San Salvador – El Parlamento de El Salvador excluyó a los medios de comunicación y empresas de publicidad de los «sujetos obligados» a reportar sus operaciones financieras en cumplimiento de la Ley contra el Lavado de Dinero y de Activos, informó hoy una fuente legislativa.
La Asamblea Legislativa, de 84 escaños, aprobó anoche, con el voto favorable de 50 diputados, una enmienda al paquete de reformas de dicha legislación que fue aprobado el 16 de julio pasado, según un comunicado del Parlamento.
La nueva reforma se contrae a excluir a los medios de comunicación y empresas de publicidad del listado de «sujetos obligados» a reportar a las autoridades sus operaciones superiores a 10.000 dólares en efectivo y a 25.000 hechas por otras vías.
Entre otros argumentos, la modificación señala que la exclusión era necesaria, «con el fin de garantizar una verdadera y efectiva garantía constitucional al principio de libre expresión», subrayó el Parlamento en su comunicado.
La enmienda fue propuesta por el principal partido opositor, Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), y el minoritario Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), que con otros colectivos sumaron los 50 votos para su aprobación.
La bancada del gobernante Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), que en julio promovió la inclusión de los medios de comunicación en la ley contra el lavado, con el apoyo de GANA, este jueves rechazó la nueva enmienda.
Las reformas aprobadas en julio incluyen como sujetas de investigaciones por lavado a las «personas expuestas políticamente», como presidente y vicepresidente de la República, diputados, presidente, magistrados y jueces del Poder Judicial, los fiscales, magistrados electorales y de cuentas, y concejales municipales, entre otros.
Además, a sectores diversos como partidos políticos, organizaciones no gubernamentales, microfinancieras, casinos, emisoras de tarjetas de crédito y toda sociedad, empresa o entidad de cualquier tipo, nacional o extranjera, regulada por la Superintendencia del Sistema Financiero.
Mediante las enmiendas se busca adaptar la legislación local a las disposiciones del Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC), el organismo que califica a los países en el cumplimiento del combate contra el blanqueo de dinero.
Además, Estados Unidos condicionó a estas reformas (y a otras de la ley de asocios público-privados, aprobadas hace varios meses) la firma del programa Fomilenio II, aprobado en 2013 y que supone la donación de 277 millones de dólares para proyectos de desarrollo en El Salvador.
La nueva reforma se contrae a excluir a los medios de comunicación y empresas de publicidad del listado de «sujetos obligados» a reportar a las autoridades sus operaciones superiores a 10.000 dólares en efectivo y a 25.000 hechas por otras vías.
Entre otros argumentos, la modificación señala que la exclusión era necesaria, «con el fin de garantizar una verdadera y efectiva garantía constitucional al principio de libre expresión», subrayó el Parlamento en su comunicado.
La enmienda fue propuesta por el principal partido opositor, Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), y el minoritario Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), que con otros colectivos sumaron los 50 votos para su aprobación.
La bancada del gobernante Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), que en julio promovió la inclusión de los medios de comunicación en la ley contra el lavado, con el apoyo de GANA, este jueves rechazó la nueva enmienda.
Las reformas aprobadas en julio incluyen como sujetas de investigaciones por lavado a las «personas expuestas políticamente», como presidente y vicepresidente de la República, diputados, presidente, magistrados y jueces del Poder Judicial, los fiscales, magistrados electorales y de cuentas, y concejales municipales, entre otros.
Además, a sectores diversos como partidos políticos, organizaciones no gubernamentales, microfinancieras, casinos, emisoras de tarjetas de crédito y toda sociedad, empresa o entidad de cualquier tipo, nacional o extranjera, regulada por la Superintendencia del Sistema Financiero.
Mediante las enmiendas se busca adaptar la legislación local a las disposiciones del Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC), el organismo que califica a los países en el cumplimiento del combate contra el blanqueo de dinero.
Además, Estados Unidos condicionó a estas reformas (y a otras de la ley de asocios público-privados, aprobadas hace varios meses) la firma del programa Fomilenio II, aprobado en 2013 y que supone la donación de 277 millones de dólares para proyectos de desarrollo en El Salvador.
