Tegucigalpa. – En la lucha contra la corrupción, Honduras estaría a punto de revolucionar su legislación si acepta la propuesta de la MACCIH de incorporar a la figura de Personas Políticamente Expuestas (PEP, por sus siglas en inglés), que promueve para combatir el blanqueo de capitales el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
El 16 de junio, la Misión de Apoyo de lucha contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) propuso, de cara al proceso electoral que se avecina en noviembre próximo, incorporar la PEP a la legislación en vista que los políticos son personas sensibles a actividades financieras.
“Todos los candidatos políticos, regidores, diputados, alcaldes, presidentes son personas políticamente expuestas según la GAFI y existe una alerta en todo el mundo que todos los políticos deben tener una revisión anual en el sistema financiero”, dijo el vocero de la Misión, Juan Jiménez Mayor al presentar la iniciativa.
La GAFI define como una PEP a los individuos que desempeñan o han desempeñado funciones públicas destacadas, por ejemplo, jefes de Estado, políticos de alta jerarquía, funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, altos ejecutivos de empresas estatales, funcionarios importantes de partidos políticos; es decir aquella persona a quien se le ha encomendado una función pública prominente.
Debido a su posición e influencia, se reconoce que muchas PEP están en posiciones que potencialmente pueden ser utilizadas indebidamente para la comisión de lavado de activos y los delitos relacionados, entre ellos la corrupción y el soborno, o actividades conducentes al financiamiento del terrorismo.
En este sentido, de cara al proceso electoral y en vista que la ley de la política limpia para rastrear el financiamiento de las campañas políticas contiene algunas limitaciones claves, la Misión ha propuesto que el país se acople a los estándares internacionales anticorrupción impulsando la figura del PEP en estas próximas elecciones.
Más allá de la Ley de Política Limpia
La MACCIH considera que para transparentar el financiamiento de las campañas políticas no basta con la ley de política limpia recientemente aprobada, es preciso en el seguimiento de la ruta del dinero, detectar el financiamiento ilícito por medio del lavado de dinero.
En este sentido, un actor clave en este proceso es la recién creada Unidad de Fiscalización de la Ley de la Política Limpia, cuyos comisionados son los responsables de investigar y rastrear el dinero que llega a las campañas políticos electorales, los partidos políticos y candidaturas independientes.
Ante las limitaciones que tiene la ley de la política limpia, la figura de la PEP permitirá complementar el trabajo de la Unidad y los comisionados en vista que pueden acudir al sistema financiero por medio de la Comisión Nacional de Banca y Seguros (CNBS) a pedir información que consideren de interés sin que ésta se las niegue, según las normas GAFI.
Otro mecanismo de transparencia
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), es una institución intergubernamental creada en 1989 por el Grupo de los Siete Países más ricos del Mundo, G-7, para promulgar un marco internacional de las normas de prevención del blanqueo de capitales. En aquel momento contaba con 16 países miembros y en la actualidad está formada por 34 naciones, 2 organizaciones regionales (Consejo de Cooperación de los Estados Árabes del Golfo (GCC) y la Comisión Europea), ocho miembros asociados y cuenta con 25 organizaciones internacionales como observadores, entre las que están el Fondo Monetario Internacional (FMI), la ONU y el Banco Mundial.
La iniciativa de incorporar la figura de la PEP en Honduras vendría a generar un cambio importantísimo en la legislación y en la lucha contra la corrupción y la impunidad pues permitirá rastrear el dinero ilícito.
Las Personas Expuestas Políticamente es una figura que se aplica en el país a nivel intermedio, más la propuesta de la MACCIH es que abarque a los más altos niveles, en especial a los que se desempeñan en el ámbito de lo político, pero también abarca a jueces, miembros superiores de tribunales, embajadores y cónsules, los oficiales de alto rango de las fuerzas armadas y de la policía.
Del mismo modo están “expuestos políticamente” los cónyuges o convivientes reconocidos legalmente; familiares en línea ascendente o descendiente hasta el primer grado de consanguinidad; y allegados cercanos (quienes están en posición de realizar operaciones por grandes sumas de dinero en nombre de la persona referida).
De esta forma, la propuesta ha sido lanzada, la clase política representada en el parlamento que definirá si es el tiempo o no de introducir esta figura y darle más fuerza para acompañar así los procesos que ha venido aprobando en cuanto a conformar una nueva arquitectura jurídica anticorrupción en el país.
