Tegucigalpa – La Sala I del Tribunal de Sentencia programó del 8 al 11 de mayo de 2023 el juicio oral para el excapitán de las Fuerzas Armadas, Santos Orellana, por el delito de lavado de activos.
También son imputadas la esposa de Orellana, Jennifer Lizeth Bonilla, y la suegra Reina Lizeth Bonilla, ambas acusadas por lavado de activos.
“Debido a la gran carga de casos que ya tienen agendado para el 2022, ha tenido que sufrir una reprogramación”, dijo el vocero del Poder Judicial, Carlos Silva.
De acuerdo a las investigaciones, un testigo protegido originario del sector de Brus Laguna, Gracias a Dios, manifestó que el exoficial realizaba operativos en la zona y al encontrar dinero o droga no la declaró en su totalidad.
Orellana se quedaba con parte de lo incautado y las armas decomisadas eran llevadas a un grupo delictivo de La Ceiba denominado “Zipe”.
El excapitán también habría participado en decomisos de vehículos donde se transportaban millonarias cantidades de dólares.
También es señalado por estar involucrado en la muerte de un informante de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).
Asimismo, Orellana en escuchas telefónicas negociaba la entrega de droga luego que esta era robada a otras organizaciones criminales en el sector de La Mosquitia. Todo este dinero consecutivamente era enviado a su esposa y suegra.
Según el análisis financiero se señala que durante su estancia en la FFAA recibió en concepto de ingresos brutos más de dos millones y medio de lempiras y 813 mil 918 lempiras en salarios netos.
Sin embargo, su esposa y suegra tuvieron, de acuerdo a los análisis bancarios y las fuentes de ingresos en el periodo comprendido entre los años 2010 a 2020, más de 238 millones de lempiras no justificados. AG
