Tegucigalpa, Honduras. Honduras está en peligro de convertirse en un país con leyes para cuatro años de vigencia, en donde la institucionalidad y Estado de derecho dure lo que el gobierno de turno decida; haciendo y deshaciendo con lo aprobado (o impuesto) por gobiernos o legislaturas anteriores y blindando su accionar para burlar la ley.
En 2019, el Congreso Nacional aprobó el decreto 117-2019, contentivo de una reforma a la Ley Orgánica de ese Poder del Estado, que blinda a las y los diputados de responsabilidad civil, penal o administrativa por acciones o conductas derivadas de sus funciones como legisladores.
En 2022, el Legislativo también aprobó el decreto 04-2022, que incluye el perdón de delitos que -en la mayoría de los casos- no son catalogados como políticos, sino contra la administración pública o delito comunes.
El país ha seguido su rumbo con una serie amnistías, pactos de impunidad e interpretaciones antojadizas bajo la ideología predominante, dándole vida a decretos permisivos para pasar de ser personas de interés, denunciadas o con sentencia firme a quedar libres bajo la sombra de delitos políticos.
Pero no solo se trata de la condonación de culpas sociales, morales y legales, sino de recurrir a discursos y retóricas que confunden la aplicación de la justicia con la persecución política, pretendiendo victimizarse ante la opinión pública y publicada.
Tenemos leyes de ficción, leyes fachadas que buscan exculpar mientras la sensación en la sociedad es que entre «grandes» se entienden, sin distinguir si la persecución es a corruptos y delincuentes o a las y los políticos, condenándonos a un Estado de incertidumbre.
¿Quién nos asegura que, dentro de dos años, si cambiamos de autoridades, no se crearán otras amnistías personalizadas? Quedaremos atrapados en una espiral en donde las acciones del gobierno pasado, presente y futuro carecerán de nulidad.
Y así seguiremos, como sociedad, cayendo en un círculo vicioso de manipulación e interpretaciones de las leyes para ir formando un país de cuatro años, con el Estado reposando entre los intereses del gobierno vigente y un riesgo país latente que ahuyenta la inversión y el capital extranjero, porque hasta el derecho adquirido queda relegado.
Es persecución política si no existen fundamentos, sin embargo, eso no aplica cuando hay indicios y suficiente sustento probatorio sobre casos sonados desde hace años, pero que -favoreciendo a algunos- habían estado bajo llave.
¿Cuánto polvo hay en esos archivos del Ministerio Público? ¿De qué otros casos de bochornosa corrupción nos enteraremos en los próximos días?
Se debe garantizar el imperio de la ley, porque los políticos son transitorios, pero el Estado de derecho debe permanecer, independientemente de si somos gobernados por mentes liliputienses.
Solo así frenaremos el éxodo de políticos y exfuncionarios clandestinos abarrotando los puntos fronterizos de Las Manos y Trojes porque ven a Nicaragua como destino paradisiaco para quienes estén o teman ser acusados por corrupción. ¡Claro! Porque el plan inicial era quedarse en Honduras y para eso crearon las ZEDE (Zonas de Empleo y Desarrollo Económico), pero fue un plan fallido para el fin principal que buscaban sus promotores como una forma de evadir la justicia, por más tardía que esta sea.
