Sánchez, director ejecutivo de Pro-Acceso, refirió que, a pesar de reformas que impulsan la transparencia, el derecho a la información pública y la lucha contra la corrupción, el secretismo persiste «mucho» en Latinoamérica.
Aunque hay leyes de acceso a la información, muchos gobiernos insisten en ocultar datos y «pueden tardar años» en responder, en especial las solicitudes sobre casos de corrupción y asuntos sensibles como la seguridad nacional, apuntó.
Sánchez calificó de «relativa» la credibilidad de la información sobre transparencia que las instituciones públicas divulgan en sus páginas de internet.
Precisar el salario de un alto cargo o publicar ciertos documentos sobre un asunto sensible «no es garantía de que esa es información completa», señaló.
En Chile, refirió, la ley obliga a que los funcionarios publiquen todos sus ingresos, incluso si provienen del sector privado.
La coordinadora general de la asociación civil Libertad de Información-México (Limac), Perla Gómez, remarcó que el derecho de acceso a la información es «decisivo para consolidar una democracia participativa» y «favorece la rendición de cuentas del gobierno».
Empero, Gómez matizó que las libertades de expresión e información «no son derechos absolutos», e insistió en que el periodista mantenga normas éticas y respete el honor, la vida privada y la imagen de las demás personas.
Profesionales, catedráticos y estudiantes de periodismo, así como abogados, asistieron al encuentro, auspiciado por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) de Honduras, la fundación Trust de Estados Unidos y otros organismos locales e internacionales.
