Guatemala.- Pandilleros amotinados amenazaron hoy con quemar a 4 monitores que mantienen secuestrados en un correccional de Guatemala, donde ya mataron a 2, y las autoridades intentan negociar frente a sus exigencias, entre ellas el traslado a ese mismo recinto de unos 200 mareros recluidos en otro centro.
La crisis comenzó el domingo en el centro Etapa II, cuando un grupo de 26 «inconformes», según datos de la Policía Nacional Civil (PNC), retuvo a 7 monitores, de los cuales 2 fueron asesinados a golpes y otro fue liberado gravemente herido por arma blanca y se recupera en un hospital.
«Vamos a matar a todos (…) Y a los que vengan también», gritó este lunes uno de los pandilleros de la Barrio 18, una de las bandas más peligrosas del país, si el Gobierno no cede a sus peticiones, entre ellas el traslado de sus compañeros recluidos en Las Gaviotas, otro centro de privación de menores ubicado en la zona 13 de la capital.
Las cuatro personas que permanecen retenidas en el interior del Etapa II se encuentran bien hasta el momento, según contó uno de ellos, Aroldo Muñoz, a través de una ventana enrejada y con las manos esposadas.
«Estamos suplicando y el Gobierno no quiere hacer nada (…). Dicen que están en procedimiento pero no ponen atención a nuestras vidas. (…) Estamos entre la vida y la muerte», aseveró.
Por la misma ventana apareció minutos después uno de los jóvenes captores, que no se identificó, y pidió que «traigan a los demás compañeros, que allí donde están corren peligro», y advirtió que por ahora están hablando de «buena manera» y que aún así las autoridades «no quieren colaborar».
Preguntado por qué motivo mataron a dos de los monitores, «el zagal», que denunció maltratos por parte de los custodios y también de las autoridades del centro, dijo que ambos «se lo tenían ganado».
«Ellos eran unos de los que nos pegaban, nos maltrataban (…). No nos daban nuestra comida y nos trataban como si fuéramos animales, viejo», aseveró.
Narró además que desde el domingo en la mañana no les dan comida y les cortaron el agua y la luz.
«Mucho maltrato por parte de la Secretaría» de Bienestar Social de la Presidencia, la responsable de la corrección. «Ustedes (a los periodistas) piensan que estamos contando muchas mentiras», proclamó enfático con la mano en alto y el dedo índice apuntando al frente.
Los amotinados también piden que se autorice la visita de sus novias, el ingreso de cualquier comida, estufas para cocinar, que los monitores no entren a sus áreas y que no los desnuden para cachearlos, ni a ellos ni a sus familias cuando acuden a visitarlos.
Para enfrentar la crisis el Gobierno de Guatemala instauró este lunes una mesa interinstitucional en la que participan la PNC, la Procuraduría General de la Nación, el Ministerio de Gobernación (Interior) y la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia.
El diálogo continúa con los internos pero, por el momento, no hay resultados. Mientras, centenares de agentes, antimotines, bomberos y socorristas se agolpan en el exterior del centro Etapa II, ubicado en el municipio capitalino de San José Pinula.
Este lunes un grupo de 160 «paisas» o jóvenes sin pandilla, pretendieron escapar pero fueron controlados por los agentes, y se mantenían tranquilos pasado el mediodía.
Un informe de la Procuraduría de Derechos Humanos de octubre de 2016 sobre los cuatro centros de reclusión para menores del país, incluido el Etapa II, evidenciaba carencias como el hacinamiento, la falta de infraestructura o la poca higiene.
Según ese informe en el Etapa II tiene capacidad para 160 personas pero había 201 internos, y había 23 monitores aunque cuando eran necesarios llegaban 40.
De las 30 cámaras de vigilancia solo funcionaban 13 y apenas había un sanitario por sector, pues en otros casos el baño eran «agujeros de tierra» donde los jóvenes tenían que defecar, orinar y bañarse.
Debido a esta situación, muchos de los internos, entre los que hay jóvenes de 13 años hasta más de 18 todos mezclados, «adoptaron lavamanos para defecar y bañarse», advertía en ese momento el escrito, en el que se recomendaba separar «a la brevedad» a los menores de los adultos, indicó el informe.
La crisis en el Etapa II estalló días después de la tragedia en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, otros centro estatal donde un incendio el pasado 8 de marzo mató a 40 niñas y adolescentes que, supuestamente, eran víctimas de abusos sexuales y físicos.
