participación porcentual de la generación térmica en el total producido, lo cual a la vez depende de la precipitación pluvial, de la irradiación solar, del viento y la zafra registrados en el trimestre. Además, el costo varía con el precio de los combustibles empleados en la generación. Con base en los costos base de generación establecidos por el ODS, la CREE calcula las nuevas tarifas, las cuales pueden bajar, subir o permanecer inalteradas. La CREE ha hecho esto varias veces ya, sin problema alguno, y el 30 de junio anunció que su último cálculo revelaba que a partir del 1 de julio las tarifas en promedio deberían subir un diez por ciento. Inmediatamente don Juan Orlando decidió “proteger” a los consumidores, exigiendo que la CREE diera marcha atrás con la resolución autorizando el alza del 10%, lo cual por supuesto fue recibido con beneplácito por muchos. Lamentablemente, muy pocos periodistas se preguntaron si don Juan Orlando tiene la autoridad para contravenir una resolución que la CREE promulgue con apego a la ley, y la realidad es que carece absoluta y totalmente de tal autoridad. Por supuesto que para don Juan Orlando esa “sutileza” es irrelevante. De hecho, en el sector eléctrico ha atropellado la ley reiteradamente, comenzando con haber demorado la publicación de la LGIE varios meses después de aprobada por el Congreso, violentando la Constitución que le concede un plazo de diez días para que publique o vete lo aprobado por el Congreso. Igualmente violentó la ley al nombrar comisionados a personas que no figuraron en las listas que le fueron presentadas por la Junta Nominadora. Reiteradamente nos ha demostrado que actuará conforme a ley cuando eso le convenga. Cuando no le convenga, hará lo que le plazca.
Por otro lado, acusa a los Comisionados de la CREE de “carecer de creatividad” y simplemente recurrir al “camino fácil” de ajustar tarifas. Pero, ¿qué decir de la “creatividad” que ha desplegado don Juan Orlando al recetarnos aumentos semanales en los precios de los hidrocarburos? ¿No es ese un caso similar? Si don Juan Orlando puede ajustar los precios de los combustibles semanalmente para reflejar los cambios que se dan en el mercado, ¿por qué no puede la CREE hacer lo mismo trimestralmente? La lógica diría que si algo es correcto y “creativo” en un caso, debiera igualmente serlo en el otro.
La excusa para el histriónico comportamiento de Juan Orlando es que el momento no es propicio para golpear los bolsillos de los consumidores, a pesar de que él les ha venido golpeando semanalmente con el ajuste de los precios de los carburantes. Además, don Juan Orlando convenientemente ignora que la CREE aprueba tarifas máximas que la ENEE puede o no aplicar. Es decir que el procedimiento lógico en estos casos es dejar que la CREE cumpla con su función con estricto apego a la ley y que luego el Ejecutivo decida si la ENEE aplicará todo, o parte, del ajuste tarifario que le autoriza la CREE. Por supuesto que, para no afectar las finanzas de la ENEE, esto requeriría que SEFIN le traslade a la ENEE los fondos que dejará de percibir al no poder aplicar todo el ajuste. Este sería, repito, el procedimiento lógico, pero por supuesto que no permitiría que don Juan Orlando haga el papel de adalid.
Al final, la realidad es que la ENEE está financieramente postrada y que las medidas que don Juan Orlando toma, o promueve, además de violentar la ley y destruir las instituciones, solo agravan la situación. Ya lo he dicho en otras ocasiones, las dos Administraciones de don Juan Orlando han sido devastadoras para el sector eléctrico. Ninguna otra Administración ha causado tanto daño al sector. Recuerde usted que don Juan Orlando es responsable de la contratación de EEH, mediante un contrato que era a todas luces inconveniente para el país y que no ha producido, ni producirá, la reducción de las pérdidas eléctricas. El también es responsable de los precios exorbitantes que se pagaron por los proyectos fotovoltaicos que hoy golpean las tarifas. Lo peor es que en el caso de EEH es seguro que al final de su contrato nuestro país enfrentará una cuantiosa demanda internacional.
Don Juan Orlando ha insinuado que la CREE propuso el ajuste tarifario para que se pueda pagar a los generadores, sin, por supuesto, presentar prueba alguna para ello. Al hacer eso abre la puerta para que preguntemos ¿qué motivó a los funcionarios del gobierno a firmar el contrato con EEH y por qué otorgaron tarifas leoninas a los proyectos fotovoltaicos? Ciertamente no fue en aras del bien común.
Conociendo a don Juan Orlando, seguramente que continuará con sus ataques a la CREE disfrazado de salvador y protector de los pobres. El gran perdedor será nuestro país. Se nos verá como una nación donde el estado de derecho brilla por su ausencia, lo cual por supuesto ahuyentará la inversión en el sector y en el país, justo en el momento en el cual pretenden justificar las ZEDE como medio para atraer la inversión. No obstante, don Juan Orlando sabe que la discusión sobre las tarifas eléctricas hará pasar a segundo plano el tema de las ZEDE. Ese es el enfoque politiquero de estos asuntos. Por otro lado, este gobierno ha aparentemente abandonado la búsqueda de una solución al problema financiero de la ENEE, y si esta no cuenta con más recursos, es razonable suponer que su déficit financiero crecerá y afectará las finanzas nacionales. El problema no puede resolverse endeudando más el país. Urge buscar una solución al problema financiero de la ENEE, pero evidentemente eso no es prioritario. A todas luces se busca, irresponsablemente, pasarle el problema a la próxima Administración.
Es tristemente irónico pensar que llegaremos a los doscientos años de independencia en medio de una crispación y polarización extrema, con el posible fraccionamiento de nuestro territorio y con instituciones despedazadas. Tal será el legado de don Juan Orlando. Aún después de que finalice su Administración, seguiremos sufriendo las consecuencias de la pesadilla que hemos vivido por casi ocho años. Seguramente que le recordaremos cuando se nos pase la factura por la demanda internacional que enfrentaremos en el caso de EEH. Y entonces, ¿quién podrá protegernos?
