Padres de familia y gobierno acuerdan defender derecho a clases de los más pobres

Tegucigalpa – Para defender el año lectivo, en la educación pública, la Asociación de Padres de Familia “Volvamos a Clases” y el presidente Porfirio Lobo Sosa, determinaron este sábado que protegerán el derecho de los niños y jóvenes a recibir clases, ante los constantes paros decretados por la dirigencia magisterial.
 

Unos 40 mil docentes del sistema público hondureño mantienen un paro desde hace varias semanas y exigen que el gobierno pague de inmediato y en efectivo una deuda que mantiene al borde de la quiebra a su instituto de previsión social, IMPREMA, y que fue contraída durante la administración del ex presidente Manuel Zelaya.

La presidenta de la Asociación de Padres de Familia “Volvamos a Clases”, Mercedes Sarabia, en conferencia de prensa, manifestó que el Presidente Lobo Sosa, está con toda la disposición de apoyar las medidas que tomará esa organización de apersonarse a los centros educativos a partir del próximo lunes, para que no se cierre ninguna escuela y colegio a nivel público.

Sarabia hizo un llamado a las fuerzas vivas, presidentes de patronatos y líderes de las colonias, para que se sumen a la tarea de velar que no se cierre ningún centro escolar.

Asimismo, expresó que el gobernante les garantizó que contarán con el apoyo de la Policía Nacional, para que no exista temor de los maestros que acuden a impartir sus asignaturas quienes son amenazados por líderes magisteriales que procuran mantener en anarquía el sistema educativo, sostuvo.

Por otra parte, Sarabia expresó que “el Gobierno está cumpliendo con las exigencias de los docentes, además del compromiso de hacer efectivo los pagos que se le adeudan al Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (INPREMA), no entendemos por qué los maestros siguen en las calles perjudicando a la niñez y juventud de todo el país”, agregó.

En otro tema, los padres de familia se han mostrado contentos con el mandatario Lobo Sosa, ante la petición de que los alcaldes y gobernadores supervisen los diferentes centros educativos, para constatar que los maestros asistan a impartir clase, de lo contrario deben contratar a maestros sustitutos en procura de que los miles de niños y jóvenes reciban los 200 días de clases.

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