Parlamento de Nicaragua discutirá reformas que darían más poderes a Ortega

Managua – La junta directiva del Parlamento de Nicaragua prevé citar al plenario a discutir unas reformas a la Constitución que, entre otros asuntos, devolverían al Ejecutivo que preside Daniel Ortega poderes que tenía el dictador Anastasio Somosa Debayle, señaló hoy un dirigente opositor.
 

«Están citando de emergencia a una reunión de Junta Directiva para este lunes, a fin de citar al plenario el miércoles y ese mismo día vaya a discusión una Comisión Especial», dijo a Efe el subjefe de la opositora Bancada Democrática Nicaragüense (BDN), Alberto Lacayo.

Las propuestas de reformas fueron introducidas ante la Asamblea Nacional (Parlamento) nicaragüense por el partido gobernante, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), que tiene amplia mayoría en el Legislativo.

El jefe de la bancada del FSLN en la Asamblea, Edwin Castro, dijo el pasado 1 de octubre las reformas se centrarán en cuatro temas: geografía nacional, diálogo tripartito del Gobierno con los empresarios y sindicalistas, adopción de la declaración del bien común y porcentaje de mujeres en candidaturas a cargos de elección popular.

Entre otras propuestas está que el presidente de la República pueda ser electo con la mayoría relativa de votos, dicte decretos ejecutivos con fuerza de ley y nombre a militares en servicio activo para ocupar cargos en instituciones del Estado.

«Las propuestas de reforma traen todo lo contrario a lo que se luchó para derrocar a (el presidente Anastasio) Somoza, se luchó para no tener una familia dinástica y corrupta en el poder, para que no fuéramos gobernados por militares, para tener libertades públicas, para que no hubiera un presidente permanente», se quejó Lacayo.

Por su parte, el disidente sandinista y analista político Edmundo Jarquín comentó en su blog semanal que la propuesta está diseñada «para que la Constitución Política de Nicaragua se ajuste a la voluntad y antojo partidario de los actuales gobernantes».

Los opositores critican que la nueva Constitución acepte que funcionarios con cargos vencidos permanezcan en sus puestos mientras la Asamblea Nacional no elija a sus sustitutos, tal como ocurre de hecho con el Gobierno de Ortega.

Asimismo, consideran que es negativo que la Ley de Justicia Constitucional sustituya la Ley de Amparo, se establezca como constitucional la jurisdicción de lo contencioso administrativo, se aumente el período de gobiernos municipales de cuatro a cinco años, se institucionalice el concepto de «democracia directa» y que los diputados no puedan cambiar de bancada.

Para la oposición, la Constitución actual de Nicaragua no necesita ser reformada.

«Nuestro problema no es de normas constitucionales de ley, sino que se respeten», opinó Jarquín.

Lacayo, por su parte, ve con preocupación que Ortega y su familia quieran mantenerse en el poder.

«Estamos peor, porque con Somoza sólo teníamos un Chigüín (Anastasio Somoza hijo, de la tercera generación de la dinastía de 40 años), pero esta familia es más numerosa, son nueve chigüines (hijos de Ortega)», criticó Lacayo.

Tras pasar el período de consultas de la Comisión Especial, en noviembre, las reformas constitucionales entrarían en vigencia en diciembre próximo, estimó el representante de la BDN.

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